JUDICIALES

Buenas news parte II

En enero de 2018 los trabajadores del INTI se enteraron que estaban en la mira del gobierno de Mauricio Macri y que al menos 260 fuentes de trabajo estaban en riesgo . Realizaron acampes, soportaron amenazas de Gendarmería y fueron denostados por el Poder Ejecutivo. Dos años después, y cambio de gestión mediante, al menos 160 trabajadores despedidos de esa primera tanda de los 269 (330 desde esa fecha en adelante) comenzaron a firmar el lunes sus reincorporaciones con el organismo de ciencia y técnica.

“Con esto no sólo demostramos que teníamos razón en cuanto a la importancia de las líneas de trabajo, es también una reparación simbólica: ellos quisieron echar científicos como perros y terminamos firmando las reincorporaciones en la sede central en la que estuvimos 47 días resistiendo”, celebró Luciano Domínguez, Secretario General de ATE-INTI.

Ya cuando Alberto Fernández cosechó más de un 47 por ciento de los votos en las PASO, los trabajadores entendieron que había un terreno firme para la negociación, lejos de los ataques a los que los tenía acostumbrados el presidente del ente estatal, Javier Ibáñez.

Entonces, conformaron una comisión de despedidos y comenzaron a reunirse con representante de todos los partidos políticos para no dejar que su reclamo quedara en el olvido, pero particularmente con los legisladores del Frente de Todos. En todas las reuniones encontraron “el compromiso para poner en pie al INTI, un organismo organismo central del país para la investigación científica y técnica, cuyo personal científico era esencial reincorporar”, según contaron.

Ayer firmó el primero de los trabajadores reincorporados, proceso que durará hasta el jueves próximo. El viernes se oficializarán los trámites con el sector de Recursos Humanos, para que el lunes 20 recuperen finalmente el cargo y los trabajadores despedidos vuelvan a su lugar de trabajo. Ese día «finalmente todxs vamos a estar del mismo lado, todxs adentro», celebraron en una publicación de Facebook.

Además de la recuperación de fuentes laborales, su incorporación implica también la reactivación de varias decenas de líneas de trabajo suspendidas. Desde que comenzó el recorte hasta que finalizó la gestión, al menos 30 líneas especiales de investigación quedaron truncas, de acuerdo al gremio. Esas tareas habían sido transferidas a laboratorios privados en su mayoría, incluida la especialización el baterías, de tecnología de líneas eléctricas y juguetes para chicos. “Esto marca el triunfo de un método, de la organización y de la defensa de trabajo pero además de las líneas de especialización”, explicó Domínguez.

Mientras firmaban los primeros reincorporados, hablaban entre sí que ese momento en particular significaba también “una reparación material y simbólica, además de una reivindicación del rol que tiene que jugar la ciencia y la técnica en el país”. “El INTI representa un bien del estado publico y popular que tiene la potencialidad inmediata de hacer un aporte al desarrollo industrial científico. El organismo puede hacer un aporte para satisfacer todas las necesidades sociales. Los trabajadores cumplimos, defendimos al INTI y ahora estamos a disposición para que sea parte del engranaje que contribuya a la sociedad”, enfatizó el secretario general.

«Muchos colegas tuvieron un nivel de HIJOPUTEZ nunca visto»

El periodista Gustavo Sylvestre apuntó contra los colegas que se sentaron en la mesa de Mirtha Legrand para pedir el cierre de C5N, y aseguró que dentro del Grupo Indalo debieron hacer un fuerte trabajo entre compañeros para mantener el medio de comunicación abierto, aún con sus dueños encarcelados por el gobierno anterior.

Después de destacar «el nivel de agradecimiento de la gente» por el trabajo que hicieron en el multimedio en estos cuatro años, el periodista confesó que no fueron tiempos fáciles ya que, además de «la persecución por parte del Gobierno de (Mauricio) Macri, que metieron presos a los dueños del canal (Cristóbal López y Fabián De Sousa)», vivieron «una avanzada psicológica» contra los trabajadores.

