REPRESION

«Morales me tiene un odio visceral»

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cumple este jueves cuatro años detenida y subrayó que «volvería a hacer» lo que hizo porque «hay que cubrir la necesidad del otro», aunque aclaró que su «objetivo nunca fue competir con el Estado».

«Volvería a hacer lo que hice porque estoy convencida de que hay que cubrir la necesidad del otro. La gente está esperando que los dirigentes le resuelvan los problemas. Lamentablemente, hay muchos dirigentes que no le resuelven el problema al otro, pero sí el propio. Lo que más extraño, ahora que estoy encerrada en mi casa, y lo que más extrañaba en la cárcel es la militancia», sostuvo la dirigente social.

Mientras tanto, en el Obelisco, miembros de su agrupación realizaban un acampe para reclamar su liberación junto con la de otros «presos políticos». En una entrevista con Página 12, Sala remarcó que el objetivo de su organización «nunca fue competir con el Estado» y aclaró que hacían «todo en función de las necesidades: casas, piletas, escuelas, fábricas de ladrillos».

A cuatro años de su detención, primero en el Penal de Alto Comedero y desde 2018 en su casa del barrio capitalino de Cuyaya, Sala cuestionó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y aseguró que vive «un hostigamiento permanente» de parte del mandatario radical.

«No siento que esto sea una competencia política. Es un odio visceral que siente hacia mi persona. Un odio que no entiendo: él actúa como si yo le hubiese sacado algo de él. Y yo nunca le saqué nada. Ni siquiera protagonismo. El que me hizo viral con lo que me hizo fue él. Y no tiene límites», subrayó.

Consultada respecto a la posibilidad de recuperar la libertad, la líder de la Tupac Amaru remarcó que tiene «mucha» esperanza y agregó: «Me gustaría que se termine la agonía, la de mis compañeros también. Somos rehenes de la política opositora».

Por otra parte, lamentó «haberle dedicado tanto tiempo a la organización y poco a la familia» y concluyó: «Lo peor de estos cuatro años es que me trataron como un objeto. Y saber que pasan cosas afuera que no podés solucionar desde adentro. Los que te quieren no quieren que te enteres, pero te enterás igual».

El peor de todos los tiempos

En menos de 48 horas concluye el peor gobierno democrático de la historia moderna en este país. Los intentos postreros de construir un relato que haga más ligero el juicio de la historia chocan de frente con la realidad. No importa con qué vara se lo mida, Mauricio Macri dejará el país con más pobres y más hambre, con menos empleo y de peor calidad, con la salud en crisis, la educación abandonada y el desarrollo científico y tecnológico relegado de cualquier lista de prioridades. La institucionalidad, tan cara a la mitología republicana, sufrió durante los últimos cuatro años dobleces y contorsiones inéditas. El asedio a adversarios políticos y empresarios díscolos terminó con muchos de ellos en la cárcel; la prensa crítica fue castigada con cierres de medios, despidos, listas negras y represión; la titular de la Oficina Anticorrupción termina envuelta en al menos media docena de investigaciones por corrupción; hubo ciudadanos presos por insultar a Macri; policías condecorados por matar por la espalda; jueces y fiscales desplazados a dedo para montar en el Poder Judicial una máquina de perseguir.

Haber llegado al final de su mandato es una cucarda por la que el Presidente debe agradecerle a la sociedad por la que tanto desprecio ha demostrado, y a una oposición que se comportó de forma madura y se preocupó más por ser una alternativa electoral exitosa que por aprovechar la debilidad de su rival. No está de más recordarlo: Macri estuvo match-point abajo muchas veces en el tramo final de su gobierno y el peronismo nunca dio el paso que faltaba para sacarlo de la cancha antes de tiempo. Hay pocas medallas más que pueda prenderse en el pecho. El saneamiento del INDEC es una que nadie discute, aunque medir la pobreza no es excusa para que aumente, argumento que sostienen de manera recurrente los panelistas del PRO en programas periodísticos. En materia de infraestructura, los avances reales no fueron sustancialmente distintos a los del período anterior. Un gobierno que se jacta de haber revolucionado la obra pública se despide sin dejar un solo mojón. Demasiado poco para la generación que creía haber venido a cambiar la historia. Menos mal.

