JUDICIALES

«Nunca debieron estar presos»

Tras la decisión de la Justicia de liberar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon sorprendió a todos cuando opinó que jamás debieron estar presos.

«Creo que está bien (la liberación), de hecho nunca debieron estar detenidos Cristobal López ni Fabián De Sousa. Los dos motivos centrales por los que te pueden detener en una investigación son riesgo de fuga u obstrucción de justicia. Y en la práctica, ninguna de las dos situaciones pasaron con ellos dos», expresó el periodista.

Y amplió, por Radio Metro: «Si terminaste la investigación, ya no se puede obstaculizar. Después de las PASO terminó la doctrina (Martín) Irúrzun, que es la de poder residual: la sospecha de que aunque no estés en la función pública, te quedan contactos adentro que se encargan de destruir expedientes».

Los empresarios recuperaron esta tarde su libertad desde la sede policial de Madariaga y General Paz y aparecieron las primeras imágenes de uno de ellos.

 

El humo de las fotocopias

El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral la causa de la fotocopias de los cuadernos. El magistrado dio así por cerrada la etapa de instrucción del expediente y volvió a pedir al Senado el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

La elevación del caso a juicio oral había sido pedida por la propia senadora y ex presidenta en un escrito presentado en julio pasado por su defensa. En la causa se la acusa de ser jefa de una supuesta “asociación ilícita”.

La elevación fue presentada a través de una resolución difundida este mediodía, en la que Bonadio insistió con el pedido de desafuero de CFK. El magistrado reiteró el planteo a pesar de que el Congreso anticipó que esa medida no se tomaría hasta que no hubiera una condena firme. También volvió a insistir con la prisión preventiva en su contra.

En la causa también están imputados el diputado Julio De Vido y otro medio centenar de personas mencionadas en fotocopias presuntamente tomadas de cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, quien nunca presentó los originales de esos escritos porque, según dijo, fueron destruidos.

Ciudad del Este macabra

El gobierno de Paraguay anunció que fuerzas policiales coordinadas por la Justicia de ese país encontró restos óseos de tres personas que estaban enterradas dentro de una vivienda que habitó el dictador Alfredo Stroessner. El macabro hallazgo se produjo en Ciudad del Este, localidad que limita con la argentina Iguazú y la brasileña Foz do Iguazú.
El Ministerio de Justicia de Paraguay abrió una investigación para identificar los huesos y determinar si ya se encontraban en el lugar cuando Stroessner vivía allí.

El dictador gobernó Paraguay entre 1954 y 1989 bajo un régimen de 34 años que marcaron a sangre y fuego la historia de su país. Tras ser derrocado, el genocida se refugió en Brasil, donde vivió hasta su muerte en agosto de 2006 para no ser apresado por los crímenes de lesa humanidad por los que fue juzgado y condenado por 30 causas.

Durante su dictadura, Stroessner gobernó con el apoyo del  Partido Colorado y el Ejército.

Fue una cacería

Santiago Maldonado no desapareció ni murió solo. Estuvo rodeado de gendarmes, que lo corrieron a él y a sus compañeros y compañeras hacia el río, en lo que fue un deliberado intento de cacería por parte de la Gendarmería Nacional a cargo de Patricia Bullrich. Eran las 11:32:33 del 1 de agosto de 2017, algunos uniformados ya habían cruzaron la cerca de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. La persecución había comenzado. En ese preciso horario la GNA tomó la última foto de Santiago vivo, según consta en la foja 58 de la causa penal que ahora fue reabierta por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Veinticinco segundos más tarde, a las 11:32:58, había al menos dos gendarmes corriendo por el camino principal en dirección al río. También avanzaba el Eurocargo que frenó en la misma línea por donde descendieron Santiago y Lucas Pilquimán. El detalle de las horas y segundos de la represión fue analizado por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) en un informe que fue ninguneado por el procurador interino Eduardo Casal, por la fiscal Silvina Avila y el juez Gustavo Lleral. Hoy puede ser clave para avanzar en la reconstrucción solicitada por la Cámara.

Santiago corrió hacia el río cuando los agentes se le venían encima. Corrió junto a Lucas, quien deberá declarar nuevamente. Matías Santana y Nicasio Luna Arratia ya habían arrancado. Elizabeth Loncopan Huircapan también. Ella se escondió muy cerca de donde estaba Santiago y según contó a este periodista le escuchó decir “¡ya está, ya está!”. Lucas Pilquimán contó que “primero me tiré yo al agua y luego se tiró él. Cuando yo ya estaba nadando, él estaba entrando al río, iba más lento. Él se metió al agua y después volvió sobre sus pasos. Yo creo que él no pudo avanzar porque no sabía nadar y además el agua estaba muy fría. Cuando estoy del otro lado, sacándome el buzo, puedo ver que había gendarmes en la barranca arriba tirando con 9mm, escopetas y piedrazos pero abajo en el agua estaba solo Santiago. Ahí ya no lo ví más”.

