POLITICA

Chau Fariña, chau

Después de obtener una gran cantidad de beneficios y pasar en el Programa de Protección de Testigos e Imputados mucho tiempo más de lo permitido por la ley, el arrepentido Leonardo Fariña renunció a este organismo dependiente del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Fariña ingresó al Programa el 8 de abril de 2016, luego de arrepentirse ante el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”.

El falso empresario recibió alquileres suntuosos, custodia las 24 horas del día y el pago de la prepaga OSDE, lo que lo convirtió en el imputado colaborador y arrepentido VIP de este Gobierno.

Giselle Robles, ex abogada del ex protegido, manifestó a este medio que Fariña mantuvo reuniones con Garavano donde acordaron apuntar contra la ex presidenta Cristina Fernández, lo que derivó en los «premios» mencionados anteriormente.

Según publicó el portal Infobae, el motivo detrás de tal decisión es el de «recuperar una vida normal». El cambio se dio en el marco de la discusión por el traspaso del Programa a la órbita del Poder Judicial.

Darío Díaz, exdirector del Programa, denunció en El Destape que esta jugada del Gobierno, que se concretaría por Decreto de Necesidad y Urgencia, puede colaborar a tapar los desmanejos económicos que realizaron los funcionarios de este organismo.

A pedir de Alberto

Con alguna dificultad inicial, el Frente de Todos se apresta a quedar constituido en las dos cámaras del Congreso, como era el deseo del presidente electo Alberto Fernández. En el Senado, que era donde la unidad ofrecía más problemas, tanto desde el Bloque Justicialista que responde a los gobernadores como desde el Frente para la Victoria que lidera Cristina Kirchner coincidieron en presentar al formoseño José Mayans como el elegido para conducir la futura bancada oficialista. El acuerdo terminaría de quedar cerrado en una reunión conjunta que se realizará el martes que viene donde será anunciado. En Diputados, en tanto, el nombramiento de Máximo Kirchner en reemplazo de Agustín Rossi también avanzaba aunque restaba acercar a algunos bloques provinciales.

Quienes venían siendo los jefes de los bloques pasarán a ocupar cargos en el gabinete. El cordobés Carlos Caserio había plantado bandera argumentando en contra del bloque único porque si bien había apoyado la fórmula del Frente de Todos su conducción no era Cristina Kirchner sino los gobernadores, por lo que sostenía que tenían que mantenerse las dos bancadas por separado. Alberto Fernández lo convocó a sus oficinas y salió con el ofrecimiento de un cargo en el gabinete como recurso para facilitar el armado de unidad. Según trascendió ayer, Caserio habría aceptado pasar a la administración nacional, así que quedó la vía libre para la designación de Mayans como jefe del futuro bloque único, con el visto bueno de la vicepresidenta electa. El formoseño está alineado con el gobernador Gildo Insfrán, un peronista ortodoxo que ha tenido la característica en su largo mandato de mantener una buena relación con el kirchnerismo.

En una reunión interna que hicieron ayer los miembros del Bloque Justicialista evaluaron como ganancia que sea uno de los suyos quien manejara las riendas de la bancada del Frente de Todos que sumaría, en principio, 39 miembros. Es decir, tendría quórum propio para sesionar, lo que seguramente convertirá a la Cámara alta como la preferida del gobierno de Alberto Fernández para presentar sus proyectos. Y quedan todavía los dos del Frente Cívico de Santiago del Estero, quienes apoyaron al Frente de Todos en las presidenciales. En reemplazo de Caserio asumirá asumirá la actual defensora de Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, que responde al gobernador Juan Schiaretti. El interbloque de Juntos por el Cambio, por su parte, contará con 29 integrantes.

La reunión conjunta se hará el próximo martes, seguro que con foto familiar de ocasión, en donde también deberían quedar determinados el resto de los cargos del cuerpo como la presidencia provisional y las secretarías, que se elegirán en la sesión de jura del miércoles. Para la presidencia provisional se barajan los nombres de Oscar Parilli, Jorge Taiana o Anabel Fernández Sagasti, quien originalmente había surgido como la preferida de CFK para el bloque único, versión que originó el enojo de Caserio.

