INTERNACIONALES

Comunicado de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur

COMUNICADO DE LA VISITA DE LA
DELEGACION DE LA COMISION DE CIUDADANIA Y DERECHOS HUMANOS
DEL PARLASUR AL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

La delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos concretó una nutrida agenda durante los días 27 y 28 de noviembre de 2019 en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia luego de los sucesos que se constituyeron como un golpe cívico-militar y de acuerdo a la Declaración 64/2019 aprobada por el pleno del Parlamento del MERCOSUR.
A partir de reuniones con todos los sectores políticos legítimamenteconstituidos en la Asamblea Legislativa, con organizaciones de derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo y de los testimonios de las víctimas y familiares de víctimas de la represión, está elaborando un informa acerca de la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Como primera medida la delegación expresa su enérgica condena por la grave situación de los derechos humanos en Bolivia que se expresa en:
1) la participación de las Fuerzas Armadas en operativos para control del orden público y, en particular, para promover la seguridad ciudadana en el contexto de protestas sociales que produjeron 32 víctimas fatales, 832 personas heridas y 1513 detenidas.
2) Declaraciones, discursos y ataques de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país, principalmente a sus mujeres y sus símbolos.
3) Graves amenazas, ataques físicos y a las viviendas dirigidas a líderes, asambleístas y dirigentes sociales, funcionarios y funcionarias y
dirigentes de instituciones independientes del Estado, como los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.
4) El no otorgamiento de salvoconducto a dirigentes que se encuentran con asilo en embajadas
5) La persecución a periodistas nacionales y extranjeros.

Es el Estado el encargado de proteger a las personas en situación de riesgo, en particular aquellas que ocuparan cargos o mandatos de naturaleza pública, ya que dichos ataques, además de vulnerar los derechos de los individuos afectados, también minan el pluralismo político, la institucionalidad democrática, la institucionalidad en derechos humanos y el propio Estado de Derecho.
Debido a que el 12 de noviembre el bloque minoritario del Senado -convocado y votando sin el quórum requerido- eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a si misma, presidenta interina de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su reclamo esta delegación considera fundamental:

1) El avance en el diálogo representativo de todos los actores políticos y sociales democráticos del Estado Plurinacional de Bolivia;
2) El avance del cronograma electoral alcanzado por acuerdo de los bloques de la Asamblea Legislativa;
3) La debida reparación a las víctimas y la promoción de justicia a sus familiares.;
4) La garantía de defensa y debido proceso a las personas que continúan en prisión luego de las manifestaciones;
5) Salvoconductos a asilados que así lo solicitan;
6) Juicio y castigo a los grupos de odio e intolerancia que operaron como paramilitares;

7) Una ley de garantías constitucionales que permita la reparación de la violación a los derechos y ningún tipo de persecución a ciudadanos y ciudadanas por ninguna razón política ni de identidad;
8) La no participación de las fuerzas militares para reprimir las protestas sociales y políticas;
9) Es condición fundamental para el diálogo nacional el cese inmediato a la represión social, a la persecución y a los actos discriminatorios sobre los pueblos originarios. Para esto es central que todos los sectores de todo el espectro político democrático condenen de inmediato los actos de violencia;

10) La conformación de una comisión formada por distintos organismos regionales e internacionales que acompañen el proceso de restitución de todos los mecanismos constitucionales.

Integrantes de la delegación:
• Cecilia Merchán (Argentina) Presidenta de la Comisión de Ciudadanía
y Derechos Humanos del PARLASUR Cel.: 54 11 30691342
• Ricardo Canesse (Paraguay) Integrante de la Comisión de Ciudadanía
y Derechos Humanos del PARLASUR
• Carlos Reutor (Uruguay) Integrante de la Comisión de Ciudadanía y
Derechos Humanos del PARLASUR
• Fernanda Melchionna (Brasil) Integrante de la Comisión de
Ciudadanía y Derechos Humanos del PARLASUR
• Luis Seara Secretario de Relaciones Internacionales del PARLASUR

Parlamento del MERCOSUR envía Comisión de Derechos Humanos a Bolivia

Material tomado de la Agencia PARLASUR (26/11/2019).

