GOLPE DE ESTADO

Comunicado de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur

COMUNICADO DE LA VISITA DE LA
DELEGACION DE LA COMISION DE CIUDADANIA Y DERECHOS HUMANOS
DEL PARLASUR AL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

La delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos concretó una nutrida agenda durante los días 27 y 28 de noviembre de 2019 en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia luego de los sucesos que se constituyeron como un golpe cívico-militar y de acuerdo a la Declaración 64/2019 aprobada por el pleno del Parlamento del MERCOSUR.
A partir de reuniones con todos los sectores políticos legítimamenteconstituidos en la Asamblea Legislativa, con organizaciones de derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo y de los testimonios de las víctimas y familiares de víctimas de la represión, está elaborando un informa acerca de la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Como primera medida la delegación expresa su enérgica condena por la grave situación de los derechos humanos en Bolivia que se expresa en:
1) la participación de las Fuerzas Armadas en operativos para control del orden público y, en particular, para promover la seguridad ciudadana en el contexto de protestas sociales que produjeron 32 víctimas fatales, 832 personas heridas y 1513 detenidas.
2) Declaraciones, discursos y ataques de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país, principalmente a sus mujeres y sus símbolos.
3) Graves amenazas, ataques físicos y a las viviendas dirigidas a líderes, asambleístas y dirigentes sociales, funcionarios y funcionarias y
dirigentes de instituciones independientes del Estado, como los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.
4) El no otorgamiento de salvoconducto a dirigentes que se encuentran con asilo en embajadas
5) La persecución a periodistas nacionales y extranjeros.

Es el Estado el encargado de proteger a las personas en situación de riesgo, en particular aquellas que ocuparan cargos o mandatos de naturaleza pública, ya que dichos ataques, además de vulnerar los derechos de los individuos afectados, también minan el pluralismo político, la institucionalidad democrática, la institucionalidad en derechos humanos y el propio Estado de Derecho.
Debido a que el 12 de noviembre el bloque minoritario del Senado -convocado y votando sin el quórum requerido- eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a si misma, presidenta interina de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su reclamo esta delegación considera fundamental:

1) El avance en el diálogo representativo de todos los actores políticos y sociales democráticos del Estado Plurinacional de Bolivia;
2) El avance del cronograma electoral alcanzado por acuerdo de los bloques de la Asamblea Legislativa;
3) La debida reparación a las víctimas y la promoción de justicia a sus familiares.;
4) La garantía de defensa y debido proceso a las personas que continúan en prisión luego de las manifestaciones;
5) Salvoconductos a asilados que así lo solicitan;
6) Juicio y castigo a los grupos de odio e intolerancia que operaron como paramilitares;

7) Una ley de garantías constitucionales que permita la reparación de la violación a los derechos y ningún tipo de persecución a ciudadanos y ciudadanas por ninguna razón política ni de identidad;
8) La no participación de las fuerzas militares para reprimir las protestas sociales y políticas;
9) Es condición fundamental para el diálogo nacional el cese inmediato a la represión social, a la persecución y a los actos discriminatorios sobre los pueblos originarios. Para esto es central que todos los sectores de todo el espectro político democrático condenen de inmediato los actos de violencia;

10) La conformación de una comisión formada por distintos organismos regionales e internacionales que acompañen el proceso de restitución de todos los mecanismos constitucionales.

Integrantes de la delegación:
• Cecilia Merchán (Argentina) Presidenta de la Comisión de Ciudadanía
y Derechos Humanos del PARLASUR Cel.: 54 11 30691342
• Ricardo Canesse (Paraguay) Integrante de la Comisión de Ciudadanía
y Derechos Humanos del PARLASUR
• Carlos Reutor (Uruguay) Integrante de la Comisión de Ciudadanía y
Derechos Humanos del PARLASUR
• Fernanda Melchionna (Brasil) Integrante de la Comisión de
Ciudadanía y Derechos Humanos del PARLASUR
• Luis Seara Secretario de Relaciones Internacionales del PARLASUR

Parlamento del MERCOSUR envía Comisión de Derechos Humanos a Bolivia

Material tomado de la Agencia PARLASUR (26/11/2019).

Durante los próximos días 27 y 28 de noviembre, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR realizará una serie de audiencias en la ciudad de La Paz, Bolivia, para recabar información sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el país.

La misión de la Comisión se enmarca en el mandato del Pleno del Parlamento aprobado el último día 11 de noviembre (Declaración 64/2019), donde se encomienda a dicha Comisión realizar el seguimiento permanente de la situación en el país andino y constituirse como espacio institucional para recibir y tratar las denuncias de violaciones de derechos humanos en el marco de esta ruptura del orden democrático.