Por eso, destacó «la resistencia de los laburantes», el ponerse «codo a codo» porque «muchos quisieron bajar los brazos» en plena lucha. En ese contexto, aseguró en Right Now, muchos debieron advertirle a sus compañeros que «si el canal cierra un día, no lo abren más».

En esa lucha, hubo personas y trabajadores de los medios de comunicación que pidieron el cierre del canal:»Mientras otros colegas con una hijaputez pocas veces vista iban a los programas de la señora de los almuerzos y decían: ‘Ese canal C5N que lo cierren y en algunas radios lideres decían cierren, nunca se vio colegas que estaban pidiendo que cierren una fuente de laburo’, nunca se vio. Colegas que estaban pidiendo que cierren una fuente de laburo».

De Sousa, incluso, realizó una denuncia por asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes de funcionario público, abuso de autoridad y peculado y remarcó que el despido de Roberto Navarro de la señal de noticias fue por presiones del presidente Mauricio Macri.

“Se nos hizo saber que los medios de comunicación debían dar señales concretas en favor del gobierno nacional y cesar cualquier crítica respecto de la gestión de Mauricio Macri. Como una de las primeras medidas se nos impuso la obligación de desvincular al periodista Roberto Navarro”, remarcó De Sousa en la denuncia.

Navarro (con su ciclo de los domingos “Economía Política” y luego durante la semana con “El Destape”) lideraba el rating de programas periodísticos en canales de noticias, con números equivalentes y superiores a señales de aire tradicionales.

No más doctrina «Pato»

El Gobierno nacional oficializó el cambio de orientación en la política de seguridad al derogar las resoluciones de la gestión de Patricia Bullrich que implicaron profundos cambios en el uso de armas de fuego, el empleo de las pistolas Taser y la creación del denominado «Servicio Cívico Voluntario Orientado a Valores». Las medidas, tomadas por la actual funcionaria Sabina Fréderic, ya entraron en vigencia y fueron publicadas en el Boletín Oficial.

A partir de la resolución 1231 de la mencionada cartera, el Gobierno de Alberto Fernández derogó el Protocolo de Uso de Armas de Fuego que había sido puesto en vigencia en los cuatro años de macrismo. Al respecto, la norma recuerda que dicho protocolo «amplía de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS».

Asimismo, también puso fin al protocolo de uso de «armas electrónicas no letales», las llamadas pistolas Taser X26. Ahora, pasan a ser consideradas «armas electrónicas menos letales», por lo que instruye a crear un nuevo protocolo de actuación que tenga en cuenta el potencial peligro que implica su uso. Sobre el protocolo de Bullrich, Fréderic afirma que «regulan de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad en el empleo de armas electrónicas “no letales” -que, en realidad, son “menos letales”, tal como lo reconoce su fabricante-. En efecto, no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas».

Por ese motivo, advierte, «la categorización como arma electrónica “no letal” podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal».

A su vez, elimina la resolución que creaba el Servicio Cívico Voluntario de Valores, la creación en plena campaña del macrismo cuando intentó seducir a parte de la clase media con un discurso duro. Llama, también, a que dentro de 30 días hábiles el servicio cívico quede a cargo de las áreas más competentes para tal fin. El Ministerio de Educación podría ser quien quede a cargo del mismo.

Por último, el Gobierno nacional derogó el programa de «Ofensores en Trenes», que permitía a las fuerzas de seguridad a pedir a los pasajeros de transporte público que se identifiquen simplemente bajo criterio de los policías y gendarmes. Al respecto, advierte que la medida no indica «cuál será el procedimiento a realizar en caso que el pasajero o pasajera carezca de dicho documento o se niegue a exhibirlo, pudiendo dar lugar a la detención, el traslado a una comisaría y la conformación de una causa por resistencia a la autoridad». «Esta medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados», remarca la medida.

