NACIONALES

La unidad del Frente de Todos crece en el Congreso tras la decisión del ex presidente y ex gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá de sumarse al bloque que lidera el peronista José Mayans y la confirmación de que tres diputados puntanos serán parte del bloque que conduce Máximo Kirchner. De esta manera, el presidente electo Alberto Fernández contará con un número holgado para lograr el quórum en la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja quedará muy cerca de los 129 diputados necesarios para sesionar.

La unidad legislativa se gestó ayer por la tarde en una reunión que encabezaron Máximo Kirchner y Rodríguez Saá, luego de la gestión del diputado santafesino Marcos Cleri. También estuvieron los diputados de San Luis que se integrarán al interbloque desde el 10 de diciembre: Carlos PonceKarim Alume Sbodio y Victoria Rosso. Si bien en días dejarán sus bancas, los legisladores por esa provincia, Ivana Bianchi y Andrés Vallone, también se suman a la unidad.

Apenas se concrete el recambio parlamentario el 10 de diciembre, los legisladores deberán enfrentar su primer desafío: el 12 se espera que ingrese el Presupuesto 2020, la ley de leyes, clave para la administración de Alberto Fernández. El proyecto había sido enviado por Mauricio Macri en septiembre fue reelaborado por el equipo del futuro ministro Matías Kulfas. Se especula que será llevado al recinto de la Cámara baja el 18 de diciembre.

¡¡¡Pero quién quiere ir a lo de Susana, caretas!!!

Después de varias idas y vueltas, finalmente se confirmó el elenco completo de “Casados con hijos” para el teatro. Florencia Peña, Guillermo Francella, Érica Rivas, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis serán parte de este “regreso” del suceso televisivo, que traspasará la pantalla para subirse a las tablas el año próximo.

Para hablar de lo que será la vuelta de esta exitosa comedia, el elenco eligió el living de Susana Giménez, pero algo llamó mucho la atención de los televidentes: la ausencia de Rivas. La actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la sitcom emitida por Telefé fue la última en firmar contrato; quería revisar personalmente el guion para asegurarse de que no tuviera tintes machistas. “Me cuesta mucho ver qué se va a hacer. Es algo que me preocupa. No sólo por mi personaje, sino por toda la serie. ¿De qué nos reímos? Estábamos amparados por un paradigma, ahora que eso cambió es raro. Hay que ver qué es lo que se va a decir”, decía hace algunas semanas.

“Al parecer, después de la acusación pública de Rivas contra Ricardo Darín por maltrato y destrato, Susana le ‘hizo la cruz’. Dijo: ‘Nunca más esta chica en mi living’ y no pudieron convencerla, ni siquiera Gustavo Yankelevich, productor de la obra e íntimo amigo de la diva de los teléfonos”, explicó Guido Zaffora, panelista de “Intrusos”.

Mientras que las excusas por su ausencia fueron su cumpleaños y un viaje a España, al parecer estas no serían las verdaderas razones de su faltazo al programa de la diva. “Alguien dijo: ‘Esta chica que no venga’”, lanzó Zaffora en tono enigmático el lunes al mediodía, ni bien comenzó “Intrusos”. Esto llamó la atención, porque Érica había estado muchas veces en el programa, sobre todo en la presentación de películas como “La cordillera” o “Relatos salvajes”.

De hecho, “Susana le decía que era la mejor actriz cada vez que se la cruzaba”, agregó el periodista.
Tiempo atrás, Érica había dicho: “Cuando recibí maltratos de Ricardo, tanto personales como laborales, decidí rescindir un contrato para ir a hacer la obra a España. Lo primero que me acordé cuando estaba en el medio de toda esa mierda era llamar a Valeria para pedirle disculpas por no haberla llamado antes. No me quiero imaginar el dolor que debe haber sentido”.

Hijes de Yuta

Hacía dos semanas que Santiago Maldonado estaba desaparecido y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondía por ese crimen en el Senado. Cuando le preguntaron por el rol en la represión a la Pu Lof de Cushamen del comandante Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, la funcionaria respondió: «No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades, me la banco yo».