Y si todo parece ya resuelto en el Senado, las negociaciones de unidad parecen también encaminadas en Diputados. La salida de Rossi para volver a ocupar el Ministerio de Defensa -algo que hasta hace unos días nadie imaginaba-, abrió una vacante para Máximo Kirchner. La idea de un bloque único en Diputados manejado por Máximo y uno en el Senado conducido por Fernández Sagasti -ambos de La Cámpora- hubiera sido inaceptable para los gobernadores. Por eso el acuerdo en torno a Mayans bajó las resistencias y el posible nombramiento de Máximo ya comenzó a cosechar adhesiones.

«Máximo está formado, cumple con todos los requisitos», lo avaló el presidente del PJ, José Luis Gioja, quien también es diputado y cuyo nombre también había sido barajado para volver a ocupar la jefatura del bloque. Pero Gioja habló de la necesidad de una renovación y de «ver caras distintas». Lo mismo el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien evaluó que «Máximo será un gran presidente de bloque porque tiene una gran visión política y capacidad articuladora».

Equipo «casi» completo

El equipo “está prácticamente definido”, aseguró, el lunes por la noche el presidente electo Alberto Férnandez. Lo cierto es que más de la mitad del gabinete ya está confirmado. Eso incluye a la mayoría de los cargos más importantes, aunque faltan definiciones en un área clave como economía. Hay por lo menos una docena de cargos de primera línea ratificados, y otra media docena de dirigentes que tendrán un rol en el nuevo gobierno aunque todavía falte definir cuál es. Para los espacios vacantes quedan dos o a lo sumo tres candidatos. La definición no dependerá de diferencias en el rumbo político sino del equilibrio de fuerzas hacia el interior del Frente de Todos.

El jefe de Gabinete será Santiago Cafiero, replicando su rol como alter-ego de Fernández que dio buenos resultados hasta ahora. La secretaría General de Presidencia quedará en manos de Julio Vitobello y en Legal y Técnica desembarcará Vilma Ibarra. Los dos son personas de máxima confianza del presidente electo desde hace muchos años y ambos tienen experiencia trabajando junto a él. El ministerio de Interior será para Eduardo “Wado” De Pedro y el de Exterior para Felipe Solá, secundado por Jorge Argüello o Cecilia Nahón. Ellos cinco conforman el primer círculo político del nuevo gobierno.

Las principales dudas persisten en torno al equipo económico. Los nombres están, aunque todavía no está definido el diagrama. Matías Kulfas estará a cargo del área vinculada a la llamada “economía real” mientras que Guillermo Nielsen tendrá bajo su órbita el sistema financiero. El dilema es resolver quién va a tener el control de áreas que tienen una pata en cada lado, como las secretarías de Energía (irá Sergio Lanziani), Minería, Transporte y Agroindustria. De no mediar ninguna sorpresa, el Banco Central quedará a cargo de Miguel Pesce, mientras que Mercedes Marcó del Pont será la primera mujer al frente de la AFIP.

Daniel Arroyo ya es, prácticamente, un ministro de Desarrollo Social en funciones, coordinando los planes que se pondrán en marcha desde el 10 de diciembre. Junto a él estará la concejal platense Victoria Tolosa Paz, que será titular del programa Argentina Contra el Hambre. Por estas horas se confirmó también que el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, será ministro de Obras Públicas. Al igual que muchos otros funcionarios y funcionarias que van a ser parte del próximo gabinete, esta semana “Kato” se sumó a la red de mensajería Telegram, una alternativa algo más segura al Whatsapp.

Como anticipó El Destape en septiembre, María Eugenia Bielsa encabezará una nueva cartera dedicada a la Vivienda y el Hábitat. Finalmente, la secretaría de Medio Ambiente no quedará bajo esa órbita sino que seguirá dependiendo, directamente, de la jefatura de Gabinete. Otro ministerio nuevo será el de Mujer, Igualdad y Diversidad. Todavía no se sabe quién será la encargada de conducirlo: el cargo fue ofrecido a Dora Barrancos, que declinó la invitación y sugirió el nombre de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Malena Galmarini es otra candidata (si no, iría al equipo de Axel Kicillof), volvió a sonar Victoria Donda y se sumó a esa lista la abogada Eli Gómez Alcorta.

