JUDICIALES

Hijes de Yuta

Hacía dos semanas que Santiago Maldonado estaba desaparecido y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondía por ese crimen en el Senado. Cuando le preguntaron por el rol en la represión a la Pu Lof de Cushamen del comandante Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, la funcionaria respondió: «No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades, me la banco yo».

Mientras la investigación por la desaparición seguida de muerte del tatuador anarquista sigue sin un sólo imputado, sin juez y sin precisiones sobre lo que pasó el 1 de agosto de 2017, hoy las autoridades de Gendarmería realizaron un acto en el cual entregaron a Bullrich un sable en el cual grabaron aquella frase, que en aquel momento fue una provocación para la familia y los organismos de derechos humanos, que señalaban a esa fuerza como responsable en el crimen y en su encubrimiento.

La propia ministra misma subió el video en el que le hacen leer esas palabras, poco antes de fundirse en un abrazo con el jefe de los gendarmes.

Todos a la bolsa

Desde hace un tiempo, la diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió realizo una denuncia penal por supuesto manejo discrecional de la AFIP y supuestas «coimas», centrándose en el caso de la empresa de Fabian de Sousa y Cristobal López, “Oil Combustibles”. Sin embargo, se conoció que existen diversas personas que solicitaron el denominado «Artículo 32» bajo el mismo trámite. La lista es extensa y diversa: Desde clubes de fútbol hasta animadoras de televisión de la talla de Susana Gimenez, Mirtha Legrand y super modelos.

En su totalidad son 1232 personas -entre físicas y jurídicas- que están siendo notificados de que existe una causa en su contra por haber sido beneficiarios de los 1613 planes especiales de la AFIP otorgados durante la gestión de Ricardo Echegaray para poder financiar en cuotas sus deudas con el fisco.

De esta manera, constructoras, estrellas de televisión, modelos, clubes entre otros se encuentran ahora en esta causa judicial, que Carrió impulsó para apuntar exclusivamente contra las empresas del grupo Indalo. Todos ellos recibieron idéntico tratamiento administrativo en el organismo recaudador que la petrolera Oil Combustibles, que hoy enfrenta un  juicio oral por supuesta defraudación al Estado por haberse acogido a esos planes de facilidades y pagar en cuotas el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

Todo el inicio de esta causa se inicia con la denuncia de la líder de la Coalición Cívica contra todos quienes fueron aprobados para ingresar en el régimen denominado “Artículo 32”, entre el 2010 y el 2015. Originalmente, apuntó únicamente contra los empresarios dueños de Indalo pero, al ver que sus blancos predilectos no habían tenido un tratamiento privilegiado, decidió ampliar el abanico hacia todos los beneficiarios por esta moratoria.

Señala de esta manera el artículo de Gabriel Morini en Ámbito Financiero que Carrió le agregó una segunda curiosidad a su denuncia: dijo que “podría haber habido coimas por un sinnúmero de planes de facilidades de pago”.

Esa situación es cuestionada ya que en todos los cargos por los que Oil fue a juicio a partir de la denuncia de Carrió y de la AFIP. En conjunto, nunca se había mencionado la posibilidad de que hubiese sobornos. Sin embargo, es el mismo plan al que accedieron otras personas físicas y jurídicas.

También señala el artículo que, a pesar de tener un tiempo considerable en el fuero penal y económico, muchos involucrados no han sido notificados. Por eso es que ahora se los está citando de a tandas para notificarlos de la existencia de la investigación y que propongan defensa. Se conoce que hasta el momento se convocó alrededor de 200 personas que aparecen en los listados. Los demás estarán en lista de espera en lo que se vislumbra como una mega causa que podría no tener destino si se verifica que el otorgamiento masivo de planes estuvo ligado a un plan de regularización.

