POLICIALES

Violencia de género en la política de Iguazú: Un candidato detenido y otro con orden de captura

Dos candidatos a intendente de esta localidad fueron denunciados durante las últimas horas por sus exparejas por supuestas agresiones y desobediencia de disposiciones judiciales relacionadas a violencia de género y se libraron órdenes de detención inmediata firmadas por el juez de Instrucción, Martín Luis Brites.

De los dos postulantes a encabezar por el Poder Ejecutivo de la comuna, uno de ellos fue arrestado al caer la tarde de ayer, tras la presentación judicial de la denuncia por “lesiones leves” pero en el contexto de violencia familiar.

En este caso, el aprehendido es Sebastián Leal de 61 años, de oficio motorista del servicio internacional que une Iguazú con Foz y Ciudad del Este, a quien su exesposa de 38 años -con quien tiene seis hijos- acusa de haberla golpeado cuando se presentó en su local partidario a reclamarle por la manutención que habría dejado de cumplir y por la que estaba obligado judicialmente.

El otro caso correspondió a un traumatólogo de 38 años quien encabeza un sublema “Juntos Podemos”.

El juez ordenó este sábado por la mañana el dejar sin efecto la notificación de la causa por prohibición de acercamiento y ordenó la inmediata detención Mario René Machuca. La determinación corresponde a que el profesional de la salud no habría respetado la restricción impuesta que le impedía entablar contacto directo con su exconcubina de 36 años.

La decisión del juez Brites, de acuerdo a fuentes consultadas hasta anoche no se había concretado.

Stornelli: Un rebelde complicado

El Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación decidió por unanimidad abrir un sumario contra el fiscal federal Carlos Stornelli a raíz de sus faltazos a cuatro llamados a indagatoria en la causa donde está imputado por participar en operaciones de investigación, inteligencia y espionaje ilegal a través de su relación con Marcelo Sebastián D’Alessio. La decisión implica que Stornelli está cada vez más solo y más cerca de la posibilidad de ser suspendido o que se le inicie un jury de enjuiciamiento. Implica un reconocimiento de las irregularidades que se le atribuyen. A la vez, se da la paradoja de que sigue ganando tiempo sin presentarse ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, que lo declaró en rebeldía. El procurador Eduardo Casal deberá designar un fiscal sumariante que tendrá que elevar un informe para que el consejo determine finalmente el futuro del fiscal rebelde.

El consejo está integrado por los fiscales Adriana García Netto, Julio Piaggio, Alejandro Alagia, Guillermo Pérez de la Fuente y Oscar Ciruzzi. En las últimas semanas venían empatados, y empantanados, en sus posiciones.  Tendían, en su mayoría, a inclinarse por esperar a que la Cámara de Mar del Plata resolviera el cuestionamiento de Stornelli a su declaración en rebeldía. Pero ya pasaron casi dos meses, y finalmente –aunque el tribunal marplatense no definió ese punto– resolvieron abrir el sumario. Ante una acusación contundente y los faltazos a la vista de todos, no tuvieron más remedio que dar un paso. Por reglamento, el consejo tiene también la facultad de desestimar los planteos o impulsar directamente un enjuiciamiento, que podía dejarlo sin fueros durante el proceso. No se animaron a tanto. Con el fantasma del fracaso del jury a José María Campagnoli durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, donde no hubo sumario como paso previo, justifican en voz baja que optaron por el camino más largo.

En el universo del Ministerio Público fiscal también hay un importante sector que cree que éste es un caso sencillo porque lo que existe es una reticencia ostensible de un fiscal a presentarse a indagatoria y no hay mucho más que investigar, por ende habría que acelerar los pasos. Los más precavidos dicen que el sumario como paso intermedio es correcto, y que el fiscal debe tener la posibilidad de defenderse.

Lo que desconcierta es que los procedimientos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires son muy distintos. En provincia, el otro fiscal implicado en este caso, procesado ayer por asociación ilícita, Juan Ignacio Bidone, fue suspendido rápidamente por 90 días con posibilidades de prórroga ante un planteo del procurador Julio Conte Grand y la decisión de la Corte bonaerense. Allí está previsto ese mecanismo. La Procuración General tiene otro sistema, más burocrático, y que habilita la protección corporativa.