El juez Lleral sostuvo en el cierre de la causa que Santiago murió solo, que no había gendarmes cerca. Esto choca con el testimonio de los integrantes de la comunidad. ¿Hubo gendarmes que dispararon sobre el río? Sí. Los mismos uniformados confesaron. Uno fue Daniel Gómez en diálogo con Pablo Badie, jefe del Escuadrón 36, ahora con asiento en Río Gallegos: “Que los chicos ejecutaron disparos, ejecutaron, pero ni las postas de goma le pegaron ¿justo le va a pegar una piedra en la cabeza?”

Hubo disparos sobre el río. Hubo una cacería. El otro que confesó haberle disparado a un bulto azul o negro (Maldonado tenía una campera celeste oscura) fue Darío Zoilán. Lo dijo ante Daniel Barberis, responsable del área de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad y también en testimonial. ¿A quién le disparó? En su apelación al cierre de la causa, el CELS marcó la posible responsabilidad de este escopetero.

El gendarme Emmanuel Echazú, cuyo sobreseimiento fue revocado, sostuvo que se encontró en el río con Zoilán y Orlando Yucra, el tercer integrante de uno de los dos grupos identificados. Los tres corrieron en línea recta desde la casilla, el mismo lugar por donde lo hizo Santiago. Según el perito Alejandro Incháurregui, que formó parte de querella de la familia Maldonado, pudo localizarse en el territorio a cada uno de los verdeoliva. Zoilán y Yucra aparecen en el mismo lugar por donde corrieron Santiago Maldonado y Lucas Pilquimán. La cacería llegó al río.

Elizabeth Loncopan Huircapan explicó que estaba escondida «al lado, si estiraba el brazo tocaba el agua». Al observar el mapa elaborado por Incháurregui, que nunca llegó al expediente, Elizabeth aseguró que estuvo escondida muy cerca de donde los peritos establecieron la presencia de Yucra y Zoilán. En ese lugar también estuvo Echazú, según la reconstrucción realizada por un periodista.

Pilquimán afirmó que pudo ver gendarmes que disparaban 9mm. ¿Quiénes tenían esas armas? Los conductores de los vehículos, entre ellos Lucio Buch, a cargo del Eurocargo. Según las fotos del expediente, él se estacionó a las 11:36 frente al río y bajó del vehículo por aproximadamente 10 minutos; llevaba su arma reglamentaria; el otro era Andrés Ahumada, conductor de una Ford Ranger. El también portaba su 9mm.

El 5 de agosto de 2017, el defensor oficial Fernando Machado realizó un croquis del territorio donde pudo ubicar las huellas del Eurocargo y las Ford Ranger que ingresaron al territorio, en línea recta hacia donde estaba la casilla de guardia y muy cerca del río; es decir por donde corrió Santiago y dos meses después aparece su cuerpo.

Hubo una persecución desaforada por parte de la Gendarmería. Las piezas del rompecabezas siguen latiendo dentro del expediente, ahora reabierto. Todo estaba en los detalles que fueron obviados –probablemente a propósito- por los jueces Otranto, Lleral y la fiscal Avila en sintonía con el Gobierno nacional.

Le llegó la hora

El fiscal que instruye uno de los sumarios abiertos en la Procuración sobre Carlos Stornelli ya emitió dictamen. Marcelo Retes firmó su informe sobre la situación del funcionario judicial declarado en rebeldía en la causa por espionaje ilegal y le corrió vista al propio Stornelli para que haga un nuevo descargo.

Para el fiscal imputado ya corre el plazo de diez días para responder y, eventualmente presentar material probatorio y defender su posición, aunque puede elegir no hacerlo. Luego de eso, el próximo lunes 9 de septiembre se cumplen los sesenta días otorgados para todo el proceso y Retes debe presentarle a Eduardo Casal el informe definitivo. Si bien la postura fijada por el instructor del sumario se mantiene en total hermetismo.

Un asesino suelto en la Anses

Las personas que hayan estado el martes en la sede de la Unidad de Atención Integral de la Anses del centro porteño probablemente compartieron la fila de trámites con uno de los más sanguinarios represores de la última dictadura militar, sobre quien pesan dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Jorge “El Tigre”Acosta, quien decidía a quién mataban y a quién torturaban en la ESMA, salió de la cárcel de manera transitoria y pidió hace dos días un crédito en el Anses, gracias a un permiso otorgado por el Tribunal Oral y Federal Nº 5. Los empleados de la UDAI se negaron en un principio a atender a Acosta, que había entrado por las oficinas de Córdoba 1144 escoltado por dos agentes de la Policía Federal.

Acosta pudo acceder al préstamo porque cuenta con una jubilación mínima de 12.000 pesos desde septiembre de 2018, por los años trabajados en la Marina más la compra de aportes que hizo a través de una moratoria. El represor pudo salir de la cárcel por una autorización que expidió el juez Horacio Obligado. “Es un permiso que se le da a todos los imputados que están detenidos y tienen que hacer un trámite personal”, dijeron a este diario desde el tribunal, después de aclarar que Acosta “ya salió y entró” y antes de negarse a brindar más información.