Mientras la investigación por la desaparición seguida de muerte del tatuador anarquista sigue sin un sólo imputado, sin juez y sin precisiones sobre lo que pasó el 1 de agosto de 2017, hoy las autoridades de Gendarmería realizaron un acto en el cual entregaron a Bullrich un sable en el cual grabaron aquella frase, que en aquel momento fue una provocación para la familia y los organismos de derechos humanos, que señalaban a esa fuerza como responsable en el crimen y en su encubrimiento.

La propia ministra misma subió el video en el que le hacen leer esas palabras, poco antes de fundirse en un abrazo con el jefe de los gendarmes.

No se fuga maaaaaaaaaaás

Mauricio Macri transita los últimos días en el gobierno para pasar a una agenda muy apretada en la Justicia. Y es que, a una semana de terminar con su gestión, fue denunciado por «delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público» en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

«Este segundo acuerdo con el FMI es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo», argumenta la denuncia.

Además, los denunciantes explican que «desde el 22 de Junio del 2018 al 16 de Julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido».

La denuncia fue realizada por Claudio Raúl Lozano, de Unidad Popular, y Jonatan Emanuel Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Ambos apuntaron penalmente contra el presidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y Guido Sandleris, titular del Banco Central.

A dichos funcionarios les adjudican «los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, previstos y reprimidos en el artículo 248 del Código Penal y de administración fraudulenta contra administración pública». La denuncia tramita por el Expediente N° 8.853/2019 y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del juez Dr.  Sebastián Roberto Ramos.

Por último, no dejan escapar la responsabilidad del organismo económico internacional, al que definen como «cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri» por «instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales».

Todos a la bolsa

Desde hace un tiempo, la diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió realizo una denuncia penal por supuesto manejo discrecional de la AFIP y supuestas «coimas», centrándose en el caso de la empresa de Fabian de Sousa y Cristobal López, “Oil Combustibles”. Sin embargo, se conoció que existen diversas personas que solicitaron el denominado «Artículo 32» bajo el mismo trámite. La lista es extensa y diversa: Desde clubes de fútbol hasta animadoras de televisión de la talla de Susana Gimenez, Mirtha Legrand y super modelos.

En su totalidad son 1232 personas -entre físicas y jurídicas- que están siendo notificados de que existe una causa en su contra por haber sido beneficiarios de los 1613 planes especiales de la AFIP otorgados durante la gestión de Ricardo Echegaray para poder financiar en cuotas sus deudas con el fisco.

De esta manera, constructoras, estrellas de televisión, modelos, clubes entre otros se encuentran ahora en esta causa judicial, que Carrió impulsó para apuntar exclusivamente contra las empresas del grupo Indalo. Todos ellos recibieron idéntico tratamiento administrativo en el organismo recaudador que la petrolera Oil Combustibles, que hoy enfrenta un  juicio oral por supuesta defraudación al Estado por haberse acogido a esos planes de facilidades y pagar en cuotas el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

Todo el inicio de esta causa se inicia con la denuncia de la líder de la Coalición Cívica contra todos quienes fueron aprobados para ingresar en el régimen denominado “Artículo 32”, entre el 2010 y el 2015. Originalmente, apuntó únicamente contra los empresarios dueños de Indalo pero, al ver que sus blancos predilectos no habían tenido un tratamiento privilegiado, decidió ampliar el abanico hacia todos los beneficiarios por esta moratoria.

Señala de esta manera el artículo de Gabriel Morini en Ámbito Financiero que Carrió le agregó una segunda curiosidad a su denuncia: dijo que “podría haber habido coimas por un sinnúmero de planes de facilidades de pago”.

Esa situación es cuestionada ya que en todos los cargos por los que Oil fue a juicio a partir de la denuncia de Carrió y de la AFIP. En conjunto, nunca se había mencionado la posibilidad de que hubiese sobornos. Sin embargo, es el mismo plan al que accedieron otras personas físicas y jurídicas.

