JUDICIALES

Le llegó la hora

El fiscal que instruye uno de los sumarios abiertos en la Procuración sobre Carlos Stornelli ya emitió dictamen. Marcelo Retes firmó su informe sobre la situación del funcionario judicial declarado en rebeldía en la causa por espionaje ilegal y le corrió vista al propio Stornelli para que haga un nuevo descargo.

Para el fiscal imputado ya corre el plazo de diez días para responder y, eventualmente presentar material probatorio y defender su posición, aunque puede elegir no hacerlo. Luego de eso, el próximo lunes 9 de septiembre se cumplen los sesenta días otorgados para todo el proceso y Retes debe presentarle a Eduardo Casal el informe definitivo. Si bien la postura fijada por el instructor del sumario se mantiene en total hermetismo.

Un asesino suelto en la Anses

Las personas que hayan estado el martes en la sede de la Unidad de Atención Integral de la Anses del centro porteño probablemente compartieron la fila de trámites con uno de los más sanguinarios represores de la última dictadura militar, sobre quien pesan dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Jorge “El Tigre”Acosta, quien decidía a quién mataban y a quién torturaban en la ESMA, salió de la cárcel de manera transitoria y pidió hace dos días un crédito en el Anses, gracias a un permiso otorgado por el Tribunal Oral y Federal Nº 5. Los empleados de la UDAI se negaron en un principio a atender a Acosta, que había entrado por las oficinas de Córdoba 1144 escoltado por dos agentes de la Policía Federal.

Acosta pudo acceder al préstamo porque cuenta con una jubilación mínima de 12.000 pesos desde septiembre de 2018, por los años trabajados en la Marina más la compra de aportes que hizo a través de una moratoria. El represor pudo salir de la cárcel por una autorización que expidió el juez Horacio Obligado. “Es un permiso que se le da a todos los imputados que están detenidos y tienen que hacer un trámite personal”, dijeron a este diario desde el tribunal, después de aclarar que Acosta “ya salió y entró” y antes de negarse a brindar más información.

Los organismos de derechos humanos condenaron la salida del represor. H.I.J.O.S., por su parte, denunció que es un acto más “de impunidad” y cuestionó que en este caso se contemple la figura de “permiso humanitario”, que permite las salidas de la cárcel. “Esto es una barrabasada, es algo que parece una broma de mal gusto, como las que hacía Acosta en los pasillos de Capuchita”, subrayó a Página/12 Camilo Juárez, hijo de Alicia Rosalía País y Enrique José Juárez, ambos detenidos desaparecidos.

Acosta, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma, fue condenado a perpetua por haber liderado el principal centro clandestino de la Marina, donde cometió al menos 82 delitos de lesa humanidad: secuestros, desapariciones y torturas. Además, fue condenado a 30 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y en 2017 se le impuso otra condena perpetua por los vuelos de la muerte. Tiene otra causa abierta en Esma 4, que lleva adelante el tribunal que lo habilitó a salir, el mismo que lo había condenado el año pasado. El genocida nunca habló ni aportó datos que pudieran ayudar a saber dónde están los 30 mil desaparecidos y a recuperar la identidad a los cientos de niños nacidos en cautiverio.

“El nunca dijo dónde están los casi 30 niños que nacieron en cautiverio en el Casino de Oficiales de la ESMA y que no recuperaron la identidad, nunca dijo qué paso con mi padre, quien falleció en el sótano. Nunca tuvo ni tendrá una mirada humanitaria, ¿entonces por qué razón se le dan estos privilegios que atentan contra la justicia y generan impunidad?”, se preguntó Juárez.

El repudio de los trabajadores de la ANSES

Los empleados de la ANSES, nucleados en ATE, emitieron un comunicado aclarando que no querían atender “a estos personajes nefastos en la historia de la República”. “No estamos dispuestos a tolerar que paseen libremente por nuestro organismo aquellos que han avasallado el Estado de Derecho, deteniendo, torturando y desapareciendo a compañeros”, enfatizaron al recordar a los 11 detenidos desaparecidos de las ex cajas previsionales y centro de datos, luego fusionadas en la Anses.

Corazón partido

La localidad de Santa Ana sigue conmocionada ante el asesinato del adolescente de 16 años quien fue ejecutado de un balazo en la cabeza a cuatro cuadras del centro de la ciudad. La víctima fue identificada como Víctor Fernando Márquez Dos Santos y su cuerpo fue encontrado por un vecino, frente a la Escuela de Comercio 10, donde cursaba el segundo año.

