JUDICIALES

El milico en problemas

La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad en la causa del Correo Argentino y dejó al borde del procesamiento a Oscar «el milico» Aguad. Así, la Sala II de ese tribunal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, le dio aval y avanza el caso donde está imputado hasta Mauricio Macri.

Por el caso ya fueron indagados el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, un funcionario y dos abogados de la firma Correo Argentino SA, que perteneció a la familia del jefe de Estado. Los Macri intentaron condonar la deuda estimada en 70 mil millones de pesos que tenían con el Estado con el aval del Presidente, de apellido Macri y nombre Mauricio.  La Cámara Federal respaldó así la investigación penal del juez federal Ariel Lijo sobre este caso y a los involucrados ahora les queda ir a Casación.

El Destape se comunicó con Oscar Aguad y el ministro no quiso hacer declaraciones sobre el fallo de la Cámara Federal. «No estoy dando entrevistas a medios por ningún motivo», afirmó.

Los involucrados son los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo, y Juan Manuel Mocoroa, director de asuntos jurídicos del ex Ministerio de Comunicaciones.

Una opereta menos

La Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal anuló el procesamiento del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, de los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y del ex-subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.  El fallo determinó irregularidades en la investigación y en la prueba que tenía a cargo el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.

De esta manera, la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado. Con esta decisión también se declararon nulas las faltas de mérito que se habían dictado a empresarios imputados en el caso.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de «fundamentos».

La investigación «está orientada desde su inicio a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en la distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento», recordaron. Este acto administrativo «benefició al consorcio integrado –según anterior denominación- por las firmas Iecsa S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa SA».

«Según la lógica del fallo, la existencia de la maniobra quedó revelada, entre otras cosas, en cómo se otorgaron pagos de abultadas sumas de dinero a la UTE, mediando modificaciones sustanciales de los términos en que fue inicialmente pautado todo. Siendo eso así, hay cosas que la sentencia necesariamente tenía que analizar y no analizó: – Si la afirmada acción de los funcionarios públicos de beneficiar a empresarios podía ser asignable a los últimos como partícipes del delito de los primeros», sostiene el fallo.

«Se sabe que hay posturas encontradas en la doctrina sobre si, objetivamente, tal delito (art. 265, CP) es aplicable en esos términos a los particulares, pero ninguna de esas posiciones se adoptó o explicó», explica la sentencia.

Hasta las manos

El juez Alejo Ramos Padilla procesó por los delitos de “coacción y extorsión” al periodista Daniel Santoro en el marco de la causa que investiga la red de espionaje político . El magistrado, que en cambio le dictó la falta de mérito del periodista en orden al delito de asociación ilícita, dictó el procesamiento de Santoro por considerar que estaba al tanto de las actividades delictivas de Marcelo D’Alessio y que no solo utilizó al falso abogado como una simple fuente, sino que tuvo un papel clave para llevar a cabo sus maniobras.

“Ha quedado claro que Santoro sabía que D´Alessio realizaba labores de inteligencia, espionaje e investigación criminal sin poseer ningún tipo de facultad legal para ello y, en lo que concierne al caso concreto, y se servía de ellas pese al notorio conocimiento de su origen ilícito”, afirmó Ramos Padilla.

El juez de Dolores le prohibió a Santoro salir del país. También le trabó un embargo por tres millones de pesos.

En una resolución de 258 páginas firmada este miércoles, Ramos Padilla hizo un pormenorizado detalle de las extorsiones en las que participó Santoro. El texto está acompañado de numerosas notas firmadas por el periodista, fotos y chats que acreditan su participación en la organización ilegal.

Hasta las manos

El entramado del negocio que habilitó la prórroga de las concesiones del negocio de los peajes por 500 millones de dólares, fue direccionado en beneficio de las empresas de la familia del Presidente. Ripoli espera ser citada como testigo de la causa que investiga Canicoba Corral.

La ex directora de Jurídicos de Vialidad Nacional cuenta cómo fueron las maniobras para el direccionamiento de las concesiones de los peajes en beneficio del Grupo Socma. Tras la imputación por parte de la Justicia al presidente Mauricio Macri, al ex director de Vialidad Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, Julieta Lucila Ripoli  detalló cómo se vivió por dentro uno de los negociados multimillonarios que podría convertirse en la causa de corrupción más emblemática del Gobierno de Cambiemos.

