En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 300 kilómetros cuadrados de áreas residenciales encerradas por muros, barreras y vigilancia las 24 horas. Son 871 barrios privados, habitados en su enorme mayoría por empresarios poderosos, figuras del espectáculo y de la política, dueños de medios periodisticos, entre otros, que ocupan una superficie superior a la de la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales un 25 por ciento figuran como tierras rurales o baldíos, un mecanismo que les permite esquivar sus obligaciones tributarias.

De acuerdo a los datos relevados por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), del total de urbanizaciones cerradas, existen 568 que se encuentran registradas formalmente, 73 que pagan impuestos como tierra en desarrollo y 230 que no está registradas ni tributan según sus características. Esta realidad cobra relevancia al tratarse de viviendas destinadas a los sectores más acomodados de la sociedad, en un contexto de profundas dificultades en el acceso a la tierra y el consecuente déficit habitacional.

En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 300 kilómetros cuadrados de áreas residenciales encerradas por muros, barreras y vigilancia las 24 horas. Son 871 barrios privados, que ocupan una superficie superior a la de la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales un 25 por ciento figuran como tierras rurales o baldíos, un mecanismo que les permite esquivar sus obligaciones tributarias.

De acuerdo a los datos relevados por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), del total de urbanizaciones cerradas, existen 568 que se encuentran registradas formalmente, 73 que pagan impuestos como tierra en desarrollo y 230 que no está registradas ni tributan según sus características. Esta realidad cobra relevancia al tratarse de viviendas destinadas a los sectores más acomodados de la sociedad, en un contexto de profundas dificultades en el acceso a la tierra y el consecuente déficit habitacional. 

Sin embargo, la problemática es mayor. Los controles presenciales e imágenes satelitales permiten comprobar el alto grado de subdeclaración fiscal de la tierra en barrios que ya están regularizados. «Detectamos 400 mil metros cuadrados sin declarar. Además, estamos en una etapa de prefiscalización de otros 2 millones de metros cuadrados, que representarían 200 millones de pesos anuales más de recaudación que estamos perdiendo, en este caso, por evasión», detalló Girard.

Más allá de la erosión en las arcas estatales, existe una tendencia histórica vinculada al desarrollo de las urbanizaciones cerradas que exige discutir la función social de la tierra como política de Estado. En los últimos 15 años, la mitad del nuevo suelo urbano generado en la Provincia se volcó a este tipo de negocio inmobiliario sin considerar sus consecuencias socio-ambientales.

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