El ventilador a 360 grados

El falso abogado Marcelo D’Alessio continuaba declarando, al caer la noche de este lunes, en el mayor de los secretos. Todo transcurría en una pequeña oficina de la fiscalía federal de Dolores y, según trascendió, D’Alessio continuará declarando este martes y posiblemente también el miércoles, porque más allá de sus dichos el fiscal Juan Pablo Curi le hará una gran cantidad de preguntas. Asistido por su abogado, Claudio Fogar, D’Alessio intenta convencer a Curi para que lo acepte como arrepentido, algo que no es sencillo porque el fiscal ya rechazó a dos imputados anteriores que llegaron a Dolores con la idea de acogerse a los beneficios de esa ley. Entre esos beneficios podría estar una excarcelación o, al menos, una prisión domiciliaria.

D’Alessio empezó a declarar cerca de las diez de la mañana y hubo varios cuartos intermedios a lo largo de las horas en las que estuvo en la fiscalía. Todo indica que el falso abogado se quedará a dormir en una comisaría de Dolores y recién retomará la declaración cerca de las 16 de este martes: es que su abogado tiene un audiencia judicial y por lo tanto no se podrá arrancar antes.

Respecto del contenido, tanto el defensor de D’Alessio como el fiscal mantuvieron absoluta reserva. La declaración está siendo grabada y todo indica que el acusado reconocerá algún delito de extorsión y de espionaje ilegal –las pruebas son demoledoras– y tratará de convencer al fiscal explicándole cómo era el organigrama de las operaciones de espionaje ilegal, con cabeza en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). También es muy posible que reconozca que algunas de las investigaciones –también ilegales– que puso en marcha fueron por pedido de legisladoras de la Coalición Cívica y no está claro si va a involucrar al fiscal Carlos Stornelli y al periodista Daniel Santoro. Es un hecho que D’Alessio estuvo estudiando la indagatoria que Stornelli prestó la semana pasada.

Una vez terminada la declaración, Curi deberá resolver si acepta o no a D’Alessio como arrepentido. Y en caso de que lo acepte, la última palabra la tendrá el juez Alejo Ramos Padilla.

En las espaldas de Curi pesan las sospechas de que desde el inicio de la causa ha jugado a favor de la estructura judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py, que siempre quiso derribar la causa de Dolores. Curi dictaminó varias veces que el expediente que instruye Ramos Padilla debe pasar al edificio de Retiro donde, ya se sabe, Stornelli juega de local y lo mismo sucede con otros de los imputados.

Es seguro que Curi le exigirá a D’Alessio pruebas de todo lo que diga, algo que no es para nada sencillo. Por un lado, el falso abogado ha demostrado su capacidad para mentir y falsear hechos e identidades. Por el otro lado, buena pare de sus operaciones se hicieron en el marco del aparato de inteligencia que, supuestamente, se cuida de dejar rastros.

El peor de todos los tiempos

En menos de 48 horas concluye el peor gobierno democrático de la historia moderna en este país. Los intentos postreros de construir un relato que haga más ligero el juicio de la historia chocan de frente con la realidad. No importa con qué vara se lo mida, Mauricio Macri dejará el país con más pobres y más hambre, con menos empleo y de peor calidad, con la salud en crisis, la educación abandonada y el desarrollo científico y tecnológico relegado de cualquier lista de prioridades. La institucionalidad, tan cara a la mitología republicana, sufrió durante los últimos cuatro años dobleces y contorsiones inéditas. El asedio a adversarios políticos y empresarios díscolos terminó con muchos de ellos en la cárcel; la prensa crítica fue castigada con cierres de medios, despidos, listas negras y represión; la titular de la Oficina Anticorrupción termina envuelta en al menos media docena de investigaciones por corrupción; hubo ciudadanos presos por insultar a Macri; policías condecorados por matar por la espalda; jueces y fiscales desplazados a dedo para montar en el Poder Judicial una máquina de perseguir.