Durante los próximos días 27 y 28 de noviembre, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR realizará una serie de audiencias en la ciudad de La Paz, Bolivia, para recabar información sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el país.

La misión de la Comisión se enmarca en el mandato del Pleno del Parlamento aprobado el último día 11 de noviembre (Declaración 64/2019), donde se encomienda a dicha Comisión realizar el seguimiento permanente de la situación en el país andino y constituirse como espacio institucional para recibir y tratar las denuncias de violaciones de derechos humanos en el marco de esta ruptura del orden democrático.

Agenda
La Comisión tiene previsto reunirse con representantes de las bancadas legislativas del MAS-IPSP, Unidad Demócrata y Partido Demócrata Cristiano, además con el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque y la Presidenta de la Cámara de Senadores Mónica Eva Copa. Por otro lado, la Comisión también pretende reunirse con representantes de organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y heridos y familiares de víctimas en las últimas manifestaciones de calle.

Las reuniones con los distintos actores políticos y sociales serán en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Participan en la Misión, la Presidenta de la Comisión, Parlamentaria Cecilia Merchán (Argentina), los Parlamentarios Ricardo Canese (Paraguay), Carlos Reutor (Uruguay), Fernanda Melchionna (Brasil) y el Secretario de Relaciones Internacionales Luis Seara.

Para Notas y comunicaciones:

Lic. Cecilia Merchán cel.: +5491130681342

Lic. Luis Seara: cel.: +5491164621294

Evo tenía razón

El 23 de octubre Evo Morales denunció que estaba en marcha un golpe de Estado, dieciocho días antes de que se consumara. La movida para derrocarlo se gestó adentro y afuera de Bolivia. En el exterior, todos los caminos conducen a Estados Unidos y en particular a Miami. Esa ciudad siempre respiró al ritmo de las conspiraciones. Los decanos de esos complots fueron los cubanos anticastristas. Les siguieron los venezolanos antichavistas. Ahora se conjuraron los enemigos del presidente exiliado en México. Pero todos interactúan entre ellos, con la bendición de la OEA. Carlos Sánchez Berzain es uno de los nombres que aparece más visible en esta trama. Fue ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y ambos escaparon a EE.UU después de la llamada guerra del gas. El 27 de octubre pasado se lo vio en un acto en una calle miamense junto a la actual ministra de Comunicación del régimen golpista, Roxana Lizárraga. La misma que denunció en La Paz días después a periodistas argentinos por “hacer sedición”. El Instituto Interamericano por la Democracia del que es director ejecutivo el ex funcionario prófugo, opera financiado con fondos de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Sánchez Berzain no está solo. Hombre de fortuna incomprobable y columnista habitual de Infobae, fue acompañado en su cruzada por Manfred Reyes Villa, un excandidato a presidente de Bolivia que también vive asilado en EE.UU. Capitán retirado del ejército, fue condenado en 2016 a cinco años de prisión en Cochabamba – departamento al que gobernó entre 2005 y 2008– por enriquecimiento ilícito. La lista de connotados golpistas civiles en Estados Unidos es más amplia y se mixtura con oficiales retirados que se reúnen en la autodenominada Coordinadora Nacional Militar. Estos se encuentran en su país, como otros civiles que armaron el golpe desde adentro.

El 8 de octubre pasado, cuando todavía no se habían realizado las elecciones en Bolivia, el sitio Behind Back Doors (Detrás de la puerta trasera) anticipó el golpe de Estado en marcha ubicándolo entre fines de 2019 y marzo de 2020.

Su información, basada en dieciséis audios tomados durante diferentes reuniones a distintos protagonistas de esta conjura, tuvo relativa repercusión hasta que se produjo la destitución de Evo. El analista internacional mexicano, Alfredo Jalife Rahme, tradujo el material de Behind Back Doors al castellano y lo difundió. El domingo 10 empezó a replicarse en las redes sociales y a llegar a los medios. Así aparecieron los nombres de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzain, Reyes Villa y Mario Cossío, un exgobernador de Tarija y expresidente de la Cámara de Diputados condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. A diferencia de los tres primeros se exilió en Paraguay.