«Tengo la condena escrita pero me absolvió la historia»

La ex presidenta y actual vicepresideta electa, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este lunes, en el marco de un estricto cerco periodístico decidido por el TOF 2 que impidió la televisación de la audiencia, en el juicio conocido como de la «Obra Pública» en Santa Cruz. Durante su ponencia, que se extendió por más de 3 horas y media, se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio. Cuando ya estaba retirándose de la sala de audiencias, el presidente del TOF, Jorge Gorini, le preguntó si iba a responder preguntas: “Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, le espetó, en un cierre que explica la intención del tribunal de evitar que se transmitiera la declaración. Tal fue el conflicto que hasta en la sala de periodistas se cortó la imagen de la audiencia desde las 12 del mediodía y solo pudo escucharse el audio del proceso.

La vicepresidenta electa, que comenzó a declara a las 10, puso en contexto político su situación judicial. Dijo que el Lawfare se instauró para volver a implementar un modelo de país neoliberal. “Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, había que traer de vuelta al FMI. Para traerlo había que convencer que el que le pagó era un chorro y que vino solamente a la presidencia a robar y saquear al país. Eso lo hicieron. Y por eso estoy sentada acá”, señaló.

En varios pasajes de su testimonio, la expresidenta cuestionó al juez federal Julián Ercolini, quien impulsó la causa por la supuesta corrupción en la obra pública en Santa Cruz, con la que se persiguió a ella “y a mis hijos”. Lo definió como quien “provocó que mi hija se enfermara” y “un juez mutante”. “Cambió el gobierno y cambió Ercolini (de postura). Por eso le digo ‘el mutante’”, explicó. Es que Ercolini tuvo posturas disímiles en denuncias similares sobre la obra pública en Santa Cruz y avanzó decididamente contra Cristina una vez que Macri asumió la presidencia.

También dedicó definiciones como “corsarios judiciales” a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes actuaron en la instrucción de esta causa.

A la hora de fustigar  la dinámica de los tribunales federales de Comodoro Py dedicó un apartado al presidente de la Cámara Federal porteña, el tribunal de alzada en el edificio de Retiro. “La doctrina Irurzun fue diseñada en la mesa judicial del gobierno que se va”, dijo respecto a la doctrina por la cual ex funcionarios kirchneristas investigados debían ser detenidos porque podían obstaculizar la pesquisa en cuestión.

Martín Irurzun también está al frente de la DAJUDECO, la dirección que tiene a cargo las escuchas judiciales. Y también fue interpelado por la expresidenta cuando recordó que “nunca se filtró una letra de una escucha” cuando las interceptaciones estuvieron bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, esto es, bajo supervisión de la fiscal Cristina Caamaño, en la gestión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, durante la gestión kirchnerista. Como contraposición mencionó cómo se expusieron sus diálogos con Oscar Parrilli en los medios de comunicación oficialistas. “¿Eso no es persecución, no es Lawfare?”, se preguntó.

Algunos de los pasajes más destacados de la audiencia fueron los siguientes:

Juicio de la Obra Pública

“Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción en la Obra Pública. Lawfare puro”.

Ercolini y Bonadio

«Tengo una suerte para los sorteos, siempre me tocan Bonadío y Ercolini».

El alquiler

“Los fiscales (Pollicita y Mahiques) dicen que el retorno de las obras públicas que hacía Lázaro Báez en Santa Cruz se pagaba a través del alquiler del hotel Alto Calafate. Y dicen que las obras fueron por $16 mil millones y los contratos por $20 millones (por cinco años). Bastante idiotas para ser delincuentes”.

Allanamiento

Respecto al allanamiento que hizo el juez Claudio Bonadio en su casa, afirmó: “Llama la atención que un allanamiento como nunca le hicieron a nadie, se haya extendido por 3 días y transmitido a lo largo  y ancho del país. Rompieron mi casa. ¿Cómo defienden la integridad? Se puede allanar pero no llevarse lo que no corresponde. O que entren a la casa de mi hija que estaba con sus beba para no se sabe qué”.

