Miryam libre
Este mediodía, Miryam Bogado fue notificada por el juez Carlos Giménez, del juzgado 7 de Posadas, que había sido excarcelada, para continuar en libertad el proceso que se le sigue por homicidio agravado por el vínculo de su beba Estefanía.
La adolescente, de 19 años, había sido detenida el 2 de febrero sin pruebas que la incriminaran directamente y notificada de los cargos que se le imputaban sin la presencia de un intérprete bilingüe versado en leyes. Al morir, la beba pesaba 100 gramos menos que al nacer, después de 4 meses durante los que el sistema de salud de Misiones no resolvió ninguna de las necesidades de supervivencia de la beba, en pocas palabras, la abandonó en brazos de dos adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, para luego responsabilizarla por el abandono.
Sonriente, acompañada por su abogada Roxana Rivas y por el grupo de militantes de la Mesa por la Absolución de Miryam Bogado, la joven se retiró del juzgado. Poco después fue trasladada por Rivas al pueblo de su familia, la comunidad mbya Kokuere í, internada en la selva misionera del departamento de San Ignacio.
MB es madre de un niño de 4 años y en septiembre había dado a luz a Estefanía, que nació en forma prematura y durante un parto atendido en el hospital de San Ignacio, con dificultades, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio, y el traslado de emergencia en una ambulancia hasta Posadas, donde, según la historia clínica entró «sin vida». Lograron resucitarla pero quedó con graves secuelas neurológicas y la total ausencia del reflejo de succión lo que obligó a que permaneciera internada durante un mes y medio y a alimentarla por sonda. Luego de ese tiempo, el sistema de salud consideró que los padres podrían arreglarse por sí solos (supuestamente les habían enseñado a colocar la sonda para alimentarla), y los despachó a la comunidad, es decir, a la selva. Como dato, la beba, al morir, con 4 meses, pesaba 760 gramos menos que cuando le dieron el alta y 100 gramos menos que al nacer.
La comunidad Kuokuere í está ubicada muy cerca del Paraná, dentro de lo que es el departamento de San Ignacio. Se encuentra en territorios que pertenecen a una empresa, como la mayor parte de las comunidades guaraníes en Misiones. «Está hace más de 40 años en esas tierras -confió a este diario uno de los auxiliares indígenas que trabajan en las comunidades como nexo con el estado provincial-, pero no cuenta con el título de propiedad».