La mesa judicial del presidente electo la conforman Marcela LosardoAlberto Iribarne y Juan Manuel Olmos. Losardo, exsocia de Fernández en su estudio jurídico, será ministra de Justicia. Entre los otros dos está el nombre del responsable de encabezar la Agencia Federal de Inteligencia. El ministerio de Defensa quedará a cargo de Agustín Rossi, el único que repita cargo respecto al gobierno de CFK. Ayer, después de la última sesión en la cámara de Diputados, las fotos que distribuyó el equipo de prensa del jefe de bloque de diputados lo mostraban bien cerca de Máximo Kirchner, su sucesor en ese lugar.

Otros futuros funcionarios que ya tienen su lugar asegurado son Claudio Moroni, que tendrá la semana que viene su primera reunión con la CGT para adelantar las primeras negociaciones: será desde diciembre ministro de Trabajo. El rector de la UMET, Nicolás Trotta, por su parte, encabezará la cartera de Educación, secundado por la pedagoga Adriana Puigróss. Aunque no está claro qué lugares van a ocupar, tendrán un rol preponderante en el gabinete tanto Juan Cabandié como Fernando “el Chino” Navarro, dos dirigentes que trabajan codo a codo con Fernández desde que es candidato.

Todavía hay dudas sobre lo que pase con Seguridad. Habrá que esperar a conocer el proyecto sobre la materia que presentará el nuevo gobierno para ser tratado en sesiones extraordinarias. Diego Gorgal, del Frente Renovador, sigue siendo el principal candidato a encabezar el flamante Consejo Federal, pero todavía no está confirmado. La resistencia que causa en algunos sectores creció estos días, cuando empezaron a circular algunos nombres que serían parte de su equipo. Una alternativa es que ese cargo sea finalmente para Gustavo Béliz, quien si no encabezaría una secretaría especial creada sólo para él.

Faltan definiciones en áreas como Cultura (sería para el cineasta Tristán Bauer) y Turismo (se lo ofrecieron a Matías Lammens, pero aún no dio su respuesta). En el recuperado ministerio de Salud pueden ir el diputado Pablo Yedlin o el vicerector de la UNAJ, Arnaldo Medina, quien en caso de no desembocar en el gabinete nacional podría desempeñar idéntico rol en la provincia de Buenos Aires. Y para Ciencia y Técnica Fernández debe elegir entre Fernando Peirano y Roberto Salvarezza. La secretaría de Medios, en tanto, puede ser para Francisco Meritello o para el vocero presidencial Juan Pablo Biondi.

Hay algunas cuestiones más por dilucidar: el presidente electo le ofreció un lugar en el gabinete al senador por Córdoba Carlos Caserio, que quedó en responderle antes del fin de semana. Si acepta, iría a Transporte o Agroindustria. Aunque hace algunas semanas era número puesto, se enfrió la idea de que Florencio Randazzo se sume, por ahora, al gabinete, aunque un llamado puede descongelar todo rápidamente. Por último, resta por ver si el excandidato presidental Roberto Lavagna acepta, finalmente, encabezar el Consejo Económico y Social. Esta semana dio señales positivas en ese sentido.

Heller, Perié y Lanziani se reunieron para delinear esquemas de trabajo en el próximo Gobierno

Con la finalidad de intercambiar ideas referidas a energía y recursos naturales, se reunieron en las oficinas del banco Credicoop Carlos Heller, la parlamentaria Julia Perié y Sergio Lanziani. En la reunión, coincidieron en destacar el interés de los Fernández en buscar un reparto equitativo de los recursos, y fortalecer el mercado interno.