Persecución a peronistas

Respecto a la persecución judicial, dijo: “Esto pasa en la Argentina y siempre contra los peronistas. Siemprre. En el pasado y en estos últimos 4 años. Nunca vi que le hayan allanado la casa a (Federico) Sturzengger o a (Fernando) De la Rúa por el megacanje. Siempre le digo a Florencia. ‘Imaginate si Perón y Evita hubieran tenido hijos. Si a ella le hicieron lo que le hicieron muerta, imaginate con los hijos’. Todo peronista que tiene plata es corrupto. Si no sos peronista y sos multimillonario, por el juego, por comisiones de la deuda externa, se presume honesto. Si sos peronista seguro sos corrupto. La presunción es de culpabilidad”.

Lázaro Báez

“No soy amiga de Lázaro Báez. Nuca fui amiga de Lázaro Báez. Pero no voy a tolerar que se diga que porque es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en al dictadura. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista”, añadió.

La grieta

En otro pasaje de su extensa y vehemente declaración, se refirió a la supuesta “grieta” que divide a los argentinos: “Que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta, no entienden que son los intereses de los millones de argentinos, de trabajadores que se quedaron sin trabajo, de empresarios que cerraron sus empresas, de gente que duerme en la calle. Qué grieta!”.

La OA y la UIF

«El Gobierno utilizó a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para impulsar las causas judiciales».

La sucesión

“El dinero de la sucesión que tenía mi hija no estaba paraísos fiscales sino en un banco nacional. Y pudo explicar todo por eso no tiene una causa por lavado”, dijo sobre los dólares que tiene embargados Florencia Kirchner. “No me encontraron en Seychelles ni en Panamá Papers porque todo está en nuestras declaraciones juradas”, añadió, en clara alusión al presidente Mauricio Macri, cuyo nombre apareció en la filtración de los Panamá Papers.

La transmisión

El conflicto por la transmisión de la audiencia escaló tanto que Cristina lo mencionó al inicio de la audiencia. “¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa esté sentada acusada de integrar una asocación ilícita”?, interrogó al tribunal que rechazó el pasado viernes por 2 votos contra 1 que se difundiera el proceso. Este lunes, ante un nuevo planteo de la defensa de CFK, los jueces Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu (quien había disentido antes) volvieron a negar la transmisión, esta vez por unanimidad.

Tal fue el caos que provocó la filtración de pasajes de la audiencia que ya concluido el debate oral y público, la policía del edificio de Retiro siguió buscando cómo fue que se difundió por algunos canales de televisión. La indicación del tribunal era que se evitara por todos los medios darle micrófono y cámara a Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo contrario a lo que hizo en el inicio de este juicio.

Nada que decir, Señor Juez

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se negó a declarar hoy ante el juez Luis Rodríguez por la causa donde se investiga su responsabilidad en el negociado que armó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren con Shell. La funcionaria presentó un escrito donde trató de defender su inacción ante el conflicto de intereses entre el titular de la cartera y la empresa que había presidido meses antes.

La causa inició en 2016 con la denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, luego de que le presentaran a la OA un reclamo para que investigue las incompatibilidades de Aranguren. Sin embargo, ante la inacción de Alonso, debieron pedir una pesquisa en Comodoro Py.

Luego de esquivar a la prensa que se había reunido para entrevistarla, Alonso le planteó hoy al magistrado que “la falta de iniciación de oficio del expediente no se produjo como consecuencia de una omisión, sino simplemente porque la denuncia fue recibida en forma casi simultánea a que comenzaran a estudiarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios”. En el documento que presentó, al que accedió El Destape, argumentó que no estaba al tanto del vínculo del entonces ministro con la petrolera: “Se recibió el 16 de marzo de 2016 una denuncia en la que señalaba que Aranguren, además de haber sido previamente presidente de Shell Argentina, era también tenedor de acciones de la empresa Royal Dutch Shell, circunstancia hasta entonces desconocida”.

Alonso, cuyo trabajo debería ser velar por los intereses del Estado, se atajó por las consecuencias penales de sus acciones al plantear que “los conflictos de intereses no pueden asimilarse a los delitos ni implican necesariamente su comisión. Puede haber un conflicto de intereses que no derive en la comisión de un delito y, a la inversa, puede haber un delito sin la configuración objetiva de una situación de conflicto de intereses”.