También señala el artículo que, a pesar de tener un tiempo considerable en el fuero penal y económico, muchos involucrados no han sido notificados. Por eso es que ahora se los está citando de a tandas para notificarlos de la existencia de la investigación y que propongan defensa. Se conoce que hasta el momento se convocó alrededor de 200 personas que aparecen en los listados. Los demás estarán en lista de espera en lo que se vislumbra como una mega causa que podría no tener destino si se verifica que el otorgamiento masivo de planes estuvo ligado a un plan de regularización.

«Tengo la condena escrita pero me absolvió la historia»

La ex presidenta y actual vicepresideta electa, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este lunes, en el marco de un estricto cerco periodístico decidido por el TOF 2 que impidió la televisación de la audiencia, en el juicio conocido como de la «Obra Pública» en Santa Cruz. Durante su ponencia, que se extendió por más de 3 horas y media, se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio. Cuando ya estaba retirándose de la sala de audiencias, el presidente del TOF, Jorge Gorini, le preguntó si iba a responder preguntas: “Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, le espetó, en un cierre que explica la intención del tribunal de evitar que se transmitiera la declaración. Tal fue el conflicto que hasta en la sala de periodistas se cortó la imagen de la audiencia desde las 12 del mediodía y solo pudo escucharse el audio del proceso.

La vicepresidenta electa, que comenzó a declara a las 10, puso en contexto político su situación judicial. Dijo que el Lawfare se instauró para volver a implementar un modelo de país neoliberal. “Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, había que traer de vuelta al FMI. Para traerlo había que convencer que el que le pagó era un chorro y que vino solamente a la presidencia a robar y saquear al país. Eso lo hicieron. Y por eso estoy sentada acá”, señaló.

En varios pasajes de su testimonio, la expresidenta cuestionó al juez federal Julián Ercolini, quien impulsó la causa por la supuesta corrupción en la obra pública en Santa Cruz, con la que se persiguió a ella “y a mis hijos”. Lo definió como quien “provocó que mi hija se enfermara” y “un juez mutante”. “Cambió el gobierno y cambió Ercolini (de postura). Por eso le digo ‘el mutante’”, explicó. Es que Ercolini tuvo posturas disímiles en denuncias similares sobre la obra pública en Santa Cruz y avanzó decididamente contra Cristina una vez que Macri asumió la presidencia.

También dedicó definiciones como “corsarios judiciales” a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes actuaron en la instrucción de esta causa.

A la hora de fustigar  la dinámica de los tribunales federales de Comodoro Py dedicó un apartado al presidente de la Cámara Federal porteña, el tribunal de alzada en el edificio de Retiro. “La doctrina Irurzun fue diseñada en la mesa judicial del gobierno que se va”, dijo respecto a la doctrina por la cual ex funcionarios kirchneristas investigados debían ser detenidos porque podían obstaculizar la pesquisa en cuestión.

Martín Irurzun también está al frente de la DAJUDECO, la dirección que tiene a cargo las escuchas judiciales. Y también fue interpelado por la expresidenta cuando recordó que “nunca se filtró una letra de una escucha” cuando las interceptaciones estuvieron bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, esto es, bajo supervisión de la fiscal Cristina Caamaño, en la gestión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, durante la gestión kirchnerista. Como contraposición mencionó cómo se expusieron sus diálogos con Oscar Parrilli en los medios de comunicación oficialistas. “¿Eso no es persecución, no es Lawfare?”, se preguntó.

Algunos de los pasajes más destacados de la audiencia fueron los siguientes:

Juicio de la Obra Pública

“Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción en la Obra Pública. Lawfare puro”.

Ercolini y Bonadio

«Tengo una suerte para los sorteos, siempre me tocan Bonadío y Ercolini».

El alquiler

“Los fiscales (Pollicita y Mahiques) dicen que el retorno de las obras públicas que hacía Lázaro Báez en Santa Cruz se pagaba a través del alquiler del hotel Alto Calafate. Y dicen que las obras fueron por $16 mil millones y los contratos por $20 millones (por cinco años). Bastante idiotas para ser delincuentes”.