Perié destacó que las malas políticas económicas llevado adelante por Cambiemos, provocó devaluación, cierre de pymes, inflación y pérdida del poder adquisitivo, lo que llevó a una recesión económica que afecta a la mayoría de los argentinos, pero golpea con más fuerza a los humildes.

Uno de los trascendidos es que Carlos Heller tendría un lugar en el gabinete, probablemente director  del Banco Nación, mientras que Lanziani como referente del Ministerio de Energía de la Nación. En su orden Julia Perié es presidente de la comisión de energía de Eurolat.

Los dirigentes hablaron de los desafíos del gobierno de Alberto y Cristina y las posibilidades de revertir esta situación dramática y a la vez de generar un nuevo impulso productivo e industrial, que regenere el mercado interno y permita las inversiones en las áreas de energía y así lograr acuerdos con Eurolat y países de asia dónde tienen vinculaciones muy cercanas.

Todo mal parte dos mil

Mauricio Macri le dejará a Alberto Fernández una economía en crisis y un Estado mega endeudado. En lugar de utilizar los préstamos del exterior por más de U$S 100.000 millones para mejorar la competitividad argentina o realizar obra pública, se destinó casi exclusivamente en la fuga de capitales. Además, Cambiemos se irá con un déficit fiscal casi idéntico al de 2015 y una profunda recesión económica.

Desde diciembre de 2015 hasta septiembre de este año, el pasivo externo se incrementó en U$S 103.808 millones a un paso constante, que se desaceleró levemente en los últimos meses. En el primer año, el Gobierno incrementó el pasivo en U$S 31.026 millones y el segundo en U$S 68.901 millones.

De todas las divisas que se consiguieron por el aumento de la deuda en dólares y euros, U$S 93.667 millones salieron del sistema financiero argentino a un ritmo similar. Ese monto que equivale al 90,1% del pasivo externo contraído. La excepción fue entre finales de 2016 y principios de 2017, cuando el blanqueo de capitales mitigó la fuga.

“Como en todo régimen de acumulación basado en la valorización financiera, la deuda no se contrae para obras de infraestructura sino para garantizar las divisas que se requieren para la fuga de capitales”, analizó Cifra en su último informe, en el que hizo un resumen de la gestión casi concluida del macrismo.

Contrario a lo que alega Macri, el mega endeudamiento tampoco sirvió para reducir el negativo de las cuentas públicas y cerrará este año en una cifra muy cercana a la última de Cristina Kirchner. El déficit primario (ingresos menos gastos corrientes) era del 3,8% del PBI en 2015, pero el financiero (que contabiliza el flujo de capital) fue del 5,1%, de acuerdo al Centro de Información y Formación que orbita la CTA.

Esto sucedió pese al recorte del gasto público, que podría llegar a considerarse “gradualismo” sólo en los dos primeros años y se convirtió en agresivo en la etapa final. En 2015, el gasto primario se redujo 1,5%  en términos reales y en 2016, 3,2%. Desde la suscripción del acuerdo con el FMI en 2018, las caídas fueron muy superiores: 8,9% en 2018 y 10,5% en los primeros nueve meses de 2019.

Así, el ajuste total alcanza aproximadamente a 24% en los cuatro años de gobierno. La reducción se sustentó en la obra pública, las transferencias corrientes a las provincias, los salarios de los empleados públicos y las prestaciones sociales, según detalla el reporte.

Como consecuencia de esto y el resto de las políticas destinadas a enfriar la economía, se deterioraron significativamente los ingresos reales. Aquí impactó también la baja de los impuestos de la clase alta, como las modificaciones en el impuesto a las ganancias y en el de bienes personales y la disminución de las retenciones a las exportaciones.

Macri se irá con una profunda recesión económica. La actividad acumuló una caída del 5% del producto y del 8,8% en el PBI per cápita en el segundo trimestre contra el mismo período de 2015. Esto estuvo explicado justamente por la reducción del consumo privado (-6,2%), de la inversión (-13,8%) y de la producción industrial (-13,3%).