Según la secretaria de Estado, “ante la primera noticia de que podía llegar a existir una posible incompatibilidad en cabeza de Aranguren, la OA inmediatamente adoptó todas las medidas que normativamente correspondían, tras lo cual concluyó que no había incurrido en una infracción a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública”. En un escrito de 15 páginas, la funcionaria macrista admitió que a través de la resolución que dictó el 9 de septiembre de 2016, “en el caso bajo análisis no existió un conflicto de intereses, ni una incompatibilidad de Aranguren para ejercer el cargo, ni una violación del deber de abstención o excusación que recaía a su respecto”.

Esa polémica resolución remarcó que el ministro no debía vender sus acciones: “Aranguren no tiene obligación legal de desprenderse de las acciones que posee en la empresa Royal Dutch Shell”. Para Alonso, bastaba con que el petrolero se excuse de intervenir en las cuestiones relacionadas con la compañía.

“Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado”, opinó en el escrito la secretaria de Ética Pública.

Luego de entregar el papel, se retiró sin dialogar con la prensa, con una clara molestia hacia los periodistas presentes, según relató Lucas Martínez en El Destape Radio. Un comportamiento consistente con sus cuatro años de gestión, en los que se negó a aceptar entrevistas de medios no alineados con Cambiemos por su temor, quizás, a dejar en evidencia su accionar parcial.

Como abogada de Alonso se presentó Marta Nercellas, ex representante legal de la DAIA, vinculada a las escuchas ilegales cuando Mauricio Macri ostentó la jefatura de Gobierno porteña. De acuerdo a los registros de esa época, existían 112 llamadas entre la letrada y Jorge “El Fino” Palacios, a quien el PRO había condecorado como jefe de la entonces Policía Metropolitana luego de que le pinchara el teléfono a Sergio Burstein y antes de que fuera procesado por el encubrimiento al atentado a la AMIA.  Memoria Activa había incluido el episodio de Nercellas dentro de su pedido de apartamiento del juez José Galeano, quien fue condenado este año por el Tribunal Oral Federal 2. En cambio, absolvieron a Palacios junto con Carlos Menem.

Buenas News parte II

Los portales Todo Noticias e Infobae.com deberán indemnizar a una mujer por haberla acusado de gestar una agresión contra Mauricio Macri durante un acto en Mar del Plata en el año 2016. Por otro lado, deberán publicar una desmentida como nota principal durante cuatro días.

Se trata de Ivana Yolanda Burgos, que fue escrachada en los portales Infobae y Todo Noticias, la señalaron como artífice de un escrache al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal la ciudad costera de la Provincia de Buenos Aires en el primer año de Gobierno, además de catalogarla como militante kirchnerista.

Ahora, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2, con la firma del juez Juan Martín Alterin contra ambas empresas y como condena deberán pagarle a la damnificada $150.000 entre ambas (más intereses) y a difundir la decisión judicial en portada por un plazo de cuatro días.

Además, el juez determinó que «la señora Ivana Yolanda Burgos fue erróneamente implicada por este medio en los hechos de violencia en que resultó agredido el Presidente de la Nación y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2016 en la ciudad de Mar del Plata».

Chau Fariña, chau

Después de obtener una gran cantidad de beneficios y pasar en el Programa de Protección de Testigos e Imputados mucho tiempo más de lo permitido por la ley, el arrepentido Leonardo Fariña renunció a este organismo dependiente del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Fariña ingresó al Programa el 8 de abril de 2016, luego de arrepentirse ante el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”.

El falso empresario recibió alquileres suntuosos, custodia las 24 horas del día y el pago de la prepaga OSDE, lo que lo convirtió en el imputado colaborador y arrepentido VIP de este Gobierno.