Sánchez Berzain fue el más activo de todos. Apareció en cuánto foro pudo volcar su tesis de una conspiración castro-chavista a escala continental en la que por supuesto incluye a Evo. El 25 de julio pasado el Instituto Interamericano por la Democracia que lidera organizó una actividad donde lo presentó Norberto Spagnaro, un residente argentino de Miami. Coordinador de la campaña del macrismo en esa ciudad de la Florida, le cedió la palabra para que hablara sobre Argentina y la política regional. El orador que cerró la jornada fue el periodista Alfredo Leuco. Su tema fueron las elecciones que se venían en nuestro país.

La organización que lidera el exministro de Sánchez de Lozada es un mosaico de nacionalidades. Pero su pensamiento es bastante uniforme. Postula todo lo que huela a neoliberalismo, se alinea sin fisuras con las políticas hemisféricas de Estados Unidos y junta a ciertos personajes que parecen sacados de la Guerra Fría. Su integrante argentino más notorio es Guillermo Lousteau Heguy, el padre de Martín Lousteau, ex secretario de Turismo de la dictadura cívico-militar entre 1981 y 1982. El directorio del Instituto también cuenta con los cubanos Armando Valladares y Carlos Alberto Montaner, dos propaladores del anticastrismo más rabioso. El primero estuvo preso en Cuba, devino en embajador de EE.UU ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU y hasta hoy no pudo desligarse de una imputación por estafas con un desarrollo inmobiliario en España.

Los audios que divulgó Behind Back Doors atribuyen a Reyes Villa haber ventilado que el golpe era promovido por los senadores de EE.UU Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz. La nómina se completa con la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, quien preparó el terreno en el Congreso estadounidense para la interrupción del orden constitucional en Bolivia. Trató a Morales de “matón” en la Cámara Baja, le cuestionó su “retórica antimperialista”, las expulsiones de “todas nuestras agencias: DEA, USAID y al embajador de EE.UU” y dijo que “el pueblo de Bolivia necesita nuestra ayuda”. El gobierno de Evo la acusó de injerencista el año pasado.

El informe de Behind Back Doors conocido el 23 de octubre también mencionó que “funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición”. La pista brasileña lleva hasta el canciller de ese país, Ernesto Araujo, quien recibió al líder golpista Luis Fernando Camacho en mayo, según reveló la revista Forum.  Al dirigente del Frente Cívico cruceño lo llaman en Bolivia el “Bolsonaro” local por sus posturas racistas y ultramontanas. Su comportamiento medieval no alcanza a disimular otro motivo clave de su destacada participación en la asonada. Su acaudalada familia perdió el negocio del gas en Santa Cruz cuando el gobierno derrocado lo nacionalizó.

El protagonismo de Camacho está lejos del perfil bajo que mostró otra pieza clave en el complot para derrocar al gobierno de Evo. Se trata de Erick Foronda Prieto, un periodista boliviano que trabajó para la embajada de EE.UU en La Paz por casi veinte años. La denuncia de Behind Back Doors le atribuyó “un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país, con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos”. Además “se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de los Estados Unidos, Phillip Goldberg” expulsado en septiembre de 2008. El informe le otorgó a Foronda Prieto un rol fundamental durante la campaña del No a la reelección de Morales en el referéndum de febrero de 2016. Evo lo perdió en medio de una campaña de fake news que le atribuyeron la falsa paternidad de un hijo con la menor Gabriela Zapata. Ella misma desmintió la noticia. Pero el daño ya estaba hecho.

OEA: Cómplice y floja de papeles

No hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. Evo Morales triunfó por poco más del diez por ciento de los votos respecto al candidato opositor Carlos Mesa y cumplió con el requisito constitucional para evitar la segunda vuelta y ser proclamado presidente. Las irregularidades detectadas fueron marginales y no afectan ese resultado. La Organización de Estados Americanos había recomendado, antes de los comicios, el sistema de recuento rápido de votos que se utilizó y que ahora funge como excusa para respaldar el derrocamiento de Morales, aunque su resultado no tiene valor legal. El procesamiento de datos para el escrutinio definitivo no se detuvo por períodos de tiempo significativos en ningún momento.