Ahora habrá que ver a quién designa Casal como fiscal instructor. Luego no tendrá plazo para investigar, pero no le espera algo muy complicado. Luego elevará un informe al consejo evaluador donde puede proponer el enjuiciamiento, o una sanción que también podría dejarlo sin fueros por un período (lo que lo obligaría a presentarse o permitiría su detención), o la desestimación. Según la ley de Ministerio Público, se considera una falta grave “ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la pérdida de actuaciones o la obstaculización del trámite o del servicio de justicia”.

La resolución recuerda todos los casos que Ramos Padilla le imputa a Stornelli y sus damnificados: las maniobras de “ablande”, “puesta en pánico” y “quiebre” del ex directivo de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat, ya que D’Alessio lo tiene al tanto a Stornelli hasta que lo lleva a declarar a su fiscalía para que se forme una causa sobre la filial argentina de la petrolera venezolana, donde incluso filma y saca fotos; el espionaje y la planificación de una cámara oculta sobre el abogado José Manuel Ubeira, que defiende a Oscar Thomas en la causa de los cuadernos, después de que Stornelli le pidiera a D’Alessio “dame una mano”; el espionaje sobre Jorge Castañón, ex marido de la actual esposa de Stornelli, Florencia Antonini Modet, que es requerido por el propio fiscal y D’Alessio hasta le propone plantarle droga para incriminarlo falsamente; el espionaje que habría “asentido y alentado” el fiscal sobre Victoria Munin, ex pareja del financista Alejandro Talevi, para perjudicarlo; el intento de cámara oculta a otro abogado de la causa de los cuadernos, Javier Landaburu, quien habría evaluado hacer una presentación ante escribano público “señalando que Stornelli habría coaccionado y agredido verbalmente a Paolo Rocca y Carlos Wagner”; las operaciones contra una delegación de empresarios uruguayos, argentinos, colombianos e iraníes; maniobras coactivas sobre Pablo Barreiro –ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner– bajo amenaza de quedar preso como su padre, Ricardo Barreiro, en la causa de los cuadernos si no aportaba datos y, a la vez, la omisión de denunciar los aprietes que denunció Barreiro en la fiscalía de Stornelli. Además, de haber consentido las operaciones y actos extorsivos sobre Pedro Etchebest, el denunciante original de esta causa, amenazado también de quedar pegado a la causa cuadernos si no pagaba 300 mil dólares.

Del texto de la comisión también surge qué argumentó Stornelli en su momento. Además de cuestionar la declaración de rebeldía y la competencia del juzgado de Dolores, sugirió que la investigación en su contra surge de “una maniobra ilícita” para “perjudicar” la causa de los cuadernos. Dijo que si él se presenta a declarar, da pie a que lo procesen y que eso podría “sembrar la semilla de la desconfianza de los múltiples acuerdos de arrepentidos que sostienen ese expediente”. Se apoyó en la increíble denuncia de las dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, basada en escuchas tomadas en el penal de Ezeiza en una causa sobre narcoterrorismo, donde aparecen hablando ex funcionarios kirchneristas, escuchas que debían estar destruidas por no tener relación con la causa donde fueron ordenadas. Uno de los problemas que tienen estas explicaciones, es que no explican –por ejemplo– las razones del espionaje a un financista o al ex marido de su esposa, que incluso declaró que ella le mandaba mensajes diciéndole que todo era mentira, que arreglara con  Carlos (Stornelli), que él ya había hablado con Mauricio Macri y que a Ramos Padilla lo iban a destituir.

Estela Arapayu, asesinada a martillazos y enterrada

La desaparición de Estela Arapayu había sido denunciada el 8 de mayo en la Comisaría de la Mujer de Jardín.

Luego de un allanamiento realizado este lunes en una vivienda de Colonia Oasis, el Juzgado de Instrucción Nº2 dispuso la detención del propietario, Lotario Puzin casado hace quince años con la víctima, situado en Colonia Oasis y se incautó el teléfono celular, una cartera y documentaciones,todos pertenecientes a su esposa.