Giselle Robles, ex abogada del ex protegido, manifestó a este medio que Fariña mantuvo reuniones con Garavano donde acordaron apuntar contra la ex presidenta Cristina Fernández, lo que derivó en los «premios» mencionados anteriormente.

Según publicó el portal Infobae, el motivo detrás de tal decisión es el de «recuperar una vida normal». El cambio se dio en el marco de la discusión por el traspaso del Programa a la órbita del Poder Judicial.

Darío Díaz, exdirector del Programa, denunció en El Destape que esta jugada del Gobierno, que se concretaría por Decreto de Necesidad y Urgencia, puede colaborar a tapar los desmanejos económicos que realizaron los funcionarios de este organismo.

Todo mal

Darío Díaz, ex director del Programa de Testigos Protegidos, se refirió al uso de este plan durante el macrismo, luego de que el gobierno diera a conocer su traslado al Poder Judicial: “Se han cometido graves irregularidades en el programa de Testigos Protegidos” y “para los testigos que declaran en favor del interés de Garavano o Bullrich hay concesiones mayores en materia económica”.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Díaz remarcó: “Macri quiere sacarle el programa de Testigos Protegidos al Poder Ejecutivo para tapar las irregularidades que cometieron en manejo de arrepentidos en materia de corrupción”.

Agregó: “La ley establece 6 meses de plazo para resolver los problemas de los testigos protegidos. Acá trascendió que se extendieron por sumas millonarias”, “El pago de OSDE a Leonardo Fariña es una barbaridad, la ley establecía que debe atenderse en salud pública” y “El hecho mismo de estar utilizando arbitrariamente sumas millonarias para satisfacer a supuestos arrepentidos son violaciones a la ley y quieren encubrirlas”.

Asimismo, remarcó: “Un DNU no puede legislar sobre temas penales y el traslado del Programa de Testigos Protegidos lo es” y “La ley del programa de Testigos Protegidos dice que las facultades de su director son discrecionales, por lo que si se lo ofrecen a los jueces tendrían que cambiar la ley”.

Tabaco: Denuncian malversación de fondos, negociaciones incompatibles y coacción.

Nota Publicada por el Diario Primera Edición de Posadas

El viernes 15 fue presentada una denuncia en el Juzgado Federal de Oberá. La misma fue realizada el viernes por el diputado nacional electo, Héctor “Cacho” Bárbaro, que además es presidente del gremio tabacalero ACTIM, y por el diputado provincial del PAyS, Isaac Lenguaza, donde solicitaron a la Fiscalía Federal que se investigue la posible comisión de los siguientes delitos: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; “malversación de caudales públicos”; “coacción” “y/u otros delitos que pudieran surgir de la investigación de los hechos contra el señor Marcelo Viegas Calçada”, coordinador nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras y administrador del Fondo Especial del Tabaco, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Bárbaro y Lenguaza tienen la sospecha de que Calçada tendría intereses compartidos con la entidad cooperativa y eso lo llevó a desembolsar sumas millonarias en forma irregular y presionar a los gremios tabacaleros; hasta al propio ministro del Agro de Misiones, para que aprueben los desembolsos. Como éstos se negaron al facilitar el último tramo de los pagos, creen que el funcionario demoró el envío de dinero.

Los denunciantes aseguran que el funcionario habría autorizado transferencias ilegales en beneficio directo de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, que el mismo Calçada gestionó y presionó con “llamativo” interés para que los gremios aprobaran esas transferencias.

Todo comenzó el 31 de mayo de 2018 cuando la Secretaría de Agricultura de la Nación aprobó la Resolución 93/18 autorizando un desembolso de $560 millones del Fondo Especial del Tabaco con destino al “Saneamiento Financiero 2018” de la Cooperativa mencionada, situada en Alem.

Esos fondos corresponden al 20% del FET, que debe invertirse en Planes Operativos Anuales para diversificación y mejoramiento productivo que deben ser establecidos con precisión y afectación específica.

Según la Resolución 93/2018 el desembolso debía concretarse en siete cuotas anuales de 80 millones de pesos cada una, finalizando el cronograma recién en 2024.