Esas conclusiones, entre otras, surgen de dos investigaciones internacionales independientes que se basan en el estudio estadístico de datos extraídos de las actas de los comicios y en los documentos oficiales del gobierno de Bolivia y de organismos internacionales, principalmente de la OEA, que fue protagonista del proceso electoral a través de una intervención permanente y decisiva. Los informes no solamente confirman el triunfo de Morales en las elecciones sino que avivan las sospechas sobre la premeditación del golpe de Estado que lo depuso y la participación del organismo encabezado por el uruguayo Luis Almagro en los planes para sacar al Movimiento al Socialismo del poder sin importar el resultado del voto popular.

El primero de los dos documentos lo confeccionó el cientista político de la Universidad de Michigan Walter Mebane, considerado uno de los principales expertos en fraude electoral del mundo, y al que no se le conoce una inclinación política a favor de Morales, ni mucho menos. Titulado “Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019”, la investigación establece que hay irregularidades estadísticas que podrían indicar fraude en solamente 274 de las 34551 mesas de votación y que no se diferencia mucho de patrones vistos en otros comicios en Honduras, Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin. “Incluso removiendo los votos fraudulentos, el MAS tiene una ventaja superior al diez por ciento”, concluye este trabajo.

Por otra parte, el CEPR, un think tank conformado por investigadores de distintas universidades de Europa, puso la lupa sobre la misión de observación electoral de la OEA y su rol en el proceso boliviano. Allí, destaca que “los resultados del recuento provisorio son consistentes con el resultado final”; que “ni la OEA ni nadie más pudo demostrar que haya habido irregularidades sistemáticas ni extendidas” en las elecciones; que ninguno de los dos recuentos muestra patrones extraños en comparación con la distribución del voto en elecciones anteriores; que el recuento provisorio se detuvo al llegar al 80 por ciento porque eso era lo acordado y se retomó, un día más tarde, por pedido de la OEA; y que por el contrario el recuento definitivo y legalmente válido “no tuvo interrupciones significativas”.

Pero además, destaca que fue la propia organización encabezada por Almagro la que recomendó a Bolivia la utilización del sistema TREP que se utilizó para el recuento provisorio y sobre el que recaen la totalidad de las observaciones de la OEA respecto a irregularidades en el proceso electoral, aunque no tenga validez legal. En sus conclusiones, agrega que “las dudas sin fundamento que echó” ese organismo sobre las elecciones “tuvieron una influencia significativa en la cobertura mediática y por lo tanto en la opinión pública” y que “la politización de lo que es normalmente un proceso independiente de monitoreo electoral parece inevitable cuando una organización a la que se le confía esa tarea hace declaraciones sin fundamentos que cuestionan la validez del conteo electoral”.

Mientras se espera la versión final del informe de la OEA, su titular Almagro sostuvo que el golpe lo cometió el propio Morales el día de la elección. Resulta curioso porque durante las últimas tres semanas, y hasta ayer, publicaron más de una docena de comunicados sobre la situación en Bolivia sin mencionar ese pequeño detalle. Las últimas novedades permiten sospechar que el excanciller uruguayo (expulsado hace un año del Frente Amplio por manifestarse a favor de una intervención militar extranjera a Venezuela) no solamente no ocupó el rol ecuánime que se le había confiado para estas elecciones sino que formó parte de un plan premeditado y cuidadosamente ejecutado por la oposición, la policía, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación para sacar a Morales y al MAS del poder.

Solidaridad cero

El canciller mexicano Marcelo Ebrard detalló el complicado trayecto que tuvo que hacer el exmandatario para hacer el viaje de Bolivia a México. Las complicaciones surgieron, sobretodo, por el intempestivo rechazo de permisos de algunos países latinoamericanos que se habían comprometido a ayudarlo.