Tenía una herida de bala en la cabeza con orificio de entrada en el ojo derecho y salida en la región parietal izquierda del cráneo, con consecuente pérdida de masa encefálica.

Consecuente a los hechos, en la jornada de este lunes el dolor en su familia se extendió ya que su papá, Eriberto Márquez Dos Santos se descompensó cuando daba el último adiós a su hijo y pese a las tareas de reanimación de profesionales de la Salud falleció producto de un paro cardíaco.
Eriberto Márquez había comentado “En un primer momento cuando me dijeron que debía ir a la comisaría por mi hijo, pensé que era una discusión, alguna pelea o que cometieron un robo y lo involucraron a él. Pensé que estaba preso, pero no muerto porque él no es de junta mala. Siempre estaba en casa con los compañeros. No es de andar haciendo cosas malas”.
El hombre fue padre y madre a la vez porque -según dijo- la progenitora de sus hijos los abandonó cuando eran chicos. “Lo crié solo, en base al trabajo y con valores. Lo mandaba a estudiar porque quería que sea alguien en la vida, pero mirá lo que hicieron. Pido que se investigue y no quede impune este asesinato”.

El milico en problemas

La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad en la causa del Correo Argentino y dejó al borde del procesamiento a Oscar «el milico» Aguad. Así, la Sala II de ese tribunal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, le dio aval y avanza el caso donde está imputado hasta Mauricio Macri.

Por el caso ya fueron indagados el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, un funcionario y dos abogados de la firma Correo Argentino SA, que perteneció a la familia del jefe de Estado. Los Macri intentaron condonar la deuda estimada en 70 mil millones de pesos que tenían con el Estado con el aval del Presidente, de apellido Macri y nombre Mauricio.  La Cámara Federal respaldó así la investigación penal del juez federal Ariel Lijo sobre este caso y a los involucrados ahora les queda ir a Casación.

El Destape se comunicó con Oscar Aguad y el ministro no quiso hacer declaraciones sobre el fallo de la Cámara Federal. «No estoy dando entrevistas a medios por ningún motivo», afirmó.

Los involucrados son los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo, y Juan Manuel Mocoroa, director de asuntos jurídicos del ex Ministerio de Comunicaciones.

Una opereta menos

La Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal anuló el procesamiento del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, de los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y del ex-subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.  El fallo determinó irregularidades en la investigación y en la prueba que tenía a cargo el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.

De esta manera, la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado. Con esta decisión también se declararon nulas las faltas de mérito que se habían dictado a empresarios imputados en el caso.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de «fundamentos».

La investigación «está orientada desde su inicio a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en la distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento», recordaron. Este acto administrativo «benefició al consorcio integrado –según anterior denominación- por las firmas Iecsa S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa SA».

«Según la lógica del fallo, la existencia de la maniobra quedó revelada, entre otras cosas, en cómo se otorgaron pagos de abultadas sumas de dinero a la UTE, mediando modificaciones sustanciales de los términos en que fue inicialmente pautado todo. Siendo eso así, hay cosas que la sentencia necesariamente tenía que analizar y no analizó: – Si la afirmada acción de los funcionarios públicos de beneficiar a empresarios podía ser asignable a los últimos como partícipes del delito de los primeros», sostiene el fallo.

«Se sabe que hay posturas encontradas en la doctrina sobre si, objetivamente, tal delito (art. 265, CP) es aplicable en esos términos a los particulares, pero ninguna de esas posiciones se adoptó o explicó», explica la sentencia.

Hasta las manos

El juez Alejo Ramos Padilla procesó por los delitos de “coacción y extorsión” al periodista Daniel Santoro en el marco de la causa que investiga la red de espionaje político . El magistrado, que en cambio le dictó la falta de mérito del periodista en orden al delito de asociación ilícita, dictó el procesamiento de Santoro por considerar que estaba al tanto de las actividades delictivas de Marcelo D’Alessio y que no solo utilizó al falso abogado como una simple fuente, sino que tuvo un papel clave para llevar a cabo sus maniobras.

“Ha quedado claro que Santoro sabía que D´Alessio realizaba labores de inteligencia, espionaje e investigación criminal sin poseer ningún tipo de facultad legal para ello y, en lo que concierne al caso concreto, y se servía de ellas pese al notorio conocimiento de su origen ilícito”, afirmó Ramos Padilla.