Previo a la transferencia de cada aporte anual, la CTM estaba obligada a presentar ante la Secretaría de Agricultura, la Memoria y los Estados Contables del año anterior, como así también, “el detalle pormenorizado de cada una de las deudas y los comprobantes de cancelación de la deuda”.

El funcionario nacional denunciado autorizó en sólo trece meses, entre 2018 y 2019, la trasferencia de cuatro desembolsos por un total de 460 millones de pesos, incumpliendo la resolución que dio origen al salvataje.

El 14 de junio de 2018 fue la primera por $80 millones; el 17 de diciembre fue la segunda por otros $80 millones; la tercera llegó el 23 de marzo de este año por $200 millones y la cuarta 1 de julio por otros $100 millones.

“Materialmente, es imposible que la CTM haya cumplimentado la exigencia (de presentar la documentación) porque estamos en 2019. La CTM recibió 460 millones en menos de un año y medio”, advirtió la denuncia de Bárbaro y Lenguaza. “Es decir que el denunciado ordenó transferencias irregulares, sin sustento en instrumento legal alguno y en violación a los deberes que le fueron encomendados”, resaltaron.

En la denuncia se afirmó que Calçada no es “un engranaje más” en la transferencia de fondos sino que “es quien tiene la última palabra”. Por eso los denunciantes advirtieron que hay “negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública”, al recordar que el funcionario viajó en marzo de 2019 a Misiones “para gestionar el adelantamiento de 200 millones de pesos para la CTM que debían sumarse a los 160 millones ya transferidos”.

En esa ocasión, acompañado por el diputado electo Alfredo Schiavoni se reunió con el ministro del Agro, José Luis Garay en Posadas.

Garay declaró luego a una FM de Aristóbulo del Valle que vinieron a pedirle que apoye la aprobación anticipada de los giros a la CTM: “El pedido de financiamiento vino de Nación; inclusive nos solicitaron esa posibilidad de adelantamiento”, dijo.

La Provincia dio el aval para la transferencia de los $200 millones. Luego, el 13 de junio de 2019, “apenas tres meses después” el coordinador nacional volvió a Misiones para apresurar nuevos desembolsos por otros 200 millones”. Esta vez y pese a la presión, la Coordinación provincial no avaló el nuevo desembolso y sólo accedió a dar la mitad, es decir $100 millones.

Totalizaron así 460 millones de pesos transferidos a la CTM en sólo trece meses. “La insistencia del coordinador nacional no quedó allí. El 4 de octubre Viegas Calçada volvió a la provincia para reunirse en Posadas con el ministro del Agro, los referentes de los tres gremios y el representante de la CTM, Eldor Hut a los fines de ‘destrabar’ el saldo de los 100 millones de pesos que quedaron pendientes”, relataron.

En esa reunión, “de la que participamos los denunciantes como representantes de ACTIM, vimos el énfasis puesto por el funcionario nacional para instar a los presentes a avalar el desembolso. Nos alarmó la avidez del funcionario nacional”, sostuvieron. “Fue en esa reunión que advertimos estar ante una operatoria manifiestamente ilegal”, agregaron. Se le pidió que muestre si la CTM había presentado las Memorias y Balances y la situación de la deuda, pero “visiblemente molesto, aseguró que ‘los papeles estaban’ y que los iba a enviar luego, cosa que nunca ocurrió”.

En la denuncia se describe que después de la reunión del 4 de octubre, el presidente de la Cámara del Tabaco, Gustavo Piñeiro, recibió un llamado telefónico de Viegas Calçada en el cual habría sido amenazado por el funcionario: le pidió que apoye el último desembolso bajo riesgo de no recibir “un solo peso más” para sostener los servicios de salud del gremio.

El ministro Garay luego relató que también fue presionado vía telefónica por el mismo funcionario nacional, con el mismo objeto, aunque no detalló el alcance y contenido de las presiones.

