POLICIALES

Herencia M: Menos 2271 millones

Esta cifra representa una caída de 3,5% de los recursos federales en comparación con 2018. Buenos Aires es la única que terminó con balance positivo el año pasado. Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

La coparticipación federal que llegó a Misiones en 2019 registró una pérdida de 3,5% en comparación con 2018, lo que representó una caída neta de 2.271 millones de pesos, de acuerdo al último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Si bien los montos se incrementaron en valores nominales, no acompañaron el crecimiento de la inflación por lo tanto registraron una caída en valores reales.

Buenos Aires, de acuerdo al cuadro, es la única provincia que arrojó saldo positivo. Durante el gobierno de Mauricio Macri esta provincia fue beneficiada y eso repercutió en los números finales.

Se destaca como el aspecto más influyente en esta caída el daño que genera la inflación: “En un contexto inflacionario como el de Argentina, es necesario tener en cuenta los efectos de la inflación sobre los fondos coparticipados. En este sentido, se aprecia una caída real de la coparticipación en todas las provincias de entre 3% y 7%, con excepción de Buenos Aires, que muestra un 8,7% de incremento”.

El informe destaca que: “Se observa que Buenos Aires, que es la única provincia que evidenció un incremento en la coparticipación mayor a la inflación, recibió más fondos que en 2018 por un equivalente a $39.066 millones de diciembre 2019. Todas las otras provincias perdieron dinero en la comparación interanual, entre $12.000 millones y $400 millones (a moneda de diciembre de 2019). Estos montos se ven afectados tanto por las variaciones reales de coparticipación, como por los montos de coparticipación que reciben”.

Cuando se relativizan estos montos de acuerdo a los habitantes que tiene cada provincia, se encuentra que las que más perdieron fueron San Luis y Tierra del Fuego, con $5.784 y $5.287 pesos por habitante, respectivamente.

En este aspecto la pérdida de Misiones durante 2019 fue de $1.820 pesos por habitante, lo que equivale a una suma muy importante si se considera la población de más de un millón de habitantes.

Por último, una medida alternativa para ver el impacto que tiene la caída de los envíos automáticos nacionales en las arcas provinciales, es considerar qué tan importante es la coparticipación en el total de recursos habituales de las provincias (definidos como coparticipación + recaudación propia).

En promedio, la coparticipación es el 71% de los recursos de las provincias (hay provincias donde la coparticipación es de hasta el 90% de los recursos habituales).

Una jurisdicción singular es CABA, donde la importancia relativa de la coparticipación es del 25% de los ingresos habituales. En cambio, para Misiones la coparticipación federal es el 80% de los recursos totales.

La variación para la Provincia de la caída de la coparticipación de 2019 fue de 2,5% del total, de acuerdo al mismo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

 

No más doctrina «Pato»

El Gobierno nacional oficializó el cambio de orientación en la política de seguridad al derogar las resoluciones de la gestión de Patricia Bullrich que implicaron profundos cambios en el uso de armas de fuego, el empleo de las pistolas Taser y la creación del denominado «Servicio Cívico Voluntario Orientado a Valores». Las medidas, tomadas por la actual funcionaria Sabina Fréderic, ya entraron en vigencia y fueron publicadas en el Boletín Oficial.

A partir de la resolución 1231 de la mencionada cartera, el Gobierno de Alberto Fernández derogó el Protocolo de Uso de Armas de Fuego que había sido puesto en vigencia en los cuatro años de macrismo. Al respecto, la norma recuerda que dicho protocolo «amplía de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS».

Asimismo, también puso fin al protocolo de uso de «armas electrónicas no letales», las llamadas pistolas Taser X26. Ahora, pasan a ser consideradas «armas electrónicas menos letales», por lo que instruye a crear un nuevo protocolo de actuación que tenga en cuenta el potencial peligro que implica su uso. Sobre el protocolo de Bullrich, Fréderic afirma que «regulan de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad en el empleo de armas electrónicas “no letales” -que, en realidad, son “menos letales”, tal como lo reconoce su fabricante-. En efecto, no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas».

Por ese motivo, advierte, «la categorización como arma electrónica “no letal” podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal».

A su vez, elimina la resolución que creaba el Servicio Cívico Voluntario de Valores, la creación en plena campaña del macrismo cuando intentó seducir a parte de la clase media con un discurso duro. Llama, también, a que dentro de 30 días hábiles el servicio cívico quede a cargo de las áreas más competentes para tal fin. El Ministerio de Educación podría ser quien quede a cargo del mismo.

Por último, el Gobierno nacional derogó el programa de «Ofensores en Trenes», que permitía a las fuerzas de seguridad a pedir a los pasajeros de transporte público que se identifiquen simplemente bajo criterio de los policías y gendarmes. Al respecto, advierte que la medida no indica «cuál será el procedimiento a realizar en caso que el pasajero o pasajera carezca de dicho documento o se niegue a exhibirlo, pudiendo dar lugar a la detención, el traslado a una comisaría y la conformación de una causa por resistencia a la autoridad». «Esta medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados», remarca la medida.