Haber llegado al final de su mandato es una cucarda por la que el Presidente debe agradecerle a la sociedad por la que tanto desprecio ha demostrado, y a una oposición que se comportó de forma madura y se preocupó más por ser una alternativa electoral exitosa que por aprovechar la debilidad de su rival. No está de más recordarlo: Macri estuvo match-point abajo muchas veces en el tramo final de su gobierno y el peronismo nunca dio el paso que faltaba para sacarlo de la cancha antes de tiempo. Hay pocas medallas más que pueda prenderse en el pecho. El saneamiento del INDEC es una que nadie discute, aunque medir la pobreza no es excusa para que aumente, argumento que sostienen de manera recurrente los panelistas del PRO en programas periodísticos. En materia de infraestructura, los avances reales no fueron sustancialmente distintos a los del período anterior. Un gobierno que se jacta de haber revolucionado la obra pública se despide sin dejar un solo mojón. Demasiado poco para la generación que creía haber venido a cambiar la historia. Menos mal.

Las cifras que dio a conocer la UCA en la última semana del mandato de Macri son aterradoras: según este observatorio, en septiembre un 40,8 por ciento de los argentinos no superaban la línea de la pobreza. El número será peor a fin de año, por el impacto en el bolsillo de la inflación de octubre, noviembre y diciembre. El mismo indicador, en diciembre de 2015, marcaba 29 por ciento. Otros métodos de medición muestran conclusiones similares: la proyección de los datos del Indec saneado ponen la pobreza en 27 puntos al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al igual que los índices ponderados de los institutos de estadística provinciales. Todavía no están los datos oficiales de cómo quedará al final del gobierno de Cambiemos, pero todos los especialistas descuentan que no será debajo del 40 por ciento. En cualquier caso estamos hablando de un aumento cercano al 50 por ciento. Por cada dos pobres que había en Argentina en 2015, ahora hay tres. El diagnóstico se agraba cuando se hace foco en los niños. Seis de cada diez, en la argentina de Macri, habitan en hogares donde no están satisfechas las necesidades básicas.

Cuando Macri asumió, todos los estudiantes secundarios en la escuela pública recibían una computadora. Hoy, ese programa ya no existe. El de Cambiemos fue el gobierno que menos escuelas construyó desde 1983. En la provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia, un mandato concluye con menos escuelas que las que había al comenzar. Desde hace más de un año, los argentinos no tenemos ministerio de salud. Desde hace veinte días ni siquiera tenemos una secretaría: tras la renuncia de Adolfo Rubinstein, su sillón quedó vacante. El Presidente no consideró necesario designar un reemplazo, aunque sí realizó nombramientos en el cuerpo diplomático. Prioridades. “Generar trabajo es la única forma genuina de salir de la pobreza”, había dicho. Durante su mandato, se duplicó el desempleo y se perdieron alrededor de ciento cuarenta mil puestos de trabajo genuino en la industria. “La inflación es algo simple de resolver”. Dejará al país con la peor marca desde la última hiper. “Quiero que me juzguen por si puedo o no reducir la pobreza”, propuso al comienzo de su mandato. Su fracaso fue completo.

Ante la imposibilidad de dar siquiera excusas respecto a la performance económica, la estrategia de Macri viró a plantear su legado como una cuestión de salto de calidad institucional. Con ayuda inestimable de algunos medios y comunicadores, instaló en un sector de la sociedad que su gobierno fue “más republicano” y “menos corrupto” que los anteriores. Tampoco hay evidencia de que esto haya sido así. Al contrario, Cambiemos a cruzado varias veces una línea que en 1983 la sociedad argentina había acordado no pisar. El lapidario informe de Naciones Unidas sobre la falta de independencia judicial alcanza para echar por tierra cualquier pretensión de institucionalidad ejemplar. Entre otras cosas, pide explicaciones por el hostigamiento a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, nombramientos arbitrarios, manipulación del Consejo de la Magistratura y el desplazamiento de fiscales en causas sensibles al gobierno. El abuso de las prisiones preventivas como herramienta de coacción de “arrepentidos” y para encarcelar a dirigentes opositores no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente en el país.