499 millones de dólares reconocidos por el Estado. Casi 20 millones por la venta de las acciones. Renegociación de un contrato con múltiples privilegios sin llamado a licitación ni autorización del Congreso. El negocio, que fue redondo para las empresas concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, sólo pudo ser posible gracias al copamiento de todas las dependencias de Vialidad Nacional –un ente autárquico– por parte del Poder Ejecutivo. No sólo fueron desplazados todos los funcionarios de carrera del organismo sino que, más grave aún, los cargos fueron copados en su mayoría por empresarios o ex abogados de Ausol, la firma del presidente Macri. “Claramente lo que hubo fue un direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública, a socias de las empresas del Presidente”, dijo Ripoli casi sin respirar. 34 años, abogada especialista en Asesoramiento Jurídico del Estado, Julieta habla muy rápido y en el tono más bajo que la voz le permite, por miedo a que alguien en el bar la pueda escuchar. No es para menos. En las casi dos horas de entrevista que le quedaban por delante daría un pormenorizado detalle de cómo todo estuvo calculado, armado y pensado en pos de los intereses de las empresas concesionarias y en detrimento del Estado, es decir, del bolsillo de todos los argentinos.

Las maniobras de las que Julieta fue testigo directa incluyeron la instauración de “un estado de terror dentro de Vialidad” –como ella lo describió– con persecución ideológica y despidos para quienes podían llegar a oponerse al gran negocio. Entre ellas, la propia Ripoli. Abogada recibida en la UBA, trabajó 15 años en Vialidad. Entró como pasante en 2004, cuando tenía sólo 19 años. Pasó por varios cargos hasta llegar a la jefatura de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos, puesto clave para el lineamiento de los contratos de obra pública. Tras haber participado en las primeras reuniones de renegociación de las concesiones de Ausol (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste) sugestivamente Ripoli fue despedida. “Se dieron cuenta que yo no iba a aceptar lo que estaban proponiendo”, afirmó.

Desalojo sin aviso y maltrato

Las organizaciones sociales BARRIOS DE PIE, MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS, MOVIMIENTO EVITA Y TECHO, emitieron un comunicado conjunto informando acerca de un desalojo llevado a cabo en intempestivamente, es decir sin previo aviso, y en forma violenta en el Barrio Nuevo de la localidad de Garupá. Las organizaciones denuncian que » Se vieron afectadas dos familias compuestas por dos madres solteras y tres menores de edad que viven en el predio hace más de 5 años y que fueron detenidas siendo víctimas de maltrato tanto físico como psicológico por la policía.».

Al respecto, y en el mismo sentido,  ya se había pronunciado el Diputado Provincial Martín Sereno (PAYS),  en un reportaje realizado en el programa LA VOZ, que se emite en forma simultánea por la 96.7 FM NEIKE CHAMIGO Y CANAL 3 GARUPA, de lunes a jueves y de 8 a 11hs.

A continuación el comunicado emitido, transcripto en forma completa

COMUNICADO DE BARRIOS DE PIE, MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS, MOVIMIENTO EVITA Y TECHO ANTE DESALOJO EN BARRIO NUEVO GARUPÁ
Posadas, 23 de Julio de 2019.-