El juez de Dolores le prohibió a Santoro salir del país. También le trabó un embargo por tres millones de pesos.

En una resolución de 258 páginas firmada este miércoles, Ramos Padilla hizo un pormenorizado detalle de las extorsiones en las que participó Santoro. El texto está acompañado de numerosas notas firmadas por el periodista, fotos y chats que acreditan su participación en la organización ilegal.

Hasta las manos

El entramado del negocio que habilitó la prórroga de las concesiones del negocio de los peajes por 500 millones de dólares, fue direccionado en beneficio de las empresas de la familia del Presidente. Ripoli espera ser citada como testigo de la causa que investiga Canicoba Corral.

La ex directora de Jurídicos de Vialidad Nacional cuenta cómo fueron las maniobras para el direccionamiento de las concesiones de los peajes en beneficio del Grupo Socma. Tras la imputación por parte de la Justicia al presidente Mauricio Macri, al ex director de Vialidad Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, Julieta Lucila Ripoli  detalló cómo se vivió por dentro uno de los negociados multimillonarios que podría convertirse en la causa de corrupción más emblemática del Gobierno de Cambiemos.

499 millones de dólares reconocidos por el Estado. Casi 20 millones por la venta de las acciones. Renegociación de un contrato con múltiples privilegios sin llamado a licitación ni autorización del Congreso. El negocio, que fue redondo para las empresas concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, sólo pudo ser posible gracias al copamiento de todas las dependencias de Vialidad Nacional –un ente autárquico– por parte del Poder Ejecutivo. No sólo fueron desplazados todos los funcionarios de carrera del organismo sino que, más grave aún, los cargos fueron copados en su mayoría por empresarios o ex abogados de Ausol, la firma del presidente Macri. “Claramente lo que hubo fue un direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública, a socias de las empresas del Presidente”, dijo Ripoli casi sin respirar. 34 años, abogada especialista en Asesoramiento Jurídico del Estado, Julieta habla muy rápido y en el tono más bajo que la voz le permite, por miedo a que alguien en el bar la pueda escuchar. No es para menos. En las casi dos horas de entrevista que le quedaban por delante daría un pormenorizado detalle de cómo todo estuvo calculado, armado y pensado en pos de los intereses de las empresas concesionarias y en detrimento del Estado, es decir, del bolsillo de todos los argentinos.

Las maniobras de las que Julieta fue testigo directa incluyeron la instauración de “un estado de terror dentro de Vialidad” –como ella lo describió– con persecución ideológica y despidos para quienes podían llegar a oponerse al gran negocio. Entre ellas, la propia Ripoli. Abogada recibida en la UBA, trabajó 15 años en Vialidad. Entró como pasante en 2004, cuando tenía sólo 19 años. Pasó por varios cargos hasta llegar a la jefatura de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos, puesto clave para el lineamiento de los contratos de obra pública. Tras haber participado en las primeras reuniones de renegociación de las concesiones de Ausol (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste) sugestivamente Ripoli fue despedida. “Se dieron cuenta que yo no iba a aceptar lo que estaban proponiendo”, afirmó.

Desalojo sin aviso y maltrato

Las organizaciones sociales BARRIOS DE PIE, MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS, MOVIMIENTO EVITA Y TECHO, emitieron un comunicado conjunto informando acerca de un desalojo llevado a cabo en intempestivamente, es decir sin previo aviso, y en forma violenta en el Barrio Nuevo de la localidad de Garupá. Las organizaciones denuncian que » Se vieron afectadas dos familias compuestas por dos madres solteras y tres menores de edad que viven en el predio hace más de 5 años y que fueron detenidas siendo víctimas de maltrato tanto físico como psicológico por la policía.».

Al respecto, y en el mismo sentido,  ya se había pronunciado el Diputado Provincial Martín Sereno (PAYS),  en un reportaje realizado en el programa LA VOZ, que se emite en forma simultánea por la 96.7 FM NEIKE CHAMIGO Y CANAL 3 GARUPA, de lunes a jueves y de 8 a 11hs.