Tanto en el celular como en un sector de la casa, se detectaron vestigios de sangre humana.

Ante estos resultados, el juez en turno dispuso la detención de Puzin, quien ahora está sindicado como principal sospechoso por la muerte de Arapuya, y permanece a disposición del Juzgado de Instrucción Nº2 de Jardín América.

Finalmente, esta mañana durante las tareas de rastrillaje los efectivos hallaron el cuerpo de la mujer.

Según los primeros datos recabados, la víctima habría sido asesinada a martillazos, luego de lo cual se ocultó el cuerpo en un pozo en el patio de la vivienda. El mismo estaba cubierto por una losa, por lo que se cree que quien lo hizo tuvo que cavar a un costado del mismo para colocarlo allí. En el lugar se secuestraron dos palas y un martillo.

Además se demoró al hijo de la pareja, de quince años de edad.

Lilita es un soldado

La causa por espionaje ilegal que se sustancia en la justicia federal de Dolores reveló, por ejemplo, que la diputada nacional y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, mantiene vínculos con el submundo de la inteligencia. Surgen nombres y apellidos a los que se vincula con “Lilita”.

El contacto con Carrió que ganó mayor notoriedad pública fue el del espía ilegal, Marcelo D’Alessio. El expediente que impulsa el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dejó al descubierto sus vínculos con la banda que integraba el falso abogado hoy detenido.

Desde la mano derecha de Carrió, la diputada nacional Paula Oliveto, a la propia referente de la Coalición Cívica, se reunieron con el espía. Por ejemplo, D’Alessio visitó a Lilita en su casa de Exaltación de la Cruz.

Según declaró como testigo en Dolores, bajo juramento de decir verdad, el periodista Rolando Grañaafirmó:“D´Alessio tenía contacto con Paula Oliveto y me contó con lujo de detalles cómo se había reunido con Elisa Carrió en Exaltación de la Cruz, que Paula Oliveto lo lleva a ver a Elisa Carrió y que él habló sobre temas de narcotráfico largamente”.

Ante el peso de las evidencias, Oliveto no tuvo más remedio que blanquear que ella también se encontró con el espía ilegal. “Me habré reunido con él tres o cuatro veces en mi despacho. Él dijo que tenía información sobre el narcotráfico y el triple crimen”, afirmó. Sus contactos telefónicos fueron más fluidos. Por ejemplo, Oliveto fue una de las personas a las que D’Alessio contactó luego del allanamiento a su casa, antes de ser detenido.

Es por esa relación cercana con D’Alessio que Ramos Padilla resaltó en la imputación del falso abogado que “realizaba actividades de inteligencia y espionaje ilegales para reunir información que era puesta a disposición de distintos funcionarios públicos, miembros de los Ministerios Públicos Fiscales nacional y provincial, legisladores nacionales y/o periodistas. En particular, esta información era puesta a disposición de las Diputadas Nacionales Paula Olivetto, Elisa Carrió, del fiscal Carlos Stornelli y de Daniel Santoro, entre otros”.

Entre los distintos delitos que se investigan en Dolores figura el armado de causas.

Paro el 24 y el 25 de abril

El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de CONADU Histórica aprobó convocar a un paro general de 48 horas los días 24 y 25 de abril y confluir el día 30 en el Paro Nacional con el conjunto de las centrales sindicales, sindicatos y movimientos sociales contra las políticas de ajuste del gobierno de Macri y el FMI.

El docente universitario y dirigente de la CONADU Histórica, Mario Coutouné habló sobre la medida de fuerza. Se mostró en contra de las maniobras dilatorias del gobierno nacional que postergó la última reunión paritaria para el próximo viernes 26. Y apuntó a las otras federaciones y gremios (CONADU, FAGDUT, CTERA Y UDA) de colaborar con las autoridades educativas para cerrar un acuerdo paritario por debajo de la línea de indigencia.

“Nuestro reclamo es un básico de 27 mil pesos para el cargo testigo, es decir, aquel docente que cumple 20 horas de trabajo semanal con título de grado. Hoy cobrará 15.300 pesos, está por debajo del nivel de indigencia”, explicó Coutouné y advirtió que “en este momento la universidad está funcionando con las cuestiones elementales” dejando atrás las áreas de investigaciones científicas.