Allanamiento

Respecto al allanamiento que hizo el juez Claudio Bonadio en su casa, afirmó: “Llama la atención que un allanamiento como nunca le hicieron a nadie, se haya extendido por 3 días y transmitido a lo largo  y ancho del país. Rompieron mi casa. ¿Cómo defienden la integridad? Se puede allanar pero no llevarse lo que no corresponde. O que entren a la casa de mi hija que estaba con sus beba para no se sabe qué”.

Persecución a peronistas

Respecto a la persecución judicial, dijo: “Esto pasa en la Argentina y siempre contra los peronistas. Siemprre. En el pasado y en estos últimos 4 años. Nunca vi que le hayan allanado la casa a (Federico) Sturzengger o a (Fernando) De la Rúa por el megacanje. Siempre le digo a Florencia. ‘Imaginate si Perón y Evita hubieran tenido hijos. Si a ella le hicieron lo que le hicieron muerta, imaginate con los hijos’. Todo peronista que tiene plata es corrupto. Si no sos peronista y sos multimillonario, por el juego, por comisiones de la deuda externa, se presume honesto. Si sos peronista seguro sos corrupto. La presunción es de culpabilidad”.

Lázaro Báez

“No soy amiga de Lázaro Báez. Nuca fui amiga de Lázaro Báez. Pero no voy a tolerar que se diga que porque es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en al dictadura. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista”, añadió.

La grieta

En otro pasaje de su extensa y vehemente declaración, se refirió a la supuesta “grieta” que divide a los argentinos: “Que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta, no entienden que son los intereses de los millones de argentinos, de trabajadores que se quedaron sin trabajo, de empresarios que cerraron sus empresas, de gente que duerme en la calle. Qué grieta!”.

La OA y la UIF

«El Gobierno utilizó a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para impulsar las causas judiciales».

La sucesión

“El dinero de la sucesión que tenía mi hija no estaba paraísos fiscales sino en un banco nacional. Y pudo explicar todo por eso no tiene una causa por lavado”, dijo sobre los dólares que tiene embargados Florencia Kirchner. “No me encontraron en Seychelles ni en Panamá Papers porque todo está en nuestras declaraciones juradas”, añadió, en clara alusión al presidente Mauricio Macri, cuyo nombre apareció en la filtración de los Panamá Papers.

La transmisión

El conflicto por la transmisión de la audiencia escaló tanto que Cristina lo mencionó al inicio de la audiencia. “¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa esté sentada acusada de integrar una asocación ilícita”?, interrogó al tribunal que rechazó el pasado viernes por 2 votos contra 1 que se difundiera el proceso. Este lunes, ante un nuevo planteo de la defensa de CFK, los jueces Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu (quien había disentido antes) volvieron a negar la transmisión, esta vez por unanimidad.

Tal fue el caos que provocó la filtración de pasajes de la audiencia que ya concluido el debate oral y público, la policía del edificio de Retiro siguió buscando cómo fue que se difundió por algunos canales de televisión. La indicación del tribunal era que se evitara por todos los medios darle micrófono y cámara a Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo contrario a lo que hizo en el inicio de este juicio.

Referentes nacionales de  Generación Patriótica se reúnen con Victoria Tolosa Paz.

En el marco de las reuniones que la dirigente realiza con diferentes espacios políticos, tuvo lugar un especial encuentro con referentes de Generación Patriótica de distintos sectores y puntos del país.

Generación Patriótica es un espacio de confluencia política nacional, federal e intersectorial que ya tiene más de cuatro años de vida. Jóvenes dirigentes universitarios, gremiales, sindicales, políticos, sociales, académicos y territoriales, de distintas tradiciones y provincias, trabajan coordinadamente en la producción de propuestas de políticas públicas y en la tarea de formar cuadros técnico-políticos dispuestos a aportar ideas y trabajo a un proyecto nacional equitativo y de crecimiento.

Al respecto, Leonardo Moyano expresó “para nosotros es un orgullo seguir laburando con una compañera como Victoria con la que venimos cruzándonos en la militancia desde hace muchísimos años. Eso es lo que tiene para aportar nuestro espacio, compromiso, militancia, organización federal y la experiencia acumulada en todos estos años de trabajo en cada uno de nuestros sectores y territorios”.

