REPRESION

Homicidio, instigación y encubrimiento: La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (“la Cámara” en adelante) cambió la carátula en la causa que investiga el homicidio de Rafael Nahuel: de “exceso en legítima defensa” a “homicidio calificado”. Ordenó encarcelar al autor material, el cabo primero de Prefectura Francisco Javier Pintos. Decretó la “falta de mérito” de otros Albatros que dispararon, lo que no equivale a absolución sino a la posibilidad (el deber) de seguir pesquisando sobre su responsabilidad.

La resolución firmada por los camaristas Mariano Lozano, Richar Gallego y Ricardo Barreiro consagra lo corroborado en su momento por testigos presenciales. Demuele la versión del enfrentamiento, de que la víctima fue el agresor, consabida coartada de quienes cometen violencia institucional, en dictadura o en democracia. Se culpó de lo mismo a Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba y centenares de etcéteras, a veces menos conocidos por tratarse de “delincuentes comunes” (se enfatizan las comillas, ojo).

Los mapuches no balearon a los prefectos. Solo estos atacaron de modo premeditado y alevoso con generosa dosis de munición de plomo. Las órdenes de disparar provinieron de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien luego desplegó una batalla de ocultamiento y presión a las autoridades judiciales.

Los prefectos arguyeron haber sido agredidos con disparos que habrían destrozado gruesas ramas de la arboleda cercana. Mintieron ellos, lo sustentó la vicepresidenta Gabriela Michetti, lo machacó Bullrich. Los camaristas atienden a los hechos: los árboles están indemnes.

Un arquetípico juez federal de primera instancia, Leónidas Moldes, hizo caso omiso a una pericia que no dio con huellas de pólvora en las manos del pibe Nahuel y de los compañeros que bajaron, entregándose a los uniformados en el noble y vano afán de salvarle la vida. Moldes ordenó otra, decidió confiar en la que inculpaba a la víctima…

La sentencia tuvo por comprobado que Pintos disparó el balazo mortal. Una pericia seria lo evidenciaba. Adivinen… el juez Moldes ordenó otra. A Gendarmería, la repartición conducida por Pato Bullrich, que reprimió en el operativo que terminó con la muerte violenta de Santiago Maldonado. La omertá entre cuerpos armados funcionó de rechupete hasta que la Cámara la hizo trizas.

Los magistrados se pronunciaron sobre la conducta del gobierno nacional. “El Ministerio de Seguridad asumió un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo hizo no con la mesura, distancia y respeto por el Poder Judicial y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta los tiempos judiciales ni las decisiones de los magistrados (…)”antes de que las pesquisas avancen como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publicaron declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando   –mediáticamente– que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”.  Como apuntó la colega Adriana Meyer en una recomendable nota publicada el jueves 16 en este diario: “Estas menciones aluden a los dichos de la ministra, cuando afirmó: ‘No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una orden judicial, le damos a la versión de Prefectura carácter de verdad’”.

La pretendida “verdad” avasalla la división de poderes mientras conculca las reglas del debido proceso. La Cámara pone en contexto el crimen: no es una excepción sino la regla. Con sus palabras, la de Rafael Nahuel “no es una causa más de las que engrosan la agenda de los Tribunales  (…) lo que subyace en ella, o mejor dicho lo que hace que eclosione un resultado tan ominoso para el estado de derecho como cruel y doloroso para la familia del fallecido, es la discutible concepción de la seguridad nacional que alienta episodios que se reiteran en el tiempo con frecuencia cada vez mayor, en espiral de violencia estatal que no puede ser obviada en esta sentencia, cadena fatídica en la que la muerte evitable de Nahuel Salvo es un eslabón más, acaso no el último”.

Mensaje para Macri, Bullrich y Chocobar: matar por la espalda es delito agravado, aunque ustedes proclamen y promuevan lo contrario.

Se resolvió conforme a derecho y a pruebas contundentes. ¿Por qué celebrar? Porque para sentenciar así hay que tener las togas bien puestas, resistir las presiones de los Ejecutivos nacional y provincial, afrontar la injuria y la vindicta mediática. Chapeau, señores jueces. Su decisión brilla como una gema en la ciénaga de la “justicia federal”.

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Maldonado, el precedente: En el voto del camarista Barreiro se consigna, respecto de la mentira sobre el enfrentamiento: “el efecto directo fue agregar disvalor a lo obrado por la comunidad mapuche con lo que, de modo indirecto pero groseramente visible, se acrecentó el valor justificante del mayor poder represivo empleado. Veo en ello un aporte indisimulado a la creación del enemigo interno”. El macrismo promovió la demonización de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) descripta como un grupo terrorista financiado desde el exterior y armado hasta los dientes. Bajo ese manto goebbeliano se desplegó el operativo de Gendarmería que culminó con la muerte violenta y no investigada de Maldonado. Un juez federal sin agallas ni rigor, Gustavo Lleral, lodispuso a pesar de estar comprobados múltiples actos violentos de Gendarmería, incluso disparos a discreción de munición de goma, persecución a los participantes, quema de viviendas y pertenencias de ciudadanos mapuches. La sentencia injusta, que está recurrida, “hace sistema” con lo que venimos comentando.

Las continuidades y similitudes son enormes, empezando desde la piedra libre concedida a los uniformados para hacer gala de barbarie. Siempre resultó inverosímil que Maldonado se hubiera zambullido por puro atolondramiento o afición a los deportes extremos. El encubrimiento oficial fue similar en ambos casos, duró más tiempo en el “caso Maldonado”.

La guerra contra la RAM cesó cuando Macri y Bullrich quisieron porque nunca existió: fue una ofensiva unilateral. Se llevó puestas dos vidas de militantes populares a cuyos verdugos se incitó, ensalzó y protegió.

Jueces permeables y medios alineados conforman el trípode de la Coalición Cambiemos. Siguen activos.

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La crisis y los muertos: La cobertura del Multimedios Clarín sobre el caso Nahuel propagó y multiplicó la narrativa de Bullrich. Día a día fue inculpando a Rafita Nahuel. En las notas cotidianas y hasta en las columnas del principal editorialista del diario se adujeron los embustes del tiroteo cruzado, de las huellas de pólvora. Hasta inventaron un dictamen del Instituto Balseiro que jamás existió. Tal vez se confundieron con otro del Centro Atómico Bariloche, todos nos equivocamos de vez en cuando. Pero no es error sino mala fe “jugar” para que quede impune el asesinato de un joven militante.

Cuando se conoció la sentencia de la Cámara de General Roca, Clarín escondió la noticia en la página 8, en una nota “B” (la ubicada en la parte de abajo). Cero alusiones en tapa: a invisibilizar, a invisibilizar.

El título honra la tradición de la Masacre de Avellaneda. “Ordenan detener a un prefecto por la muerte de Nahuel”. “Muerte”, subterfugio típico para no decir homicidio. “Detener” y no “procesar”, otro detalle. En suma, ahora dicen que la nueva crisis causó un nuevo muerto.

El pedido de la Corte al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fue título de tapa, motivo de indignación y campaña del gobierno. La historia respectiva fue distorsionada, salvo en los medios críticos.