Los organismos de derechos humanos condenaron la salida del represor. H.I.J.O.S., por su parte, denunció que es un acto más “de impunidad” y cuestionó que en este caso se contemple la figura de “permiso humanitario”, que permite las salidas de la cárcel. “Esto es una barrabasada, es algo que parece una broma de mal gusto, como las que hacía Acosta en los pasillos de Capuchita”, subrayó a Página/12 Camilo Juárez, hijo de Alicia Rosalía País y Enrique José Juárez, ambos detenidos desaparecidos.

Acosta, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma, fue condenado a perpetua por haber liderado el principal centro clandestino de la Marina, donde cometió al menos 82 delitos de lesa humanidad: secuestros, desapariciones y torturas. Además, fue condenado a 30 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés y en 2017 se le impuso otra condena perpetua por los vuelos de la muerte. Tiene otra causa abierta en Esma 4, que lleva adelante el tribunal que lo habilitó a salir, el mismo que lo había condenado el año pasado. El genocida nunca habló ni aportó datos que pudieran ayudar a saber dónde están los 30 mil desaparecidos y a recuperar la identidad a los cientos de niños nacidos en cautiverio.

“El nunca dijo dónde están los casi 30 niños que nacieron en cautiverio en el Casino de Oficiales de la ESMA y que no recuperaron la identidad, nunca dijo qué paso con mi padre, quien falleció en el sótano. Nunca tuvo ni tendrá una mirada humanitaria, ¿entonces por qué razón se le dan estos privilegios que atentan contra la justicia y generan impunidad?”, se preguntó Juárez.

El repudio de los trabajadores de la ANSES

Los empleados de la ANSES, nucleados en ATE, emitieron un comunicado aclarando que no querían atender “a estos personajes nefastos en la historia de la República”. “No estamos dispuestos a tolerar que paseen libremente por nuestro organismo aquellos que han avasallado el Estado de Derecho, deteniendo, torturando y desapareciendo a compañeros”, enfatizaron al recordar a los 11 detenidos desaparecidos de las ex cajas previsionales y centro de datos, luego fusionadas en la Anses.

Corazón partido

La localidad de Santa Ana sigue conmocionada ante el asesinato del adolescente de 16 años quien fue ejecutado de un balazo en la cabeza a cuatro cuadras del centro de la ciudad. La víctima fue identificada como Víctor Fernando Márquez Dos Santos y su cuerpo fue encontrado por un vecino, frente a la Escuela de Comercio 10, donde cursaba el segundo año.

Tenía una herida de bala en la cabeza con orificio de entrada en el ojo derecho y salida en la región parietal izquierda del cráneo, con consecuente pérdida de masa encefálica.

Consecuente a los hechos, en la jornada de este lunes el dolor en su familia se extendió ya que su papá, Eriberto Márquez Dos Santos se descompensó cuando daba el último adiós a su hijo y pese a las tareas de reanimación de profesionales de la Salud falleció producto de un paro cardíaco.
Eriberto Márquez había comentado “En un primer momento cuando me dijeron que debía ir a la comisaría por mi hijo, pensé que era una discusión, alguna pelea o que cometieron un robo y lo involucraron a él. Pensé que estaba preso, pero no muerto porque él no es de junta mala. Siempre estaba en casa con los compañeros. No es de andar haciendo cosas malas”.
El hombre fue padre y madre a la vez porque -según dijo- la progenitora de sus hijos los abandonó cuando eran chicos. “Lo crié solo, en base al trabajo y con valores. Lo mandaba a estudiar porque quería que sea alguien en la vida, pero mirá lo que hicieron. Pido que se investigue y no quede impune este asesinato”.

El milico en problemas

La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad en la causa del Correo Argentino y dejó al borde del procesamiento a Oscar «el milico» Aguad. Así, la Sala II de ese tribunal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, le dio aval y avanza el caso donde está imputado hasta Mauricio Macri.

Por el caso ya fueron indagados el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, un funcionario y dos abogados de la firma Correo Argentino SA, que perteneció a la familia del jefe de Estado. Los Macri intentaron condonar la deuda estimada en 70 mil millones de pesos que tenían con el Estado con el aval del Presidente, de apellido Macri y nombre Mauricio.  La Cámara Federal respaldó así la investigación penal del juez federal Ariel Lijo sobre este caso y a los involucrados ahora les queda ir a Casación.

El Destape se comunicó con Oscar Aguad y el ministro no quiso hacer declaraciones sobre el fallo de la Cámara Federal. «No estoy dando entrevistas a medios por ningún motivo», afirmó.

Los involucrados son los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo, y Juan Manuel Mocoroa, director de asuntos jurídicos del ex Ministerio de Comunicaciones.