También hicieron sus aportes Sastian Raspa, del sector cooerativo, Matías Strasorier del Centro de Estudios Agrarios y Agustina Pan, del espacio Identidad Conurbana.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz, quien se encuentra entre las estrechas colaboradoras del presidente electo Alberto Fernández manifestó “…es imposible no emocionarme en cada uno de estos encuentros donde nos llenamos de fuerzas militantes. Mientas estamos reunidos acá, hay familias que se están acostando con un mate cocido como cena y eso no nos puede pasar. Creemos en que el Estado tiene que hacer todo para, de una vez y para siempre, el derecho a un plato de comida sea un asunto resuelto en la Argentina y eso será una responsabilidad de cada uno de nosotros”, en referencia al Plan Argentina Contra el Hambre que tendrá la centralidad de gestión los primeros meses del nuevo gobierno con el objetivo de atender la crisis y el déficit alimentario que castiga a cientos de miles hogares argentinos.

“Como dijo alguna vez Athaualpa Yupanqui “esta es su casa paisano, ahí puede pegar el grito”, así el nuevo gobierno encontrará en cada rincón de la Patria un espacio de organización política y trabajo que hemos realizado con esfuerzo y convicción, convencidos de todo lo que hemos aprendido para poner al servicio de este proyecto de reconstrucción nacional”, sostuvo Agustina Díaz de la provincia de Entre Ríos.

Con una agenda de propuestas y trabajo conjunto, se inaugura una etapa que que parece tener el protagonismo de una nueva generación de dirigentes que se sumaron tempranamente a la política y  hoy cuentan con la experiencia necesaria para afrontar los duros desafíos que vendrán luego del próximo 10 de diciembre, tras cuatro años de retroceso económico y social.

Renuncia y jura

El Senado trató esta tarde la renuncia de Cristina Kirchner, quien asumirá como vicepresidenta de la Nación, como así también la jura de los nuevos integrantes de la Cámara alta que comenzarán su labor en las sesiones extraordinarias que convocará el presidente electo, Alberto Fernández. Además aprobaron por unanimidad el pedido de licencia del tucumano José Alperovich.

CFK renunció a su banca para asumir como vicepresidenta a partir del 10 de diciembre. La Cámara también aprobó por unanimidad la renuncia a la banca del senador peronista Omar Perotti, electo gobernador de Santa Fe. Como reemplazantes, el Senado, tomó juramento a Jorge Taiana en lugar de la expresidenta y a Roberto Mirabella, quien ocupará la banca que deja Perotti.

En otras designaciones, la santiagueña Claudia Ledesma asumió como presidenta provisional del Senado y al misionero Maurice Closs como vicepresidente primero. Por su parte, el interbloque de Cambiemos dejó vacantes los cargos que le corresponderán hasta que haya una reunión para resolver qué lugares le tocarán al PRO y cuáles a la UCR, según informó Noticias Argentinas.

Por la ciudad de Buenos Aires jurarán Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) y Mariano Recalde (Frente de Todos), mientras que por Chaco lo harán María Inés Pilatti, Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio).

En tanto, Alfredo de Ángeli, Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) y Edgardo Kueider (Frente de Todos) jurarán por Entre Ríos, y Oscar Parrilli, Blanca Sapag (Frente de Todos) y Lucila Crexell (Juntos por el Cambio) por Neuquén.

Por Río Negro prestarán juramento Martín Doñate, Silvina García Larraburu (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Somos Río Negro) y por Salta lo harán Sergio «Oso» Leavy, Nora Giménez (Frente de Todos) y Juan Carlos Romero.

Finalmente, por Santiago del Estero asumirán Claudia Ledesma, José Neder (Frente Cívico) y Gerardo Montenegro (Frente de Todos) y por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, María Eugenia Duré (Frente de Todos) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio).