El ventilador a 360 grados

El falso abogado Marcelo D’Alessio continuaba declarando, al caer la noche de este lunes, en el mayor de los secretos. Todo transcurría en una pequeña oficina de la fiscalía federal de Dolores y, según trascendió, D’Alessio continuará declarando este martes y posiblemente también el miércoles, porque más allá de sus dichos el fiscal Juan Pablo Curi le hará una gran cantidad de preguntas. Asistido por su abogado, Claudio Fogar, D’Alessio intenta convencer a Curi para que lo acepte como arrepentido, algo que no es sencillo porque el fiscal ya rechazó a dos imputados anteriores que llegaron a Dolores con la idea de acogerse a los beneficios de esa ley. Entre esos beneficios podría estar una excarcelación o, al menos, una prisión domiciliaria.

D’Alessio empezó a declarar cerca de las diez de la mañana y hubo varios cuartos intermedios a lo largo de las horas en las que estuvo en la fiscalía. Todo indica que el falso abogado se quedará a dormir en una comisaría de Dolores y recién retomará la declaración cerca de las 16 de este martes: es que su abogado tiene un audiencia judicial y por lo tanto no se podrá arrancar antes.

Respecto del contenido, tanto el defensor de D’Alessio como el fiscal mantuvieron absoluta reserva. La declaración está siendo grabada y todo indica que el acusado reconocerá algún delito de extorsión y de espionaje ilegal –las pruebas son demoledoras– y tratará de convencer al fiscal explicándole cómo era el organigrama de las operaciones de espionaje ilegal, con cabeza en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). También es muy posible que reconozca que algunas de las investigaciones –también ilegales– que puso en marcha fueron por pedido de legisladoras de la Coalición Cívica y no está claro si va a involucrar al fiscal Carlos Stornelli y al periodista Daniel Santoro. Es un hecho que D’Alessio estuvo estudiando la indagatoria que Stornelli prestó la semana pasada.

Una vez terminada la declaración, Curi deberá resolver si acepta o no a D’Alessio como arrepentido. Y en caso de que lo acepte, la última palabra la tendrá el juez Alejo Ramos Padilla.

En las espaldas de Curi pesan las sospechas de que desde el inicio de la causa ha jugado a favor de la estructura judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py, que siempre quiso derribar la causa de Dolores. Curi dictaminó varias veces que el expediente que instruye Ramos Padilla debe pasar al edificio de Retiro donde, ya se sabe, Stornelli juega de local y lo mismo sucede con otros de los imputados.

Es seguro que Curi le exigirá a D’Alessio pruebas de todo lo que diga, algo que no es para nada sencillo. Por un lado, el falso abogado ha demostrado su capacidad para mentir y falsear hechos e identidades. Por el otro lado, buena pare de sus operaciones se hicieron en el marco del aparato de inteligencia que, supuestamente, se cuida de dejar rastros.

Transición cero

Alberto Fernández salió a refutar y a desmarcarse de las decisiones del gobierno nacional en tres temas concretos en las últimas horas: aumento de naftas, protocolos de seguridad y testigos protegidos. Usó su cuenta de Twitter para desmentir a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien salió a decir que la suba de combustibles fue “acordada” con el presidente electo. “Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud”, dice sin medias tintas su tuiteo.

La ministra de Seguridad también fue el centro del otro tema del día: los protocolos de seguridad. Fernández había adelantado que promovería su derogación. Se trata de normativas que, en general, le dieron libertad discrecional de acción a las fuerzas policiales. Están en línea con el aval que Bullrich y Macri le dieron al policía Luis Chocobar, que mató en la vía pública a un ladrón desarmado, y que quedó fijado como «Doctrina Chocobar».

«Les va a salir el tiro por la culata, yo les diría que lo piensen, que no actúen impulsivamente, que analicen con más tiempo y no tomen decisiones contrarias sólo porque las hicimos nosotros», dijo Bullrich en declaraciones radiales sobre esa iniciativa. La ministra insistió en que, si se derogan los protocolos, los efectivos quedarán desprotegidos.

Fernández respondió en El Destape Radio, también con un llamado a la reflexión. “Yo le pediría a Bullrich que reflexione sobre lo que hizo. Esos protocolos no sirvieron para nada, sólo sirvieron para lamentar víctimas de violencia abusiva institucional», definió. Agregó que «cambiar un protocolo que legitima que un policía dispare por la espalda no habla bien del Estado que lo permite”, y que esa decisión solo sirvió para que “los policías puedan aducir una causa de justificación que se llama cumplimiento de un deber”. El presidente electo también dejaría sin efecto la normativa que permite a las fuerzas pedir DNI en subte y trenes.

La primera desmentida se había dado a partir de una nota del diario Clarín, el pasado martes, cuando se anunció que «Con el aval de Alberto Fernández, Mauricio Macri firmará el DNU que habilita el traspaso de testigos protegidos a la Justicia». “Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos”, escribió en la red social sobre lo que definió como “una noticia falsa”.

El titular cambió entonces y la noticia pasó a ser que “miembros del equipo de asesores judiciales de Alberto Fernández están de acuerdo con el sentido de la modificación”. La medida no fue bien recibida por ningún equipo ni en ningún ámbito de la Justicia. Finalmente, el gobierno dio marcha atrás con la idea.