El lunes 22 a las 7:30 hs. se acercaron efectivos de la policía de Garupá al asentamiento Barrio Nuevo para efectuar un desalojo sin un previo aviso. Este barrio se conformó en el año 1968 y en él viven 175 familias, según el Registro Nacional de Barrios Populares
(ReNaBaP). Se vieron afectadas dos familias compuestas por dos madres solteras y tres menores de edad que viven en el predio hace más de 5 años y que fueron detenidas siendo víctimas de maltrato tanto físico como psicológico por la policía.
La autorización de allanamiento y desalojo llegó desde el Juzgado n° 7, Sec.1 y responde al expediente 106861/2015.
Los afectados cuentan con un “permiso de ocupación” otorgado por el Intendente de la localidad, con el servicio formal de luz y el Certificado de Vivienda Familiar otorgado por el Gobierno Nacional a través del ANSES, enmarcado legalmente en el Decreto 358/2017  Ley 27.453“Regimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana” la cual establece, entre  otros puntos: declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados los barrios populares y suspender por el plazo de cuatro años las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el ReNaBaP.
El poder ejecutivo y judicial siguen actuando sin tener en cuenta la vigencia de la Ley de Regularización Dominial e Integración Socio Urbana, incluso omitiendo la adhesión de la provincia de Misiones aprobada el pasado 28 de Junio a dicha ley. Asimismo existen compromisos internacionales de derechos humanos ante procesos de desalojo, leyes nacionales y provinciales que no fueron respetados.
Son más de 28.423 familias en Misiones las que son afectadas por este tipo de situaciones, las que viven en situación de pobreza en asentamientos, con la incertidumbre de que no se respete la ley vigente y el miedo a un desalojo Por lo tanto, exigimos a) la suspensión definitiva del desalojo iniciado y la expropiación de las tierras afectadas; b) que el Poder Judicial actúe en concordancia con los derechos y leyes vigentes, capacitado en la ley 27.453; c) y que el Poder Ejecutivo proteja a los vecinos de los barrios populares cuando se violen sus derechos.
El Estado debe ejercer un rol activo en la situación de vulnerabilidad de los vecinos y vecinas de los barrios populares e intervenir en términos de planificación y ejecución de políticas públicas acordes a la problemática, para que, partiendo desde una perspectiva de derecho, se garantice el justo acceso a un hábitat digno. Creemos que es el Estado, desde sus tres poderes, quien debe velar por garantizar que se cumplan los derechos de todas las partes involucradas y, en este sentido, es esencial brindarle una respuesta y asistencia a la emergencia habitacional a las familias de manera inmediata ysin recurrir a la violencia.

Datos de Contacto
Pedrozo Joaquin
Referente Movimiento de Trabajadores Excluidos
Tel.: 0376 – 154514634
Sereno Martín
Referente Movimiento Evita
Tel.: 0375 – 155584802
Noelia Elizabeth Gonzalez
Referente Barrios de Pie
Tel.: 0376 – 154727189
Rojo, Juan Ignacio
Dir. General TECHO Misiones
Tel.: 0358 – 155042435

Cuando los medios meten miedo

Luego de que Daniel Santoro fuera citado a declarar por ser partícipe de una asociación ilícita para extorsionar personas y saliera una insólita solicitada de más cuatrocientos periodistas en su defensa, Romina Manguel salió a aclarar el detrás de escena de las firmas.

«Estoy muy enojada con las entidades periodísticas haciendo terrorismo, diciendo que van a meter en cana a Santoro, que nunca pasó por la cabeza del juez y nunca estuvo en juego la libertad, los corrieron diciendo ´firmen´».

«Y a los colegas que dijeron que los apretaron para firmar, qué periodista sos después para firmar otra nota si después venís y firmas asustado una solicitada», cerró.

Los ricos lloran siempre

Mirtha Legrand finalmente obtuvo el fallo para desalojar a su inquilino de la casa de fin de semana que posee desde hace décadas en el barrio «El Argentino» en Pilar. La información fue exclusiva de «Contacto Directo» en AM 990 con Santo Biasatti.

Al parecer, Mirtha realizó un contrato que su inquilino nunca cumplió, acumulando 6 meses de deuda de alquileres más gastos también impagos (servicios e impuestos). Luego del desalojo, los asistentes de la conductora repararon que faltaban algunos muebles de la propiedad.

Chau Operación

En una de las causas ligadas a las fotocopias de los cuadernos, la Cámara Federal porteña revocó uno de los procesamientos con prisión preventiva que le dictó el juez Claudio Bonadio a Cristina Kirchner.

Se trata del caso que investigó los subsidios entregados al área de transporte durante la gestión kirchnerista. Para la Cámara Federal, las pruebas colectadas son insuficientes y le encomendaron a Bonadio profundizar la investigación.

También se cayeron los procesamiento que recaían en el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y empresarios como Mario Cirigliano.

Bonadio había dicho que entre 2003 y 2012 «las personas a cargo de las empresas de transporte pagaban entre un 5 y un 30 por ciento de los subsidios entregados al Estado Nacional a Jaime y a Schiavi» y a cambio los entonces funcionarios «garantizaban los pagos de subsidios por montos superiores a los que les correspondía».

Sin embargo, las defensas apelaron y esta vez, por primera vez en un expediente ligado a cuadernos, la Cámara Federal les dio la razón. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que no está probado que «la matriz de corrupción instaurada con fines recaudatorios desde las más altas jerarquias del Ejecutivo entre 2003 y 2015 abarcase los hechos originados en esta causa».