A continuación el comunicado emitido, transcripto en forma completa

COMUNICADO DE BARRIOS DE PIE, MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS, MOVIMIENTO EVITA Y TECHO ANTE DESALOJO EN BARRIO NUEVO GARUPÁ
Posadas, 23 de Julio de 2019.-

El lunes 22 a las 7:30 hs. se acercaron efectivos de la policía de Garupá al asentamiento Barrio Nuevo para efectuar un desalojo sin un previo aviso. Este barrio se conformó en el año 1968 y en él viven 175 familias, según el Registro Nacional de Barrios Populares
(ReNaBaP). Se vieron afectadas dos familias compuestas por dos madres solteras y tres menores de edad que viven en el predio hace más de 5 años y que fueron detenidas siendo víctimas de maltrato tanto físico como psicológico por la policía.
La autorización de allanamiento y desalojo llegó desde el Juzgado n° 7, Sec.1 y responde al expediente 106861/2015.
Los afectados cuentan con un “permiso de ocupación” otorgado por el Intendente de la localidad, con el servicio formal de luz y el Certificado de Vivienda Familiar otorgado por el Gobierno Nacional a través del ANSES, enmarcado legalmente en el Decreto 358/2017  Ley 27.453“Regimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana” la cual establece, entre  otros puntos: declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados los barrios populares y suspender por el plazo de cuatro años las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el ReNaBaP.
El poder ejecutivo y judicial siguen actuando sin tener en cuenta la vigencia de la Ley de Regularización Dominial e Integración Socio Urbana, incluso omitiendo la adhesión de la provincia de Misiones aprobada el pasado 28 de Junio a dicha ley. Asimismo existen compromisos internacionales de derechos humanos ante procesos de desalojo, leyes nacionales y provinciales que no fueron respetados.
Son más de 28.423 familias en Misiones las que son afectadas por este tipo de situaciones, las que viven en situación de pobreza en asentamientos, con la incertidumbre de que no se respete la ley vigente y el miedo a un desalojo Por lo tanto, exigimos a) la suspensión definitiva del desalojo iniciado y la expropiación de las tierras afectadas; b) que el Poder Judicial actúe en concordancia con los derechos y leyes vigentes, capacitado en la ley 27.453; c) y que el Poder Ejecutivo proteja a los vecinos de los barrios populares cuando se violen sus derechos.
El Estado debe ejercer un rol activo en la situación de vulnerabilidad de los vecinos y vecinas de los barrios populares e intervenir en términos de planificación y ejecución de políticas públicas acordes a la problemática, para que, partiendo desde una perspectiva de derecho, se garantice el justo acceso a un hábitat digno. Creemos que es el Estado, desde sus tres poderes, quien debe velar por garantizar que se cumplan los derechos de todas las partes involucradas y, en este sentido, es esencial brindarle una respuesta y asistencia a la emergencia habitacional a las familias de manera inmediata ysin recurrir a la violencia.

Datos de Contacto
Pedrozo Joaquin
Referente Movimiento de Trabajadores Excluidos
Tel.: 0376 – 154514634
Sereno Martín
Referente Movimiento Evita
Tel.: 0375 – 155584802
Noelia Elizabeth Gonzalez
Referente Barrios de Pie
Tel.: 0376 – 154727189
Rojo, Juan Ignacio
Dir. General TECHO Misiones
Tel.: 0358 – 155042435

Cuando los medios meten miedo

Luego de que Daniel Santoro fuera citado a declarar por ser partícipe de una asociación ilícita para extorsionar personas y saliera una insólita solicitada de más cuatrocientos periodistas en su defensa, Romina Manguel salió a aclarar el detrás de escena de las firmas.

«Estoy muy enojada con las entidades periodísticas haciendo terrorismo, diciendo que van a meter en cana a Santoro, que nunca pasó por la cabeza del juez y nunca estuvo en juego la libertad, los corrieron diciendo ´firmen´».

«Y a los colegas que dijeron que los apretaron para firmar, qué periodista sos después para firmar otra nota si después venís y firmas asustado una solicitada», cerró.

Los ricos lloran siempre

Mirtha Legrand finalmente obtuvo el fallo para desalojar a su inquilino de la casa de fin de semana que posee desde hace décadas en el barrio «El Argentino» en Pilar. La información fue exclusiva de «Contacto Directo» en AM 990 con Santo Biasatti.

Al parecer, Mirtha realizó un contrato que su inquilino nunca cumplió, acumulando 6 meses de deuda de alquileres más gastos también impagos (servicios e impuestos). Luego del desalojo, los asistentes de la conductora repararon que faltaban algunos muebles de la propiedad.