Todo mal II

El descontrol inflacionario del último año llevó a que los precios se disparen cerca del 100%. En ese lapso, los productos lácteos fueron los que experimentaron mayores subas.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que los precios de los alimentos aumentaron hasta un 90% entre octubre de 2018 y octubre de 2019.

En detalle, los incrementos más destacados fueron en el queso sardo (+90,3%), manteca (+87,8%), yogur firme (+87,7%), dulce de leche (+75,2%), yerba (+63,4%), y pollo (+60,2%). El documento sostuvo: “En el GBA, de 59 productos relevados, 34 crecieron por encima de la inflación promedio, es decir, más de la mitad de los productos de la canasta básica”.

Para el equipo de economistas de la casa de estudios bonaerense, la inflación provocó una “caída del salario real del 3,9% para los trabajadores del sector público; 5,5% para el sector privado registrado; 11,6% para los del privado informal y del 18% para los que cobran el Salario Mínimo Vital y Móvil”.

La inflación podría terminar entre un 51% (escenario optimista) y un 62% (escenario agresivo). Se evalúa un escenario estándar (escenario promedio) en donde la inflación acumularía en un año un 54,7%”, concluyó el informe sobre la inflación general.

Todo mal

Darío Díaz, ex director del Programa de Testigos Protegidos, se refirió al uso de este plan durante el macrismo, luego de que el gobierno diera a conocer su traslado al Poder Judicial: “Se han cometido graves irregularidades en el programa de Testigos Protegidos” y “para los testigos que declaran en favor del interés de Garavano o Bullrich hay concesiones mayores en materia económica”.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Díaz remarcó: “Macri quiere sacarle el programa de Testigos Protegidos al Poder Ejecutivo para tapar las irregularidades que cometieron en manejo de arrepentidos en materia de corrupción”.

Agregó: “La ley establece 6 meses de plazo para resolver los problemas de los testigos protegidos. Acá trascendió que se extendieron por sumas millonarias”, “El pago de OSDE a Leonardo Fariña es una barbaridad, la ley establecía que debe atenderse en salud pública” y “El hecho mismo de estar utilizando arbitrariamente sumas millonarias para satisfacer a supuestos arrepentidos son violaciones a la ley y quieren encubrirlas”.

Asimismo, remarcó: “Un DNU no puede legislar sobre temas penales y el traslado del Programa de Testigos Protegidos lo es” y “La ley del programa de Testigos Protegidos dice que las facultades de su director son discrecionales, por lo que si se lo ofrecen a los jueces tendrían que cambiar la ley”.

Tabaco: Denuncian malversación de fondos, negociaciones incompatibles y coacción.

Nota Publicada por el Diario Primera Edición de Posadas

El viernes 15 fue presentada una denuncia en el Juzgado Federal de Oberá. La misma fue realizada el viernes por el diputado nacional electo, Héctor “Cacho” Bárbaro, que además es presidente del gremio tabacalero ACTIM, y por el diputado provincial del PAyS, Isaac Lenguaza, donde solicitaron a la Fiscalía Federal que se investigue la posible comisión de los siguientes delitos: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; “malversación de caudales públicos”; “coacción” “y/u otros delitos que pudieran surgir de la investigación de los hechos contra el señor Marcelo Viegas Calçada”, coordinador nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras y administrador del Fondo Especial del Tabaco, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Bárbaro y Lenguaza tienen la sospecha de que Calçada tendría intereses compartidos con la entidad cooperativa y eso lo llevó a desembolsar sumas millonarias en forma irregular y presionar a los gremios tabacaleros; hasta al propio ministro del Agro de Misiones, para que aprueben los desembolsos. Como éstos se negaron al facilitar el último tramo de los pagos, creen que el funcionario demoró el envío de dinero.

Los denunciantes aseguran que el funcionario habría autorizado transferencias ilegales en beneficio directo de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, que el mismo Calçada gestionó y presionó con “llamativo” interés para que los gremios aprobaran esas transferencias.

Todo comenzó el 31 de mayo de 2018 cuando la Secretaría de Agricultura de la Nación aprobó la Resolución 93/18 autorizando un desembolso de $560 millones del Fondo Especial del Tabaco con destino al “Saneamiento Financiero 2018” de la Cooperativa mencionada, situada en Alem.