Además de la jura de los 24 nuevos legisladores y la elección de los cargos, el Senado aprobó por unanimidad el pedido de licencia del legislador José Alperovich, quien llegó a la Argentina este miércoles, tras haber pasado unas vacaciones en Estados Unidos en medio de las cuales fue denunciado por una sobrina que lo acusó de abuso sexual.

Nada que decir, Señor Juez

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se negó a declarar hoy ante el juez Luis Rodríguez por la causa donde se investiga su responsabilidad en el negociado que armó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren con Shell. La funcionaria presentó un escrito donde trató de defender su inacción ante el conflicto de intereses entre el titular de la cartera y la empresa que había presidido meses antes.

La causa inició en 2016 con la denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, luego de que le presentaran a la OA un reclamo para que investigue las incompatibilidades de Aranguren. Sin embargo, ante la inacción de Alonso, debieron pedir una pesquisa en Comodoro Py.

Luego de esquivar a la prensa que se había reunido para entrevistarla, Alonso le planteó hoy al magistrado que “la falta de iniciación de oficio del expediente no se produjo como consecuencia de una omisión, sino simplemente porque la denuncia fue recibida en forma casi simultánea a que comenzaran a estudiarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios”. En el documento que presentó, al que accedió El Destape, argumentó que no estaba al tanto del vínculo del entonces ministro con la petrolera: “Se recibió el 16 de marzo de 2016 una denuncia en la que señalaba que Aranguren, además de haber sido previamente presidente de Shell Argentina, era también tenedor de acciones de la empresa Royal Dutch Shell, circunstancia hasta entonces desconocida”.

Alonso, cuyo trabajo debería ser velar por los intereses del Estado, se atajó por las consecuencias penales de sus acciones al plantear que “los conflictos de intereses no pueden asimilarse a los delitos ni implican necesariamente su comisión. Puede haber un conflicto de intereses que no derive en la comisión de un delito y, a la inversa, puede haber un delito sin la configuración objetiva de una situación de conflicto de intereses”.

Según la secretaria de Estado, “ante la primera noticia de que podía llegar a existir una posible incompatibilidad en cabeza de Aranguren, la OA inmediatamente adoptó todas las medidas que normativamente correspondían, tras lo cual concluyó que no había incurrido en una infracción a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública”. En un escrito de 15 páginas, la funcionaria macrista admitió que a través de la resolución que dictó el 9 de septiembre de 2016, “en el caso bajo análisis no existió un conflicto de intereses, ni una incompatibilidad de Aranguren para ejercer el cargo, ni una violación del deber de abstención o excusación que recaía a su respecto”.

Esa polémica resolución remarcó que el ministro no debía vender sus acciones: “Aranguren no tiene obligación legal de desprenderse de las acciones que posee en la empresa Royal Dutch Shell”. Para Alonso, bastaba con que el petrolero se excuse de intervenir en las cuestiones relacionadas con la compañía.

“Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado”, opinó en el escrito la secretaria de Ética Pública.

Luego de entregar el papel, se retiró sin dialogar con la prensa, con una clara molestia hacia los periodistas presentes, según relató Lucas Martínez en El Destape Radio. Un comportamiento consistente con sus cuatro años de gestión, en los que se negó a aceptar entrevistas de medios no alineados con Cambiemos por su temor, quizás, a dejar en evidencia su accionar parcial.

Como abogada de Alonso se presentó Marta Nercellas, ex representante legal de la DAIA, vinculada a las escuchas ilegales cuando Mauricio Macri ostentó la jefatura de Gobierno porteña. De acuerdo a los registros de esa época, existían 112 llamadas entre la letrada y Jorge “El Fino” Palacios, a quien el PRO había condecorado como jefe de la entonces Policía Metropolitana luego de que le pinchara el teléfono a Sergio Burstein y antes de que fuera procesado por el encubrimiento al atentado a la AMIA.  Memoria Activa había incluido el episodio de Nercellas dentro de su pedido de apartamiento del juez José Galeano, quien fue condenado este año por el Tribunal Oral Federal 2. En cambio, absolvieron a Palacios junto con Carlos Menem.