“La ruta que teníamos prevista para retornar era regresar por Lima, salir por aguas internacionales y llegar hasta México”, resaltó el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El problema ocurrió, según comentó, cuando el gobierno de Perú suspendió su permiso “por valoraciones políticas” para que el avión pudiera descender en Lima para recargar combustible y continuar su ruta. La alternativa fue Ecuador, por lo cual se tramitaron los permisos para aterrizar brevemente allí.

Mientras se realizaban esas trativas, el viaje se volvió a prolongar porque le negaron al avión la salida por el espacio aéreo boliviano, momento en que tuvo que intervenir la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado. “Por un milimétrico espacio se dio la salida”, puntualizó. Entonces, tuvieron que tomar una ruta por el espacio aéreo brasileño, gracias a que el embajador de Brasil en Bolivia admitió su entrada.

“Consiguieron el permiso para volar en el espacio fronterizo de Brasil y ahí salir a Perú”, contó Ebrard. Con este último país también habían tenido que negociar nuevamente para que al menos los dejaran transitar por su espacio aéreo. “Con las autorizaciones de Brasil, Perú y Ecuador, al fin despegó el avión”, relató.

Pero luego tuvieron que enfrentarse a un nuevo obstáculo porque el gobierno de Lenín Moreno le impidió sobrevolar su espacio aéreo, por lo que el avión tuvo que rodear Ecuador para entrar a aguas internacionales y poder continuar el vuelo.

Golpe de Estado en Bolivia: Comunicado Bloque FPV – PJ del Parlasur

Bloque del Frente Para la Victoria – Partido Justicialista
COMUNICADO DE PRENSA

El Bloque FPV-PJ del Parlamento del Mercosur, profundamente consternado por el golpe de Estado que se ha consumado en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, y fundamentalmente contra el presidente constitucional Evo Morales Ayma, condena el golpe, y llama a la concordia, la paz y el diálogo.
Tras los graves hechos de violencia, y la evidente persecución política que rechaza una nueva convocatoria electoral, las Fuerzas armadas forzaron la renuncia del presidente legítimo Evo Morales en un acto antidemocrático que desconoce los mecanismos institucionales previstos. Gravedad por la cual estamos preocupados por la vida de nuestros compañeros y compañeras bolivianas que participan en el PARLASUR, con los cuales hasta el momento no pudimos contactarnos.
Instamos a que cesen de inmediato los crímenes contra los dirigentes y militantes del país hermano; de la misma manera, en apoyo al presidente constitucional Evo Morales Ayma y al vicepresidente Álvaro García Linera, quienes en un gesto de llamado a la paz y de protección al pueblo boliviano dispusieron su renuncia, es que queremos manifestar también nuestra total refrenda a ellos y a sus investiduras.
Asimismo solicitamos a que el Gobierno Argentino se expida en forma urgente en apoyo de la instituciones bolivianas y llame a la paz inmediatamente en el hermano País y a dar asilo y protección que quienes lo requieren

No sabe no contesta

El gobierno de Mauricio Macri se negó a hablar de golpe de Estado en Bolivia y no condenó los hechos de violencia política que llevaron a la salida del presidente Evo Morales. El canciller Jorge Faurie fue la voz oficial y eludió de todas las formas posibles hablar de un derrocamiento. «Las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes, pidieron una solución a la política y eso fue lo que ocurrió», fue la explicación de Faurie. El gobierno nacional hizo eje en las irregularidades en la elección que destacó la OEA y, a través de un comunicado de la Cancillería, se limitó a hacer «un llamado a todos los actores políticos y sociales bolivianos para preservar la paz social y el diálogo, enfatizando importancia de encaminar este periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales».

Macri tuvo siempre una relación distante con Evo Morales y ya demostró, en medio de la crisis en Chile de su aliado Sebastián Piñera, que no está dispuesto a condenar violaciones a los derechos humanos por fuera de las fronteras de Venezuela. Este diario le preguntó a un hombre del PRO que talló en la política exterior de Macri desde sus comienzos cuál era la mirada del presidente sobre Bolivia y respondió: «Estamos teniendo problemas profundos en la región». Nada más.