Esos fondos corresponden al 20% del FET, que debe invertirse en Planes Operativos Anuales para diversificación y mejoramiento productivo que deben ser establecidos con precisión y afectación específica.

Según la Resolución 93/2018 el desembolso debía concretarse en siete cuotas anuales de 80 millones de pesos cada una, finalizando el cronograma recién en 2024.

Previo a la transferencia de cada aporte anual, la CTM estaba obligada a presentar ante la Secretaría de Agricultura, la Memoria y los Estados Contables del año anterior, como así también, “el detalle pormenorizado de cada una de las deudas y los comprobantes de cancelación de la deuda”.

El funcionario nacional denunciado autorizó en sólo trece meses, entre 2018 y 2019, la trasferencia de cuatro desembolsos por un total de 460 millones de pesos, incumpliendo la resolución que dio origen al salvataje.

El 14 de junio de 2018 fue la primera por $80 millones; el 17 de diciembre fue la segunda por otros $80 millones; la tercera llegó el 23 de marzo de este año por $200 millones y la cuarta 1 de julio por otros $100 millones.

“Materialmente, es imposible que la CTM haya cumplimentado la exigencia (de presentar la documentación) porque estamos en 2019. La CTM recibió 460 millones en menos de un año y medio”, advirtió la denuncia de Bárbaro y Lenguaza. “Es decir que el denunciado ordenó transferencias irregulares, sin sustento en instrumento legal alguno y en violación a los deberes que le fueron encomendados”, resaltaron.

En la denuncia se afirmó que Calçada no es “un engranaje más” en la transferencia de fondos sino que “es quien tiene la última palabra”. Por eso los denunciantes advirtieron que hay “negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública”, al recordar que el funcionario viajó en marzo de 2019 a Misiones “para gestionar el adelantamiento de 200 millones de pesos para la CTM que debían sumarse a los 160 millones ya transferidos”.

En esa ocasión, acompañado por el diputado electo Alfredo Schiavoni se reunió con el ministro del Agro, José Luis Garay en Posadas.

Garay declaró luego a una FM de Aristóbulo del Valle que vinieron a pedirle que apoye la aprobación anticipada de los giros a la CTM: “El pedido de financiamiento vino de Nación; inclusive nos solicitaron esa posibilidad de adelantamiento”, dijo.

La Provincia dio el aval para la transferencia de los $200 millones. Luego, el 13 de junio de 2019, “apenas tres meses después” el coordinador nacional volvió a Misiones para apresurar nuevos desembolsos por otros 200 millones”. Esta vez y pese a la presión, la Coordinación provincial no avaló el nuevo desembolso y sólo accedió a dar la mitad, es decir $100 millones.

Totalizaron así 460 millones de pesos transferidos a la CTM en sólo trece meses. “La insistencia del coordinador nacional no quedó allí. El 4 de octubre Viegas Calçada volvió a la provincia para reunirse en Posadas con el ministro del Agro, los referentes de los tres gremios y el representante de la CTM, Eldor Hut a los fines de ‘destrabar’ el saldo de los 100 millones de pesos que quedaron pendientes”, relataron.

En esa reunión, “de la que participamos los denunciantes como representantes de ACTIM, vimos el énfasis puesto por el funcionario nacional para instar a los presentes a avalar el desembolso. Nos alarmó la avidez del funcionario nacional”, sostuvieron. “Fue en esa reunión que advertimos estar ante una operatoria manifiestamente ilegal”, agregaron. Se le pidió que muestre si la CTM había presentado las Memorias y Balances y la situación de la deuda, pero “visiblemente molesto, aseguró que ‘los papeles estaban’ y que los iba a enviar luego, cosa que nunca ocurrió”.

En la denuncia se describe que después de la reunión del 4 de octubre, el presidente de la Cámara del Tabaco, Gustavo Piñeiro, recibió un llamado telefónico de Viegas Calçada en el cual habría sido amenazado por el funcionario: le pidió que apoye el último desembolso bajo riesgo de no recibir “un solo peso más” para sostener los servicios de salud del gremio.