En la reunión de secretarios generales también se acordó convocar a un nuevo plenario para el próximo jueves 2 de mayo a efectos de evaluar el estado de las negociaciones. La Federación CONADUH advierte que en caso de no haber respuestas satisfactorias a los reclamos, habrá nuevas medidas de fuerza en la semana del 6 de mayo.

Humo Sobre el Agua

Un hombre de nacionalidad paraguaya, con domicilio en Buenos Aires, fue detenido este domingo a las 23 aproximadamente en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

Según los primeros datos el narcótico fue hallado en un control de rutina en la Aduana de Posadas cuando el vehículo, de patente argentina, reingresaba al país.

En el rodado viajaban el chofer, de 30 años,  acompañado por su mujer, su madre y su hijo de tres años, y había ido a pasar el fin de semana de pascuas en el vecino país visitando a parientes.

Al revisar el vehículo, los agentes hallaron el estupefaciente oculto en el tanque. El hombre fue detenido y quedó a disposición del Juzgado Federal.

Santiago llegó a La Corte

La causa por las escuchas en el caso Maldonado llegó a la Corte Suprema. La abogada de la familia del mochilero que estuvo desaparecido luego de la represión a los mapuches de Cushamen acudió ante el Máximo Tribunal en queja, porque la Cámara de Casación le denegó el recurso federal para apelar el fallo que ordenó anular y destruir el resultado de las pinchaduras a los teléfonos de los testigos de la causa por el hábeas corpus de Santiago Maldonado: su amigo Ariel Garzi, la mapuche Claudina Pilquiman y Marcela Stocovaz, de la red de apoyo a las comunidades originarias, así como el celular de su hermano, Sergio Maldonado. El 10 de mayo del año pasado el juez de instrucción subrogante Gustavo Lleral dispuso que esas intervenciones telefónicas fueron inconstitucionales, a pesar de haber sido ordenadas por el ex juez del caso Guido Otranto, y por eso debían ser destruidas. La fiscal del caso apeló esa resolución, porque aportó esas «pruebas» en los expedientes contra los testigos mapuches, hasta que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le hizo lugar y así les dio validez legal, por lo cual ahora es el turno de la Corte. «El estado ejerce su violencia, no solo al reprimir, desaparecer, mentir, ocultar pruebas e información si no también atacando a las víctimas mediante seguimientos, escuchas ilegales y espionaje», escribió Sergio Maldonado en un posteo que tituló como «las caras de la violencia estatal».

l mayor de los hermanos Maldonado definió que él y su familia son «víctimas de una metodología que implementada por el Ministerio de Seguridad, combina espionaje de las fuerzas, un brazo judicial con jueces y fiscales presionados que investigan a las víctimas en lugar de investigar a los culpables y una estructura de medios y periodistas especializados en desviar los temas y sembrar noticias falsas». Desde el 1 de agosto de 2017, cuando Santiago desapareció tras un operativo represivo de Gendarmería en territorio mapuche recuperado de Cushamen, su hermano y cuñada fueron objeto de seguimientos secretos y explícitos, pinchaduras de sus teléfonos e incluso de campañas en las redes en contra del producto que fabrican, el té Wallys Patagonia. En particular, los diálogos que filtraron algunos medios fueron utilizados para desacreditar a los testigos mapuches.

 

Hace poco, Ángela Torres lapidó a Juan Darthés tras la denuncia de Thelma Fardín por violación. En aquel momento, la joven que compartió varias escenas con él en «Simona», ficción que se emitía en El Trece, aseguró: «Fue horrible. pasé momentos recontra angustiantes. Darthés es un violador».

Invitada al ciclo de Andy Kusnetzoff, la actriz volvió a recordar su experiencia laboral con el actor, quien actualmente vive en Brasil junto a su familia: «A mí para hacer Simona me prepararon como tres años, hablándome sobre lo que significaba llevar un proyecto al hombro. Adrián Suar se reunió mucho conmigo, yo ya había podido ver cómo trabajaban otros, y además vengo de una familia de artistas. Vi cosas malas, muy malas y cosas buenas, muy buenas. Tenía más o menos una idea de cómo manejar la situación, y obviamente lo de Juan es algo que vino de rebote”.