Tampoco hubo más libertad de expresión. Por el contrario, durante los últimos cuatro años se perdieron cuatro mil quinientos puestos de trabajo en la industria periodística. Representan un 30 por ciento de los puestos de trabajadores bajo convenio, según un informe de Sipreba sobre los cuatro años de macrismo. El hecho más oscuro fue la toma de Radio América y Tiempo Argentino en manos de una patota protegida por la Policía Federal. Las presiones y prisiones a dueños de medios críticos esconden tramas de extorsión y negocios sucios que recién están empezando a salir a la luz. Horacio Verbitsky, Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales, las voces más fuertes contra el gobierno, perdieron sus trabajos. Durante la cobertura de la represión social, la mira policial estuvo puesta en los trabajadores de prensa: desde 2016, 28 fueron detenidos y 55 resultaron heridos por balas de goma. La persecución no se limitó a los periodistas: hubo ciudadanos procesados en la justicia por insultar al Presidente en las redes sociales y una mujer fue detenida por hacerlo durante una de las recorridas de campaña. Su marido había perdido el empleo días antes.

Por último, el gobierno de Cambiemos se va envuelto en una serie de denuncias de corrupción que alcanzan a una buena parte del gabinete macrista, empezando por el propio Presidente. Hay por lo menos cuatro causas donde la evidencia lo complica: la compraventa presuntamente irregular de parques eólicos, la deuda de Correo Argentino, la adjudicación de beneficios indebidos a empresas de peajes vinculadas con su empresa familiar y la venta de dos centrales eléctricas. Otros funcionarios que deberán pasar por los tribunales son los exministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel; el ministro de Defensa, Oscar Aguad y el de Justicia, Germán Garavano. Si prospera la denuncia que sostiene que el acuerdo con el FMI fue ilegal, buena parte del gabinete económico deberá dar explicaciones. Sin embargo, el caso más emblemático fue el de la titular de la Oficia Anticorrupción, Laura Alonso, que termina envuelta en al menos media docena de investigaciones por no haber intervenido en denuncias contra sus compañeros de gabinete. A lo mejor, si hubiera sido abogada, como se exige para su cargo, se habría ahorrado algunos problemas.

Regalo de Navidad

La cúpula directiva del Grupo Clarín, encabezada por Héctor Magnetto, fue sobreseída por una causa de lavado de activos. La denuncia databa de 2012 y hacía alusión a transferencias bancarias en el exterior, las cuales presentaban irregularidades.

En el último día de Mauricio Macri como presidente, el juzgado federal n° 9 resolvió confirmar los sobreseimientos de Magnetto, Lucio Pagliaro, José  Aranda y Jorge Rendo, entre otros directivos del multimedio ultramacrista.

¿Qué planteaba la denuncia? La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció operaciones concretadas por integrantes de Clarín que justificaban una sospecha sobre la comisión del delito de lavado de activos. De ahí, la UIF puso el foco en la conformación de una sociedad en los Estados Unidos, de la cual resultó la adquisición de acciones de la firma CIMECO SA, valiéndose de sumas obtenidas a través de un préstamo del Credit Suisse de Londres, luego transferidas a cuentas bancarias de sociedades integrantes del Grupo Clarín.

El origen de la apertura de la causa se dio a partir de declaraciones del exejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu. Sin embargo, el juzgado determinó la libre culpabilodad de los cabecillas del grupo.

«La Sala destacó que en otra causa se había descartado que aquello presentado por los acusadores como ‘posible ilícito precedente’ del lavado, fuera delito. Se aludió al fallo del juzgado n° 12 donde se rechazó cualquier corroboración de los dichos de Arbizu, señalando entre otras cosas que ‘no se ha agregado a estas actuaciones ninguna constancia que dé cuenta de la sospecha de que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior, tuviera una actividad ilícita de la cual pudieran provenir los bienes y/o las sumas de dinero’, marcó el fallo. “Tampoco se ha incorporado elemento de convicción que pudiera proporcionar un mínimo de sospecha de que todo o parte del volumen de dinero que estaría depositado en el extranjero pudiera proceder de alguna actividad ilícita”, dictaminó el juzgado.