El ministro Garay luego relató que también fue presionado vía telefónica por el mismo funcionario nacional, con el mismo objeto, aunque no detalló el alcance y contenido de las presiones.

Los denunciantes creen que las amenazas telefónicas “eran consistentes” porque Calçada “tiene la última palabra para autorizar las transferencias de recursos que sustentan la atención de la salud de 13 mil productores tabacaleros”, además de otros pagos como la tercera vuelta de precio, el Plan Operativo Anual conocido como “Caja Verde”, entre otros.

Después de este choque, en la denuncia lo acusan de protagonizar “una ofensiva contra quienes frenamos ese despojo que consideramos ilegal” y dicen que Calçada “envió información confusa a medios de prensa provinciales negando su responsabilidad en los retrasos y provocó un caos con cortes de ruta en seis puntos neurálgicos de Misiones, protesta que duró varios días”.

Lo grave, según la denuncia de Bárbaro y Lenguaza, es que la CTM a pesar de recibir $460 millones no disminuyó su deuda, sino que la incrementó a $1.200 millones. Por eso presentaron en la Legislatura misionera un pedido de auditoría externa comandado por la Provincia.

“Esta denuncia penal decidimos presentarla después de destrabado el reclamo de los productores en las rutas, justamente atendiendo la delicada situación de volatilidad, alta conflictividad social desatada y la posibilidad concreta de que el denunciado continuase retaceando los recursos que van directo a las cuentas corrientes de los más de 13 mil productores”, sostuvieron los denunciantes.

Al presentar la denuncia, los dirigentes también incluyeron una carpeta con muchas pruebas y documentos para facilitar al juez la investigación, entre ellas resoluciones, planillas de fondos y copia de planillas de transferencias.

Evo tenía razón

El 23 de octubre Evo Morales denunció que estaba en marcha un golpe de Estado, dieciocho días antes de que se consumara. La movida para derrocarlo se gestó adentro y afuera de Bolivia. En el exterior, todos los caminos conducen a Estados Unidos y en particular a Miami. Esa ciudad siempre respiró al ritmo de las conspiraciones. Los decanos de esos complots fueron los cubanos anticastristas. Les siguieron los venezolanos antichavistas. Ahora se conjuraron los enemigos del presidente exiliado en México. Pero todos interactúan entre ellos, con la bendición de la OEA. Carlos Sánchez Berzain es uno de los nombres que aparece más visible en esta trama. Fue ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y ambos escaparon a EE.UU después de la llamada guerra del gas. El 27 de octubre pasado se lo vio en un acto en una calle miamense junto a la actual ministra de Comunicación del régimen golpista, Roxana Lizárraga. La misma que denunció en La Paz días después a periodistas argentinos por “hacer sedición”. El Instituto Interamericano por la Democracia del que es director ejecutivo el ex funcionario prófugo, opera financiado con fondos de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Sánchez Berzain no está solo. Hombre de fortuna incomprobable y columnista habitual de Infobae, fue acompañado en su cruzada por Manfred Reyes Villa, un excandidato a presidente de Bolivia que también vive asilado en EE.UU. Capitán retirado del ejército, fue condenado en 2016 a cinco años de prisión en Cochabamba – departamento al que gobernó entre 2005 y 2008– por enriquecimiento ilícito. La lista de connotados golpistas civiles en Estados Unidos es más amplia y se mixtura con oficiales retirados que se reúnen en la autodenominada Coordinadora Nacional Militar. Estos se encuentran en su país, como otros civiles que armaron el golpe desde adentro.

El 8 de octubre pasado, cuando todavía no se habían realizado las elecciones en Bolivia, el sitio Behind Back Doors (Detrás de la puerta trasera) anticipó el golpe de Estado en marcha ubicándolo entre fines de 2019 y marzo de 2020.