Luego admitió: «Cuando me dijeron que iba a a ser él uno de los protagonistas, yo no sabía nada de lo que pasó con Calu, pero admito que no me puse contenta. Había un ruido. Mi mamá (Gloria Carrá) trabajó con él en Patito Feo y yo estuve mucho ahí porque mi colegio era enfrente de donde grababan, y recuerdo que con Griselda Siciliani estaba todo mal, así que entré con un concepto de él, que al final, no estaba tan errado”.

Piden y no le dan

Las organizaciones sociales se declararon en estado de alerta y se preparan para hacer sentir en la calle el reclamo de sus bases, en caso de que el gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, continúe sin brindarles respuestas en medio de la difusión del incremento de los índices de pobreza.

El jueves, Stanley suspendió la reunión que tenía prevista en esa cartera con los movimientos sociales. «No había posibilidad de dar respuesta a los reclamos», sería parte de la explicación con la que se encontraron las organizaciones.

En consecuencia, la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero, entre otros, anunciaron la intensificación de las medidas, juntas o por separado.

Gildo Onorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)), analizó: «Esto excede la Ley de Emergencia Social. Porque acá hay un salto en la canasta básica y una devaluación de la moneda que impacta sobre todos los trabajadores y especialmente en los más humildes. Nosotros estamos planteando una recomposición de los programas de empleo acorde a la inflación. Y con los índices de pobreza anunciados es más que razonable».

La canasta básica para una familia tipo (padre, madre, un hijo y una hija menores de edad), para poder vivir mensualmente es, según el Indec, de $ 27.570 pesos. El salario mínimo, vital y móvil, es de $ 12.500. Y la llamada canasta alimentaria, el ingreso mínimo que requiere una familia tipo para dejar de ser indigente, es de $ 11.117,11 pesos. Ante estas cifras, Onorato marca que «los programas de empleo están en 6000 pesos. Ni siquiera llegan a la canasta alimentaria».

Por ello, varias de las organizaciones sociales acompañarán la movilización de la CGT convocada para el próximo 4 de abril. Y en caso de no mediar respuestas, el grueso de las organizaciones prevé concretar, el próximo diez de abril, una Jornada Nacional general con diferentes acciones callejeras.

Para Daniel Menéndez, de Barrios de Pie «el gobierno muestra una improvisación enorme. El problema es que no hay pensada ninguna política pública que se pueda anunciar para mejorar la realidad». Además, Menéndez anunció que Barrios de Pie tiene previsto el 3 de abril una movilización a la sede de la firma Mastellone Hermanos SA, en Puerto Madero, «para reclamar que dejen de especular con el precio de la leche y que haya abastecimiento».

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, marcó: «Es alarmante para miles de familias, que ni siquiera haya un anuncio social de parte del gobierno simultáneamente al anuncio de los datos del Indec». El PO votó movilizarse el 4 de abril, pero no en la marcha de la CGT, porque plantean, entre otros puntos, «que no hay un paro nacional como debería haber, de 36 horas con movilización». También para ese día evalúan un acampe en la Avenida 9 de Julio. Y posteriormente «unificar acciones de lucha» en la Jornada Nacional general.

Habría posibilidades de reunión con el gobierno para el 3 de abril. Si se concreta, de allí dependerá, en gran medida, si se levantan medidas. O si, caso contrario, la protesta sube la temperatura social.

Desde el Movimiento Evita también acusaron a la cartera de Desarrollo Social de desfinanciar 17 Espacios de Primera Infancia (jardines comunitarios) para niños y niñas de entre 45 días y tres años bajo la gestión de organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires. Entre otros puntos, las directoras de esos EPI reclaman siete meses de atraso en salarios de trabajadoras y alimentos «en perjuicio de 1700 niños y bebés» en territorio bonaerense. «En la Provincia tenemos 17 espacios que funcionan desde 2018. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hace desembolsos cada seis meses. Nosotros recibimos sólo uno, el año pasado, con un retraso de cuatro meses. El segundo desembolso, deberíamos haberlo cobrado en octubre y todavía no lo recibimos», cuenta a Tiempo Carolina Pedelacq, directora del jardín comunitario Juana Azurduy, del distrito de San Martín.  Y detalla que en el transcurso de este mes «habilitaron algunos pagos en cuentagotas» a cinco de los 17 EPI afectados. «Los jardines se sostienen por el compromiso de las mujeres de los movimientos populares. Hacemos un esfuerzo enorme por no dejar a las familias tiradas como pretende la ministra Stanley».  «