Las cifras que dio a conocer la UCA en la última semana del mandato de Macri son aterradoras: según este observatorio, en septiembre un 40,8 por ciento de los argentinos no superaban la línea de la pobreza. El número será peor a fin de año, por el impacto en el bolsillo de la inflación de octubre, noviembre y diciembre. El mismo indicador, en diciembre de 2015, marcaba 29 por ciento. Otros métodos de medición muestran conclusiones similares: la proyección de los datos del Indec saneado ponen la pobreza en 27 puntos al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al igual que los índices ponderados de los institutos de estadística provinciales. Todavía no están los datos oficiales de cómo quedará al final del gobierno de Cambiemos, pero todos los especialistas descuentan que no será debajo del 40 por ciento. En cualquier caso estamos hablando de un aumento cercano al 50 por ciento. Por cada dos pobres que había en Argentina en 2015, ahora hay tres. El diagnóstico se agraba cuando se hace foco en los niños. Seis de cada diez, en la argentina de Macri, habitan en hogares donde no están satisfechas las necesidades básicas.

Cuando Macri asumió, todos los estudiantes secundarios en la escuela pública recibían una computadora. Hoy, ese programa ya no existe. El de Cambiemos fue el gobierno que menos escuelas construyó desde 1983. En la provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia, un mandato concluye con menos escuelas que las que había al comenzar. Desde hace más de un año, los argentinos no tenemos ministerio de salud. Desde hace veinte días ni siquiera tenemos una secretaría: tras la renuncia de Adolfo Rubinstein, su sillón quedó vacante. El Presidente no consideró necesario designar un reemplazo, aunque sí realizó nombramientos en el cuerpo diplomático. Prioridades. “Generar trabajo es la única forma genuina de salir de la pobreza”, había dicho. Durante su mandato, se duplicó el desempleo y se perdieron alrededor de ciento cuarenta mil puestos de trabajo genuino en la industria. “La inflación es algo simple de resolver”. Dejará al país con la peor marca desde la última hiper. “Quiero que me juzguen por si puedo o no reducir la pobreza”, propuso al comienzo de su mandato. Su fracaso fue completo.

Ante la imposibilidad de dar siquiera excusas respecto a la performance económica, la estrategia de Macri viró a plantear su legado como una cuestión de salto de calidad institucional. Con ayuda inestimable de algunos medios y comunicadores, instaló en un sector de la sociedad que su gobierno fue “más republicano” y “menos corrupto” que los anteriores. Tampoco hay evidencia de que esto haya sido así. Al contrario, Cambiemos a cruzado varias veces una línea que en 1983 la sociedad argentina había acordado no pisar. El lapidario informe de Naciones Unidas sobre la falta de independencia judicial alcanza para echar por tierra cualquier pretensión de institucionalidad ejemplar. Entre otras cosas, pide explicaciones por el hostigamiento a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, nombramientos arbitrarios, manipulación del Consejo de la Magistratura y el desplazamiento de fiscales en causas sensibles al gobierno. El abuso de las prisiones preventivas como herramienta de coacción de “arrepentidos” y para encarcelar a dirigentes opositores no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente en el país.

Tampoco hubo más libertad de expresión. Por el contrario, durante los últimos cuatro años se perdieron cuatro mil quinientos puestos de trabajo en la industria periodística. Representan un 30 por ciento de los puestos de trabajadores bajo convenio, según un informe de Sipreba sobre los cuatro años de macrismo. El hecho más oscuro fue la toma de Radio América y Tiempo Argentino en manos de una patota protegida por la Policía Federal. Las presiones y prisiones a dueños de medios críticos esconden tramas de extorsión y negocios sucios que recién están empezando a salir a la luz. Horacio Verbitsky, Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales, las voces más fuertes contra el gobierno, perdieron sus trabajos. Durante la cobertura de la represión social, la mira policial estuvo puesta en los trabajadores de prensa: desde 2016, 28 fueron detenidos y 55 resultaron heridos por balas de goma. La persecución no se limitó a los periodistas: hubo ciudadanos procesados en la justicia por insultar al Presidente en las redes sociales y una mujer fue detenida por hacerlo durante una de las recorridas de campaña. Su marido había perdido el empleo días antes.