En público, la posición del Gobierno fue hacer eje en las irregularidades en el proceso electoral que señaló la OEA y en el llamado a nuevas elecciones, y pasó por alto las situaciones de violencia, el rol de las policías y los militares y finalmente la renuncia de Evo Morales y sus funcionarios. En un primer comunicado, la Cancillería decía que «ante la inestabilidad política vivida por Bolivia tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, el Gobierno argentino toma nota del informe preliminar de la misión electoral de la OEA, cuya auditoría confirma las denuncias de irregularidades del proceso de escrutinio y recomienda la realización de nuevas elecciones». «El Gobierno argentino entiende ineludible la decisión del Gobierno boliviano de convocar nuevas elecciones y, para ello, renovar con transparencia la integración del Tribunal Electoral», señalaba el mismo comunicado, donde recordaron que la Argentina se sumó al pedido de Estados Unidos y Brasil, es decir, de Donald Trump y Jair Mesias Bolsonaro, de revisar la elección. La declaración quedó vieja rápidamente a medida que se sucedían los hechos de violencia política, los ataques directos al gobierno boliviano y, finalmente, la renuncia de Evo Morales.

Tras esos hechos, el Gobierno argentino mantuvo silencio por horas. Finalmente, salió a hablar Faurie, quien sólo se mostró interesado en hablar sobre la elección en Bolivia: «La OEA fue clara: hubo un proceso irregular. Morales lo reconoció el sábado. Las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes, dijeron a la clase política que busque una salida y esto es lo que ha ocurrido», fue su particular lectura de los hechos. «Las dudas sobre esas elecciones quedaron ratificadas de algún modo a partir del informe de la OEA. El gobierno de transición es interino para llamar a elecciones», aseguró Faurie, pese a que Evo Morales tenía mandato hasta enero de 2020.

El canciller no confirmó un rumor que circulaba y que indicaba que Evo Morales volaría a la Argentina y podría pedir asilo. Distintas fuentes del Gobierno señalaron a este diario que no tenían ninguna información en ese sentido y que tampoco había habido ningún ofrecimiento de asilo por parte de Macri a Morales.

Más tarde, la Cancillería difundió otro comunicado. Llamó a «preservar la paz social y el diálogo» y enfatizó que «el anunciado llamado a un nuevo proceso electoral, con la anticipada renovación del Tribunal Electoral, respetando lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano junto con el acompañamiento de países de la región así como de organismos internacionales y observadores imparciales es el mejor camino para superar, con total transparencia y espíritu democrático, la presente crisis que afecta al hermano pueblo boliviano».

«En Bolivia se ha consumado un Golpe de Estado»

El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner denunciaron a través de sus cuentas de tuiter un golpe de Estado en Bolivia después de que el presidente Evo Morales renunciara a la presidencia de su país «para preservar la vida de los bolivianos» en medio de un clima de creciente violencia alentado por la oposición, que rechazó la convocatoria a nuevas elecciones aceptada por Morales por recomendación de la OEA. «En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente @evoespueblo que había convocado a un nuevo proceso electoral», tuiteó el presidente electo del Frente de Todos.

Fernández agregó en otro tuit que espera «que las autoridades actúen bajo ese mismo principio preservando la integridad física de quienes puedan resultar perseguidos por el golpismo y colaboren  hasta el diez de diciembre con la recuperación de la democracia en Bolivia» y agregó que «el compromiso de la Argentina con la institucionalidad y contra cualquier forma de golpe de Estado en el continente debe ser total».

Por su parte, la senadora y vicepresidenta electa publicó un tuit en el que afirma que «en Bolivia, manifestaciones violentas sin ningún tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales incendian viviendas y secuestran personas mientras las Fuerzas Armadas le `sugieren´ al presidente indígena y popular Evo Morales que renuncie. En Chile, masivas movilizaciones durante semanas piden la renuncia del presidente neoliberal Sebastián Piñera y Las Fuerzas Armadas y policiales reprimen brutalmente. Lo de Bolivia  se llama golpe de Estado». Y agregó: «Si queremos vivir en paz, es hora de que haya pronunciamientos y, sobre todo, acciones claras en defensa de la democracia, independientemente de cuál sea la orientación política de los gobiernos que surgen de la voluntad popular».