El juego del Poli-Poli: Tiroteo entre la Federal y la Bonaerense

El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, informó que hay tres detenidos, pertenecientes a la Policía de la provincia de Buenos Aires, como consecuencia del tiroteo de anoche de Avellaneda, en un operativo en el que se enfrentaron efectivos de ambas fuerzas. En el enfrentamiento, murió un comisario de la policía provincial y dos efectivos de la Federal quedaron heridos en grave estado. Además, se dispuso el pase a disponibilidad de cuatro policías bonaerenses.

El fallecido fue identificado como Hernán David Martín, de 43 años, y tras el hecho la fiscal del caso, María Soledad Garibaldi, ordenó allanar la DDI de Avellaneda. El procedimiento culminó cerca de las seis de la mañana de hoy, en búsqueda de pruebas ligadas a la investigación sobre extorsiones o bien al narcotráfico, actividades en las que estarían involucrados los arrestados, que fueron llevados a la UFI 4 de Avellaneda para ser indagados.

El tiroteo se dio a las nueve de la noche del viernes en una estación de servicio Shell ubicada sobre el Acceso Sudeste y Madariaga. Según se informó, policías de la Bonaerense habían pactado un encuentro en ese lugar con una mujer para recibir dinero, aparentemente fruto de una extorsión, y que los había denunciado.

«La denunciante hizo saber que le estaban exigiendo que entregue una parte de dinero», contó la fiscal Garibaldi. «Fueron a interceptar a dos personas que andaban solicitando dinero y terminó con este lamentable hecho», agregó sobre un hecho “relacionado con drogas”, motivo por el cual la División Antidrogas  Urbanas se hizo presente en el lugar.

La mujer fue interceptada el jueves por efectivos policiales y le reclamaron 200 mil pesos para no iniciar una causa por narcotráfico. Ella accedió a pegar 30 mil, que es lo que tenía en ese momento, y quedó en pagar el resto en la Shell. En el medio, hizo la denuncia y la fiscal Garibaldi envió a los federales.

El comisario Roncaglia precisó además que la fiscal había ordenado interceptar el pago de la extorsión, de 170 mil pesos. «Para eso se organiza un operativo con doce policías en forma encubierta y se le indica a la mujer que fuera hacia la zona de la confitería, adonde llega una persona mayor, robusta que se le acerca y a quien le entrega el paquete con la plata preparada, microfilmada y numerada por los efectivos de Drogas Peligrosas», narró el jefe de la Federal.

Quien recibió el dinero fue el capitán Franicevich. Martín, que era comisario del gabinete de drogas de la DDI de Avellaneda, se tiroteó con los federales cuando quiso escapar en un Toyota con el que embistió a un policía.

Entre los detenidos figura un capitán de la Bonaerense, identificado como Eduardo Franicevich, acusado de participar de la extorsión junto al comisario Martín, y perteneciente a la DDI de Lanús. Los otros arrestados son el subcomisario Luis Otero y el oficial subayudante Silvio Vergara.

Roncaglia contó que uno de los efectivos heridos, el cabo primero Claudio De Carlo, fue intervenido en el hospital Fiorito tras recibir cuatro impactos de bala Un herido recibió un disparo en una pierna; el otro, cuatro impactos de bala en el cuello, el abdomen y en las extremidades. El otro fue herido en una pierna. Se trata del sargento Sergió Arán, que fue llevado al Hospital Churruca.

“Yo pensaba ‘qué locura, este tipo cómo va a hacer lo que hizo’, más allá del delito de extorsión, termina a los tiros hiriendo a dos policías y termina muerto”, reflexionó Roncaglia.