Por último, el gobierno de Cambiemos se va envuelto en una serie de denuncias de corrupción que alcanzan a una buena parte del gabinete macrista, empezando por el propio Presidente. Hay por lo menos cuatro causas donde la evidencia lo complica: la compraventa presuntamente irregular de parques eólicos, la deuda de Correo Argentino, la adjudicación de beneficios indebidos a empresas de peajes vinculadas con su empresa familiar y la venta de dos centrales eléctricas. Otros funcionarios que deberán pasar por los tribunales son los exministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel; el ministro de Defensa, Oscar Aguad y el de Justicia, Germán Garavano. Si prospera la denuncia que sostiene que el acuerdo con el FMI fue ilegal, buena parte del gabinete económico deberá dar explicaciones. Sin embargo, el caso más emblemático fue el de la titular de la Oficia Anticorrupción, Laura Alonso, que termina envuelta en al menos media docena de investigaciones por no haber intervenido en denuncias contra sus compañeros de gabinete. A lo mejor, si hubiera sido abogada, como se exige para su cargo, se habría ahorrado algunos problemas.

Hijes de Yuta

Hacía dos semanas que Santiago Maldonado estaba desaparecido y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondía por ese crimen en el Senado. Cuando le preguntaron por el rol en la represión a la Pu Lof de Cushamen del comandante Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, la funcionaria respondió: «No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades, me la banco yo».

Mientras la investigación por la desaparición seguida de muerte del tatuador anarquista sigue sin un sólo imputado, sin juez y sin precisiones sobre lo que pasó el 1 de agosto de 2017, hoy las autoridades de Gendarmería realizaron un acto en el cual entregaron a Bullrich un sable en el cual grabaron aquella frase, que en aquel momento fue una provocación para la familia y los organismos de derechos humanos, que señalaban a esa fuerza como responsable en el crimen y en su encubrimiento.

La propia ministra misma subió el video en el que le hacen leer esas palabras, poco antes de fundirse en un abrazo con el jefe de los gendarmes.

Dolor sin olvido

El día Internacional del Detenido Desaparecido se instauró por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam). El proyecto de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue aprobada en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizada en Ginebra, Suiza, el 29 de junio de 2006.

Un asesino suelto en la Anses

Las personas que hayan estado el martes en la sede de la Unidad de Atención Integral de la Anses del centro porteño probablemente compartieron la fila de trámites con uno de los más sanguinarios represores de la última dictadura militar, sobre quien pesan dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Jorge “El Tigre”Acosta, quien decidía a quién mataban y a quién torturaban en la ESMA, salió de la cárcel de manera transitoria y pidió hace dos días un crédito en el Anses, gracias a un permiso otorgado por el Tribunal Oral y Federal Nº 5. Los empleados de la UDAI se negaron en un principio a atender a Acosta, que había entrado por las oficinas de Córdoba 1144 escoltado por dos agentes de la Policía Federal.

Acosta pudo acceder al préstamo porque cuenta con una jubilación mínima de 12.000 pesos desde septiembre de 2018, por los años trabajados en la Marina más la compra de aportes que hizo a través de una moratoria. El represor pudo salir de la cárcel por una autorización que expidió el juez Horacio Obligado. “Es un permiso que se le da a todos los imputados que están detenidos y tienen que hacer un trámite personal”, dijeron a este diario desde el tribunal, después de aclarar que Acosta “ya salió y entró” y antes de negarse a brindar más información.

Los organismos de derechos humanos condenaron la salida del represor. H.I.J.O.S., por su parte, denunció que es un acto más “de impunidad” y cuestionó que en este caso se contemple la figura de “permiso humanitario”, que permite las salidas de la cárcel. “Esto es una barrabasada, es algo que parece una broma de mal gusto, como las que hacía Acosta en los pasillos de Capuchita”, subrayó a Página/12 Camilo Juárez, hijo de Alicia Rosalía País y Enrique José Juárez, ambos detenidos desaparecidos.

Acosta, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma, fue condenado a perpetua por haber liderado el principal centro clandestino de la Marina, donde cometió al menos 82 delitos de lesa humanidad: secuestros, desapariciones y torturas. Además, fue condenado a 30 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y en 2017 se le impuso otra condena perpetua por los vuelos de la muerte. Tiene otra causa abierta en Esma 4, que lleva adelante el tribunal que lo habilitó a salir, el mismo que lo había condenado el año pasado. El genocida nunca habló ni aportó datos que pudieran ayudar a saber dónde están los 30 mil desaparecidos y a recuperar la identidad a los cientos de niños nacidos en cautiverio.