Represión en Cabo de Hornos y Avenida LLamosas

En las inmediaciones del mercado central de la ciudad de Posadas, al momento de realizarse una manifestación consistente en un corte de la Avenida Llamosas, se produjeron confusos incidentes que derivó en represión de los efectivos policiales allí dispuestos. Según videos difundidos por redes sociales, se puede constatar la existencia de disparos por parte de la policía (no se pudo precisar si fueran armas de fuego) y la existencia de una mujer y un hombre agredidos. Ampliaremos

 

Mal bicho

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tuvo una polémica definición al describir la crisis alimentaria que atraviesa nuestro país y afirmó que «hay gente que pasa necesidades» pero «si pasan hambre, tienen comedores».

«En la Argentina hay gente que pasa necesidades. Si pasan hambre, tienen comedores y una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre. La Argentina tiene una red de contención», afirmó la funcionaria, en diálogo con Radio La Red, al ser consultada sobre si creía que en el país no hay personas que sufren hambre.

Bullrich también cuestionó hoy las protestas en la Avenida 9 de Julio y en distintos shoppings al afirmar que son «una clara provocación en el sentido de generar una acción psicológica, de miedo» y apuntó contra el kirchnerismo.

Según la ministra, el reclamo de distintos sectores por la emergencia alimentaria, a la que consideró como «un objetivo político»: «Tiene como objetivo querer decir que este Gobierno ha dejado a sectores sin alimentación, cosa que es un objetivo político. La ley ya está votada. Votar una ley sobre una ley existente tiene como objetivo querer poner el tema en el centro del debate, quieren poner al Gobierno como un Gobierno hambreador. Si se quiere votar ley sobre ley es porque hay un objetivo distinto», remarcó.

Un asesino suelto en la Anses

Las personas que hayan estado el martes en la sede de la Unidad de Atención Integral de la Anses del centro porteño probablemente compartieron la fila de trámites con uno de los más sanguinarios represores de la última dictadura militar, sobre quien pesan dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Jorge “El Tigre”Acosta, quien decidía a quién mataban y a quién torturaban en la ESMA, salió de la cárcel de manera transitoria y pidió hace dos días un crédito en el Anses, gracias a un permiso otorgado por el Tribunal Oral y Federal Nº 5. Los empleados de la UDAI se negaron en un principio a atender a Acosta, que había entrado por las oficinas de Córdoba 1144 escoltado por dos agentes de la Policía Federal.

Acosta pudo acceder al préstamo porque cuenta con una jubilación mínima de 12.000 pesos desde septiembre de 2018, por los años trabajados en la Marina más la compra de aportes que hizo a través de una moratoria. El represor pudo salir de la cárcel por una autorización que expidió el juez Horacio Obligado. “Es un permiso que se le da a todos los imputados que están detenidos y tienen que hacer un trámite personal”, dijeron a este diario desde el tribunal, después de aclarar que Acosta “ya salió y entró” y antes de negarse a brindar más información.

Los organismos de derechos humanos condenaron la salida del represor. H.I.J.O.S., por su parte, denunció que es un acto más “de impunidad” y cuestionó que en este caso se contemple la figura de “permiso humanitario”, que permite las salidas de la cárcel. “Esto es una barrabasada, es algo que parece una broma de mal gusto, como las que hacía Acosta en los pasillos de Capuchita”, subrayó a Página/12 Camilo Juárez, hijo de Alicia Rosalía País y Enrique José Juárez, ambos detenidos desaparecidos.

Acosta, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma, fue condenado a perpetua por haber liderado el principal centro clandestino de la Marina, donde cometió al menos 82 delitos de lesa humanidad: secuestros, desapariciones y torturas. Además, fue condenado a 30 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y en 2017 se le impuso otra condena perpetua por los vuelos de la muerte. Tiene otra causa abierta en Esma 4, que lleva adelante el tribunal que lo habilitó a salir, el mismo que lo había condenado el año pasado. El genocida nunca habló ni aportó datos que pudieran ayudar a saber dónde están los 30 mil desaparecidos y a recuperar la identidad a los cientos de niños nacidos en cautiverio.

“El nunca dijo dónde están los casi 30 niños que nacieron en cautiverio en el Casino de Oficiales de la ESMA y que no recuperaron la identidad, nunca dijo qué paso con mi padre, quien falleció en el sótano. Nunca tuvo ni tendrá una mirada humanitaria, ¿entonces por qué razón se le dan estos privilegios que atentan contra la justicia y generan impunidad?”, se preguntó Juárez.

El repudio de los trabajadores de la ANSES

Los empleados de la ANSES, nucleados en ATE, emitieron un comunicado aclarando que no querían atender “a estos personajes nefastos en la historia de la República”. “No estamos dispuestos a tolerar que paseen libremente por nuestro organismo aquellos que han avasallado el Estado de Derecho, deteniendo, torturando y desapareciendo a compañeros”, enfatizaron al recordar a los 11 detenidos desaparecidos de las ex cajas previsionales y centro de datos, luego fusionadas en la Anses.