JUDICIALES

La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad en la causa del Correo Argentino y dejó al borde del procesamiento a Oscar «el milico» Aguad. Así, la Sala II de ese tribunal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, le dio aval y avanza el caso donde está imputado hasta Mauricio Macri.

Por el caso ya fueron indagados el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, un funcionario y dos abogados de la firma Correo Argentino SA, que perteneció a la familia del jefe de Estado. Los Macri intentaron condonar la deuda estimada en 70 mil millones de pesos que tenían con el Estado con el aval del Presidente, de apellido Macri y nombre Mauricio.  La Cámara Federal respaldó así la investigación penal del juez federal Ariel Lijo sobre este caso y a los involucrados ahora les queda ir a Casación.

El Destape se comunicó con Oscar Aguad y el ministro no quiso hacer declaraciones sobre el fallo de la Cámara Federal. «No estoy dando entrevistas a medios por ningún motivo», afirmó.

Los involucrados son los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo, y Juan Manuel Mocoroa, director de asuntos jurídicos del ex Ministerio de Comunicaciones.

La Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal anuló el procesamiento del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, de los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y del ex-subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.  El fallo determinó irregularidades en la investigación y en la prueba que tenía a cargo el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.

De esta manera, la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado. Con esta decisión también se declararon nulas las faltas de mérito que se habían dictado a empresarios imputados en el caso.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de «fundamentos».

La investigación «está orientada desde su inicio a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en la distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento», recordaron. Este acto administrativo «benefició al consorcio integrado –según anterior denominación- por las firmas Iecsa S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa SA».

«Según la lógica del fallo, la existencia de la maniobra quedó revelada, entre otras cosas, en cómo se otorgaron pagos de abultadas sumas de dinero a la UTE, mediando modificaciones sustanciales de los términos en que fue inicialmente pautado todo. Siendo eso así, hay cosas que la sentencia necesariamente tenía que analizar y no analizó: – Si la afirmada acción de los funcionarios públicos de beneficiar a empresarios podía ser asignable a los últimos como partícipes del delito de los primeros», sostiene el fallo.

«Se sabe que hay posturas encontradas en la doctrina sobre si, objetivamente, tal delito (art. 265, CP) es aplicable en esos términos a los particulares, pero ninguna de esas posiciones se adoptó o explicó», explica la sentencia.

Luego de que Daniel Santoro fuera citado a declarar por ser partícipe de una asociación ilícita para extorsionar personas y saliera una insólita solicitada de más cuatrocientos periodistas en su defensa, Romina Manguel salió a aclarar el detrás de escena de las firmas.

«Estoy muy enojada con las entidades periodísticas haciendo terrorismo, diciendo que van a meter en cana a Santoro, que nunca pasó por la cabeza del juez y nunca estuvo en juego la libertad, los corrieron diciendo ´firmen´».

«Y a los colegas que dijeron que los apretaron para firmar, qué periodista sos después para firmar otra nota si después venís y firmas asustado una solicitada», cerró.

En una de las causas ligadas a las fotocopias de los cuadernos, la Cámara Federal porteña revocó uno de los procesamientos con prisión preventiva que le dictó el juez Claudio Bonadio a Cristina Kirchner.

Se trata del caso que investigó los subsidios entregados al área de transporte durante la gestión kirchnerista. Para la Cámara Federal, las pruebas colectadas son insuficientes y le encomendaron a Bonadio profundizar la investigación.

También se cayeron los procesamiento que recaían en el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y empresarios como Mario Cirigliano.

Bonadio había dicho que entre 2003 y 2012 «las personas a cargo de las empresas de transporte pagaban entre un 5 y un 30 por ciento de los subsidios entregados al Estado Nacional a Jaime y a Schiavi» y a cambio los entonces funcionarios «garantizaban los pagos de subsidios por montos superiores a los que les correspondía».

Sin embargo, las defensas apelaron y esta vez, por primera vez en un expediente ligado a cuadernos, la Cámara Federal les dio la razón. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que no está probado que «la matriz de corrupción instaurada con fines recaudatorios desde las más altas jerarquias del Ejecutivo entre 2003 y 2015 abarcase los hechos originados en esta causa».