“El nunca dijo dónde están los casi 30 niños que nacieron en cautiverio en el Casino de Oficiales de la ESMA y que no recuperaron la identidad, nunca dijo qué paso con mi padre, quien falleció en el sótano. Nunca tuvo ni tendrá una mirada humanitaria, ¿entonces por qué razón se le dan estos privilegios que atentan contra la justicia y generan impunidad?”, se preguntó Juárez.

El repudio de los trabajadores de la ANSES

Los empleados de la ANSES, nucleados en ATE, emitieron un comunicado aclarando que no querían atender “a estos personajes nefastos en la historia de la República”. “No estamos dispuestos a tolerar que paseen libremente por nuestro organismo aquellos que han avasallado el Estado de Derecho, deteniendo, torturando y desapareciendo a compañeros”, enfatizaron al recordar a los 11 detenidos desaparecidos de las ex cajas previsionales y centro de datos, luego fusionadas en la Anses.

La justicia: enancada en un viento del Sur

Homicidio, instigación y encubrimiento: La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (“la Cámara” en adelante) cambió la carátula en la causa que investiga el homicidio de Rafael Nahuel: de “exceso en legítima defensa” a “homicidio calificado”. Ordenó encarcelar al autor material, el cabo primero de Prefectura Francisco Javier Pintos. Decretó la “falta de mérito” de otros Albatros que dispararon, lo que no equivale a absolución sino a la posibilidad (el deber) de seguir pesquisando sobre su responsabilidad.

La resolución firmada por los camaristas Mariano Lozano, Richar Gallego y Ricardo Barreiro consagra lo corroborado en su momento por testigos presenciales. Demuele la versión del enfrentamiento, de que la víctima fue el agresor, consabida coartada de quienes cometen violencia institucional, en dictadura o en democracia. Se culpó de lo mismo a Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba y centenares de etcéteras, a veces menos conocidos por tratarse de “delincuentes comunes” (se enfatizan las comillas, ojo).

Los mapuches no balearon a los prefectos. Solo estos atacaron de modo premeditado y alevoso con generosa dosis de munición de plomo. Las órdenes de disparar provinieron de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien luego desplegó una batalla de ocultamiento y presión a las autoridades judiciales.

Los prefectos arguyeron haber sido agredidos con disparos que habrían destrozado gruesas ramas de la arboleda cercana. Mintieron ellos, lo sustentó la vicepresidenta Gabriela Michetti, lo machacó Bullrich. Los camaristas atienden a los hechos: los árboles están indemnes.

Un arquetípico juez federal de primera instancia, Leónidas Moldes, hizo caso omiso a una pericia que no dio con huellas de pólvora en las manos del pibe Nahuel y de los compañeros que bajaron, entregándose a los uniformados en el noble y vano afán de salvarle la vida. Moldes ordenó otra, decidió confiar en la que inculpaba a la víctima…

La sentencia tuvo por comprobado que Pintos disparó el balazo mortal. Una pericia seria lo evidenciaba. Adivinen… el juez Moldes ordenó otra. A Gendarmería, la repartición conducida por Pato Bullrich, que reprimió en el operativo que terminó con la muerte violenta de Santiago Maldonado. La omertá entre cuerpos armados funcionó de rechupete hasta que la Cámara la hizo trizas.

Los magistrados se pronunciaron sobre la conducta del gobierno nacional. “El Ministerio de Seguridad asumió un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo hizo no con la mesura, distancia y respeto por el Poder Judicial y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta los tiempos judiciales ni las decisiones de los magistrados (…)”antes de que las pesquisas avancen como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publicaron declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando   –mediáticamente– que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”.  Como apuntó la colega Adriana Meyer en una recomendable nota publicada el jueves 16 en este diario: “Estas menciones aluden a los dichos de la ministra, cuando afirmó: ‘No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una orden judicial, le damos a la versión de Prefectura carácter de verdad’”.