Agenda
La Comisión tiene previsto reunirse con representantes de las bancadas legislativas del MAS-IPSP, Unidad Demócrata y Partido Demócrata Cristiano, además con el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque y la Presidenta de la Cámara de Senadores Mónica Eva Copa. Por otro lado, la Comisión también pretende reunirse con representantes de organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y heridos y familiares de víctimas en las últimas manifestaciones de calle.

Las reuniones con los distintos actores políticos y sociales serán en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Participan en la Misión, la Presidenta de la Comisión, Parlamentaria Cecilia Merchán (Argentina), los Parlamentarios Ricardo Canese (Paraguay), Carlos Reutor (Uruguay), Fernanda Melchionna (Brasil) y el Secretario de Relaciones Internacionales Luis Seara.

Para Notas y comunicaciones:

Lic. Cecilia Merchán cel.: +5491130681342

Lic. Luis Seara: cel.: +5491164621294

OEA: Cómplice y floja de papeles

No hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. Evo Morales triunfó por poco más del diez por ciento de los votos respecto al candidato opositor Carlos Mesa y cumplió con el requisito constitucional para evitar la segunda vuelta y ser proclamado presidente. Las irregularidades detectadas fueron marginales y no afectan ese resultado. La Organización de Estados Americanos había recomendado, antes de los comicios, el sistema de recuento rápido de votos que se utilizó y que ahora funge como excusa para respaldar el derrocamiento de Morales, aunque su resultado no tiene valor legal. El procesamiento de datos para el escrutinio definitivo no se detuvo por períodos de tiempo significativos en ningún momento.

Esas conclusiones, entre otras, surgen de dos investigaciones internacionales independientes que se basan en el estudio estadístico de datos extraídos de las actas de los comicios y en los documentos oficiales del gobierno de Bolivia y de organismos internacionales, principalmente de la OEA, que fue protagonista del proceso electoral a través de una intervención permanente y decisiva. Los informes no solamente confirman el triunfo de Morales en las elecciones sino que avivan las sospechas sobre la premeditación del golpe de Estado que lo depuso y la participación del organismo encabezado por el uruguayo Luis Almagro en los planes para sacar al Movimiento al Socialismo del poder sin importar el resultado del voto popular.

El primero de los dos documentos lo confeccionó el cientista político de la Universidad de Michigan Walter Mebane, considerado uno de los principales expertos en fraude electoral del mundo, y al que no se le conoce una inclinación política a favor de Morales, ni mucho menos. Titulado “Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019”, la investigación establece que hay irregularidades estadísticas que podrían indicar fraude en solamente 274 de las 34551 mesas de votación y que no se diferencia mucho de patrones vistos en otros comicios en Honduras, Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin. “Incluso removiendo los votos fraudulentos, el MAS tiene una ventaja superior al diez por ciento”, concluye este trabajo.

Por otra parte, el CEPR, un think tank conformado por investigadores de distintas universidades de Europa, puso la lupa sobre la misión de observación electoral de la OEA y su rol en el proceso boliviano. Allí, destaca que “los resultados del recuento provisorio son consistentes con el resultado final”; que “ni la OEA ni nadie más pudo demostrar que haya habido irregularidades sistemáticas ni extendidas” en las elecciones; que ninguno de los dos recuentos muestra patrones extraños en comparación con la distribución del voto en elecciones anteriores; que el recuento provisorio se detuvo al llegar al 80 por ciento porque eso era lo acordado y se retomó, un día más tarde, por pedido de la OEA; y que por el contrario el recuento definitivo y legalmente válido “no tuvo interrupciones significativas”.

Pero además, destaca que fue la propia organización encabezada por Almagro la que recomendó a Bolivia la utilización del sistema TREP que se utilizó para el recuento provisorio y sobre el que recaen la totalidad de las observaciones de la OEA respecto a irregularidades en el proceso electoral, aunque no tenga validez legal. En sus conclusiones, agrega que “las dudas sin fundamento que echó” ese organismo sobre las elecciones “tuvieron una influencia significativa en la cobertura mediática y por lo tanto en la opinión pública” y que “la politización de lo que es normalmente un proceso independiente de monitoreo electoral parece inevitable cuando una organización a la que se le confía esa tarea hace declaraciones sin fundamentos que cuestionan la validez del conteo electoral”.

Mientras se espera la versión final del informe de la OEA, su titular Almagro sostuvo que el golpe lo cometió el propio Morales el día de la elección. Resulta curioso porque durante las últimas tres semanas, y hasta ayer, publicaron más de una docena de comunicados sobre la situación en Bolivia sin mencionar ese pequeño detalle. Las últimas novedades permiten sospechar que el excanciller uruguayo (expulsado hace un año del Frente Amplio por manifestarse a favor de una intervención militar extranjera a Venezuela) no solamente no ocupó el rol ecuánime que se le había confiado para estas elecciones sino que formó parte de un plan premeditado y cuidadosamente ejecutado por la oposición, la policía, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación para sacar a Morales y al MAS del poder.