El diputado Felipe Solá, que suena como canciller de Fernández, también eligió tuiter para plantear su postura sobre la forzada renuncia de Morales. «Los políticos opositores, las Fuerzas Armadas y policiales son responsables de la seguridad de #Evoespueblo, su vice y los integrantes y representantes de su gobierno. Unos usaron el odio y los otros la pasividad para la guerra. El presidente Morales renunció por la paz», escribió.

El PJ Nacional también dejó sentada su postura. Con la firma de su presidente, José Luis Gioja y del responsable partidario de las Relaciones Internacionales, Jorge Taiana, repudiaron el golpe de Estado en un comunicado en el que afirman que «El Partido Justicialista repudia con su su mayor energía el golpe de Estado consumado en la hermano país . La forzada renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Alvaro García Linera es la consecuencia de un golpe cívico, político y policial que de manera abierta intentó  descalificar el triunfo electoral y que, incluso  desde antes de las elecciones que se realizaron el veinte de octubre, anunciaron la decisión de desconocer cualquier resultado que favoreciera al presidente Evo Morales». En el texto se agrega que «la multiplicación de los actos de violencia con alto componente racista por parte de fuerzas opositoras, que violaron normas de convivencia básica, intimidando y agrediendo a seguidores y autoridades del oficialismo son la expresión de una escalada que buscó desestabilizar al gobierno de Bolivia, que representó el primer y único gobierno indígena  de la historia de Bolivia y que además realizó notorias mejoras económicas y sociales para el país y para los más humildes, devolviendo la dignidad a una población indígena sometida por siglos».

Votos residentes argentinos residentes en el exterior: Amplían denuncias sobre irregularidades

A continuación el texto presentado a la Cámara Nacional Electoral.

Excma. Cámara:

Jorge Landau, Patricia Alejandra García Blanco, Graciana Peñafort, Gerónimo  Javier Ustarroz y Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, apoderados del Partido Justicialista ON y de la alianza Frente de Todos ON, constituyendo domicilios electrónicos 27215873302, 20076007633, 20249129470 y 20084884996, respectivamente, a VV.EE.  decimos:

Que venimos a ampliar la denuncia de irregularidades acaecidas en los procedimientos y escrutinio provisorio de las elecciones de los argentinos residentes en el exterior.

  1. VOTO POR CORREO

Luego del fallo de la Cámara Nacional Electoral que confirmó la sentencia de primera instancia, por la que se declaró inconstitucional el procedimiento establecido en el  decreto 45/2019 -en cuanto eliminaba el escrutinio provisorio que debía realizarse en las sedes consulares- el Poder Ejecutivo no modificó la norma en cuestión dejando así un vacío  legal.

Vuestra Cámara estableció un procedimiento para el conteo de votos que fue informado a las sedes consulares a través de tres manuales remitidos en archivo PDF.

En ellos se contemplaba la apertura de los sobres de voto por correo postal el jueves 24 a las 9:30 de la mañana, a los efectos de constatar la identidad de los electores en base a la declaración jurada que debía acompañar la boleta de emisión del voto en cada sobre remitido.

El día 23, a última hora de la tarde, la propia cámara comunicó a las sedes consulares la suspensión del procedimiento de verificación de identidad hasta la conclusión del comicio del 27 de octubre a las 18 horas. Los fiscales no fueron notificados informados en tiempo y forma de dicha suspensión, y por la diferencia horaria algunas sedes no llegaron a recibir la contraorden y procedieron a la apertura el jueves 24 a las 9:30 horas. Por ejemplo, en los consulados sitos en Miami, en Nueva York y en Estocolmo los fiscales del Frente de Todos llegaron el jueves 24 a la hora señalada a controlar la apertura de sobres y las autoridades se negaron a realizar el procedimiento de apertura de sobres y constatación de la identidad de los votantes por correo postal. Asimismo, en otras sedes los fiscales se encontraron con que los sobres ya habían sido abiertos a medida que fueron llegando, sin ningún tipo de control por parte de las fuerzas políticas.