La pretendida “verdad” avasalla la división de poderes mientras conculca las reglas del debido proceso. La Cámara pone en contexto el crimen: no es una excepción sino la regla. Con sus palabras, la de Rafael Nahuel “no es una causa más de las que engrosan la agenda de los Tribunales  (…) lo que subyace en ella, o mejor dicho lo que hace que eclosione un resultado tan ominoso para el estado de derecho como cruel y doloroso para la familia del fallecido, es la discutible concepción de la seguridad nacional que alienta episodios que se reiteran en el tiempo con frecuencia cada vez mayor, en espiral de violencia estatal que no puede ser obviada en esta sentencia, cadena fatídica en la que la muerte evitable de Nahuel Salvo es un eslabón más, acaso no el último”.

Mensaje para Macri, Bullrich y Chocobar: matar por la espalda es delito agravado, aunque ustedes proclamen y promuevan lo contrario.

Se resolvió conforme a derecho y a pruebas contundentes. ¿Por qué celebrar? Porque para sentenciar así hay que tener las togas bien puestas, resistir las presiones de los Ejecutivos nacional y provincial, afrontar la injuria y la vindicta mediática. Chapeau, señores jueces. Su decisión brilla como una gema en la ciénaga de la “justicia federal”.

– – –

Maldonado, el precedente: En el voto del camarista Barreiro se consigna, respecto de la mentira sobre el enfrentamiento: “el efecto directo fue agregar disvalor a lo obrado por la comunidad mapuche con lo que, de modo indirecto pero groseramente visible, se acrecentó el valor justificante del mayor poder represivo empleado. Veo en ello un aporte indisimulado a la creación del enemigo interno”. El macrismo promovió la demonización de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) descripta como un grupo terrorista financiado desde el exterior y armado hasta los dientes. Bajo ese manto goebbeliano se desplegó el operativo de Gendarmería que culminó con la muerte violenta y no investigada de Maldonado. Un juez federal sin agallas ni rigor, Gustavo Lleral, lodispuso a pesar de estar comprobados múltiples actos violentos de Gendarmería, incluso disparos a discreción de munición de goma, persecución a los participantes, quema de viviendas y pertenencias de ciudadanos mapuches. La sentencia injusta, que está recurrida, “hace sistema” con lo que venimos comentando.

Las continuidades y similitudes son enormes, empezando desde la piedra libre concedida a los uniformados para hacer gala de barbarie. Siempre resultó inverosímil que Maldonado se hubiera zambullido por puro atolondramiento o afición a los deportes extremos. El encubrimiento oficial fue similar en ambos casos, duró más tiempo en el “caso Maldonado”.

La guerra contra la RAM cesó cuando Macri y Bullrich quisieron porque nunca existió: fue una ofensiva unilateral. Se llevó puestas dos vidas de militantes populares a cuyos verdugos se incitó, ensalzó y protegió.

Jueces permeables y medios alineados conforman el trípode de la Coalición Cambiemos. Siguen activos.

– – –

La crisis y los muertos: La cobertura del Multimedios Clarín sobre el caso Nahuel propagó y multiplicó la narrativa de Bullrich. Día a día fue inculpando a Rafita Nahuel. En las notas cotidianas y hasta en las columnas del principal editorialista del diario se adujeron los embustes del tiroteo cruzado, de las huellas de pólvora. Hasta inventaron un dictamen del Instituto Balseiro que jamás existió. Tal vez se confundieron con otro del Centro Atómico Bariloche, todos nos equivocamos de vez en cuando. Pero no es error sino mala fe “jugar” para que quede impune el asesinato de un joven militante.

Cuando se conoció la sentencia de la Cámara de General Roca, Clarín escondió la noticia en la página 8, en una nota “B” (la ubicada en la parte de abajo). Cero alusiones en tapa: a invisibilizar, a invisibilizar.

El título honra la tradición de la Masacre de Avellaneda. “Ordenan detener a un prefecto por la muerte de Nahuel”. “Muerte”, subterfugio típico para no decir homicidio. “Detener” y no “procesar”, otro detalle. En suma, ahora dicen que la nueva crisis causó un nuevo muerto.

El pedido de la Corte al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fue título de tapa, motivo de indignación y campaña del gobierno. La historia respectiva fue distorsionada, salvo en los medios críticos.