Su información, basada en dieciséis audios tomados durante diferentes reuniones a distintos protagonistas de esta conjura, tuvo relativa repercusión hasta que se produjo la destitución de Evo. El analista internacional mexicano, Alfredo Jalife Rahme, tradujo el material de Behind Back Doors al castellano y lo difundió. El domingo 10 empezó a replicarse en las redes sociales y a llegar a los medios. Así aparecieron los nombres de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzain, Reyes Villa y Mario Cossío, un exgobernador de Tarija y expresidente de la Cámara de Diputados condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. A diferencia de los tres primeros se exilió en Paraguay.

Sánchez Berzain fue el más activo de todos. Apareció en cuánto foro pudo volcar su tesis de una conspiración castro-chavista a escala continental en la que por supuesto incluye a Evo. El 25 de julio pasado el Instituto Interamericano por la Democracia que lidera organizó una actividad donde lo presentó Norberto Spagnaro, un residente argentino de Miami. Coordinador de la campaña del macrismo en esa ciudad de la Florida, le cedió la palabra para que hablara sobre Argentina y la política regional. El orador que cerró la jornada fue el periodista Alfredo Leuco. Su tema fueron las elecciones que se venían en nuestro país.

La organización que lidera el exministro de Sánchez de Lozada es un mosaico de nacionalidades. Pero su pensamiento es bastante uniforme. Postula todo lo que huela a neoliberalismo, se alinea sin fisuras con las políticas hemisféricas de Estados Unidos y junta a ciertos personajes que parecen sacados de la Guerra Fría. Su integrante argentino más notorio es Guillermo Lousteau Heguy, el padre de Martín Lousteau, ex secretario de Turismo de la dictadura cívico-militar entre 1981 y 1982. El directorio del Instituto también cuenta con los cubanos Armando Valladares y Carlos Alberto Montaner, dos propaladores del anticastrismo más rabioso. El primero estuvo preso en Cuba, devino en embajador de EE.UU ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU y hasta hoy no pudo desligarse de una imputación por estafas con un desarrollo inmobiliario en España.

Los audios que divulgó Behind Back Doors atribuyen a Reyes Villa haber ventilado que el golpe era promovido por los senadores de EE.UU Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz. La nómina se completa con la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, quien preparó el terreno en el Congreso estadounidense para la interrupción del orden constitucional en Bolivia. Trató a Morales de “matón” en la Cámara Baja, le cuestionó su “retórica antimperialista”, las expulsiones de “todas nuestras agencias: DEA, USAID y al embajador de EE.UU” y dijo que “el pueblo de Bolivia necesita nuestra ayuda”. El gobierno de Evo la acusó de injerencista el año pasado.

El informe de Behind Back Doors conocido el 23 de octubre también mencionó que “funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición”. La pista brasileña lleva hasta el canciller de ese país, Ernesto Araujo, quien recibió al líder golpista Luis Fernando Camacho en mayo, según reveló la revista Forum.  Al dirigente del Frente Cívico cruceño lo llaman en Bolivia el “Bolsonaro” local por sus posturas racistas y ultramontanas. Su comportamiento medieval no alcanza a disimular otro motivo clave de su destacada participación en la asonada. Su acaudalada familia perdió el negocio del gas en Santa Cruz cuando el gobierno derrocado lo nacionalizó.

El protagonismo de Camacho está lejos del perfil bajo que mostró otra pieza clave en el complot para derrocar al gobierno de Evo. Se trata de Erick Foronda Prieto, un periodista boliviano que trabajó para la embajada de EE.UU en La Paz por casi veinte años. La denuncia de Behind Back Doors le atribuyó “un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país, con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos”. Además “se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de los Estados Unidos, Phillip Goldberg” expulsado en septiembre de 2008. El informe le otorgó a Foronda Prieto un rol fundamental durante la campaña del No a la reelección de Morales en el referéndum de febrero de 2016. Evo lo perdió en medio de una campaña de fake news que le atribuyeron la falsa paternidad de un hijo con la menor Gabriela Zapata. Ella misma desmintió la noticia. Pero el daño ya estaba hecho.