Los denunciantes creen que las amenazas telefónicas “eran consistentes” porque Calçada “tiene la última palabra para autorizar las transferencias de recursos que sustentan la atención de la salud de 13 mil productores tabacaleros”, además de otros pagos como la tercera vuelta de precio, el Plan Operativo Anual conocido como “Caja Verde”, entre otros.

Después de este choque, en la denuncia lo acusan de protagonizar “una ofensiva contra quienes frenamos ese despojo que consideramos ilegal” y dicen que Calçada “envió información confusa a medios de prensa provinciales negando su responsabilidad en los retrasos y provocó un caos con cortes de ruta en seis puntos neurálgicos de Misiones, protesta que duró varios días”.

Lo grave, según la denuncia de Bárbaro y Lenguaza, es que la CTM a pesar de recibir $460 millones no disminuyó su deuda, sino que la incrementó a $1.200 millones. Por eso presentaron en la Legislatura misionera un pedido de auditoría externa comandado por la Provincia.

“Esta denuncia penal decidimos presentarla después de destrabado el reclamo de los productores en las rutas, justamente atendiendo la delicada situación de volatilidad, alta conflictividad social desatada y la posibilidad concreta de que el denunciado continuase retaceando los recursos que van directo a las cuentas corrientes de los más de 13 mil productores”, sostuvieron los denunciantes.

Al presentar la denuncia, los dirigentes también incluyeron una carpeta con muchas pruebas y documentos para facilitar al juez la investigación, entre ellas resoluciones, planillas de fondos y copia de planillas de transferencias.

Transición cero

Alberto Fernández salió a refutar y a desmarcarse de las decisiones del gobierno nacional en tres temas concretos en las últimas horas: aumento de naftas, protocolos de seguridad y testigos protegidos. Usó su cuenta de Twitter para desmentir a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien salió a decir que la suba de combustibles fue “acordada” con el presidente electo. “Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud”, dice sin medias tintas su tuiteo.

La ministra de Seguridad también fue el centro del otro tema del día: los protocolos de seguridad. Fernández había adelantado que promovería su derogación. Se trata de normativas que, en general, le dieron libertad discrecional de acción a las fuerzas policiales. Están en línea con el aval que Bullrich y Macri le dieron al policía Luis Chocobar, que mató en la vía pública a un ladrón desarmado, y que quedó fijado como «Doctrina Chocobar».

«Les va a salir el tiro por la culata, yo les diría que lo piensen, que no actúen impulsivamente, que analicen con más tiempo y no tomen decisiones contrarias sólo porque las hicimos nosotros», dijo Bullrich en declaraciones radiales sobre esa iniciativa. La ministra insistió en que, si se derogan los protocolos, los efectivos quedarán desprotegidos.

Fernández respondió en El Destape Radio, también con un llamado a la reflexión. “Yo le pediría a Bullrich que reflexione sobre lo que hizo. Esos protocolos no sirvieron para nada, sólo sirvieron para lamentar víctimas de violencia abusiva institucional», definió. Agregó que «cambiar un protocolo que legitima que un policía dispare por la espalda no habla bien del Estado que lo permite”, y que esa decisión solo sirvió para que “los policías puedan aducir una causa de justificación que se llama cumplimiento de un deber”. El presidente electo también dejaría sin efecto la normativa que permite a las fuerzas pedir DNI en subte y trenes.

La primera desmentida se había dado a partir de una nota del diario Clarín, el pasado martes, cuando se anunció que «Con el aval de Alberto Fernández, Mauricio Macri firmará el DNU que habilita el traspaso de testigos protegidos a la Justicia». “Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos”, escribió en la red social sobre lo que definió como “una noticia falsa”.

El titular cambió entonces y la noticia pasó a ser que “miembros del equipo de asesores judiciales de Alberto Fernández están de acuerdo con el sentido de la modificación”. La medida no fue bien recibida por ningún equipo ni en ningún ámbito de la Justicia. Finalmente, el gobierno dio marcha atrás con la idea.

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