Por otra parte, vuestra Cámara dispuso en dicho procedimiento que la constatación de la identidad de los electores por correo se realizaría comparando la firma en la declaración jurada del elector –que sería remitida dentro de un sobre junto con la boleta de emisión del voto- con aquella remitida por la Cámara a través de un PDF escaneado a cada Representación. Dicha constatación resultó muy compleja ya que no existían otros elementos probatorios de la identidad fuera de una firma, algo imposible de evaluar para alguien que no sea un perito calígrafo.                                                     Sumado a lo anterior, la Cámara no remitió en todos los casos el listado completo con las firmas de los electores que optaron por el voto postal (por ejemplo, el listado remitido a la Embajada argentina ante los Países Bajos y al Consulado en Londres estaba incompleto), con lo cual tampoco podía hacerse ni siquiera un cotejo primario.

El viernes 25 por la mañana, a menos de 48 horas de la apertura del comicio, la Cancillería informó que, en virtud de una comunicación de la Cámara Nacional electoral, en ausencia de elementos adversos sobre la identidad declarada, debía presumirse la validez de la identidad declarada por quien suscribe la declaración jurada de identidad. Dicha medida es de extrema gravedad ya que elimina la necesidad de cualquier elemento probatorio –incluso precario- de la identidad del elector.

 

  1. VOTO PRESENCIAL

En los padrones remitidos al exterior para ser utilizados en las sedes consulares para el voto presencial de los argentinos, no constaba el ejemplar del DNI, por lo que no resultó posible realizar la constatación establecida en el artículo 86 del Código Electoral Nacional (artículo 29  inc. C Decreto 1138/93 reglamentario de la ley 24.007)

En varias sedes se permitió continuar votando a los electores que no habían ingresado al local de votación hasta las 18 horas (por ejemplo en el  consulado en Miami).

No podemos dejar de mencionar la denuncia que recibiéramos de una compatriota, Silvia Testa,  que vive en Paris y había sido originalmente convocada para ser autoridad de mesa, y al presentarse a las 7 de la  mañana en el consulado le manifestaron que no cumpliría tal función por haberse abierto sólo 3 mesas con otras autoridades. Sin perjuicio de la falta total de respeto que implicó no haberle avisado oportunamente, ella nos informa que las autoridades de mesa designadas no cumplían debidamente su tarea y no hacía firmar el padrón a los votantes hasta que ella se los advirtió y que por otra parte tales autoridades en elecciones anteriores habían sido fiscales del partido del actual gobierno. Se adjunta en soporte digital  el audio con la denuncia recibida.

III. PARTICIPACIÓN

En el año 2017 participaron 14.007 electores argentinos en el exterior  sobre un total de 368.034 en condiciones de votar, lo que representa un 3,81% del padrón. Por la información recabada hasta el momento, en la elección 2019 participaron alrededor de 46.000 electores, lo que representa aproximadamente el 12% de los electores en condiciones de emitir su voto.

Según los resultados reflejados por las actas, para la categoría Presidente y Vicepresidente de la Nación, Juntos por el Cambio obtuvo alrededor del 75% de los votos emitidos, mientras que el Frente de Todos ronda el 17%.

Ello demuestra la real intencionalidad que tuvo la modificación del régimen legal  de voto de argentinos en el exterior – a través de un decreto del poder ejecutivo-  incorporando una modalidad que debió haber contado con la mayoría especial de los  cuerpos legislativos, que representan a todas las fuerzas políticas, a través de la modificación de la ley 24.007.

Por todo lo expuesto a VVEE solicitamos se tome debida razón de las irregularidades denunciadas precedentemente y se dispongan las medidas necesarias verificar la identidad de los votantes y en caso de no poder realzarlo se anulen las mesas en que no se realizó tal verificación.

 

Proveer de conformidad

SERÁ JUSTICIA