Hijes de Yuta

Hacía dos semanas que Santiago Maldonado estaba desaparecido y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondía por ese crimen en el Senado. Cuando le preguntaron por el rol en la represión a la Pu Lof de Cushamen del comandante Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, la funcionaria respondió: «No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades, me la banco yo».

Mientras la investigación por la desaparición seguida de muerte del tatuador anarquista sigue sin un sólo imputado, sin juez y sin precisiones sobre lo que pasó el 1 de agosto de 2017, hoy las autoridades de Gendarmería realizaron un acto en el cual entregaron a Bullrich un sable en el cual grabaron aquella frase, que en aquel momento fue una provocación para la familia y los organismos de derechos humanos, que señalaban a esa fuerza como responsable en el crimen y en su encubrimiento.

La propia ministra misma subió el video en el que le hacen leer esas palabras, poco antes de fundirse en un abrazo con el jefe de los gendarmes.

Todos a la bolsa

Desde hace un tiempo, la diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió realizo una denuncia penal por supuesto manejo discrecional de la AFIP y supuestas «coimas», centrándose en el caso de la empresa de Fabian de Sousa y Cristobal López, “Oil Combustibles”. Sin embargo, se conoció que existen diversas personas que solicitaron el denominado «Artículo 32» bajo el mismo trámite. La lista es extensa y diversa: Desde clubes de fútbol hasta animadoras de televisión de la talla de Susana Gimenez, Mirtha Legrand y super modelos.

En su totalidad son 1232 personas -entre físicas y jurídicas- que están siendo notificados de que existe una causa en su contra por haber sido beneficiarios de los 1613 planes especiales de la AFIP otorgados durante la gestión de Ricardo Echegaray para poder financiar en cuotas sus deudas con el fisco.

De esta manera, constructoras, estrellas de televisión, modelos, clubes entre otros se encuentran ahora en esta causa judicial, que Carrió impulsó para apuntar exclusivamente contra las empresas del grupo Indalo. Todos ellos recibieron idéntico tratamiento administrativo en el organismo recaudador que la petrolera Oil Combustibles, que hoy enfrenta un  juicio oral por supuesta defraudación al Estado por haberse acogido a esos planes de facilidades y pagar en cuotas el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

Todo el inicio de esta causa se inicia con la denuncia de la líder de la Coalición Cívica contra todos quienes fueron aprobados para ingresar en el régimen denominado “Artículo 32”, entre el 2010 y el 2015. Originalmente, apuntó únicamente contra los empresarios dueños de Indalo pero, al ver que sus blancos predilectos no habían tenido un tratamiento privilegiado, decidió ampliar el abanico hacia todos los beneficiarios por esta moratoria.

Señala de esta manera el artículo de Gabriel Morini en Ámbito Financiero que Carrió le agregó una segunda curiosidad a su denuncia: dijo que “podría haber habido coimas por un sinnúmero de planes de facilidades de pago”.

Esa situación es cuestionada ya que en todos los cargos por los que Oil fue a juicio a partir de la denuncia de Carrió y de la AFIP. En conjunto, nunca se había mencionado la posibilidad de que hubiese sobornos. Sin embargo, es el mismo plan al que accedieron otras personas físicas y jurídicas.

También señala el artículo que, a pesar de tener un tiempo considerable en el fuero penal y económico, muchos involucrados no han sido notificados. Por eso es que ahora se los está citando de a tandas para notificarlos de la existencia de la investigación y que propongan defensa. Se conoce que hasta el momento se convocó alrededor de 200 personas que aparecen en los listados. Los demás estarán en lista de espera en lo que se vislumbra como una mega causa que podría no tener destino si se verifica que el otorgamiento masivo de planes estuvo ligado a un plan de regularización.