Hace un mes el Gobierno nacional puso en marcha el Programa de Precios Esenciales y desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas afirman que fracasó debido a que muchos proveedores no entregan la mercadería y no se controlan las góndolas, así lo dijo Carlos María Beigbeder, presidente de la Cámara. A lo que agregó que debido a la crisis, en lo que va del año, cerraron más de 200 comercios en la capital misionera.
La Prefectura reprimió a quienes se concentraron a protestar en el Puente Pueyrredón en el marco de la jornada de paro nacional convocada por la CGT, las demás centrales sindicales y las organizaciones sociales. Los efectivos de esa fuerza de seguridad arrojaron gas pimienta y dispararon balas de goma cuando los manifestantes mostraron intención de avanzar hacia la Capital Federal. La represión dejó algunos heridos.
Agrupaciones de izquierda y trabajadores de distintas empresas en crisis realizan desde cortes de tránsito en distintos puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Las protestas se desarrollan bajo un fuerte operativo de seguridad y está previsto que luego los manifestantes se trasladen hasta la zona del Obelisco para participar de un acto.
El piquete en Puente Pueyrredón estuvo marcado por la tensión desde un primer momento. Allí los manifestantes pertenecientes a partidos de izquierda cortaron el tránsito en la subida de la avenida Mitre en la mano hacia la Capital Federal.
La Prefectura montó una fuerte custodia para bloquear el acceso de los manifestantes al puente e instaló una valla que fue utilizada durante la cumbre del G20 para impedir que avancen. Los autos que circulan desde la zona sur hacia la Ciudad de Buenos Aires tienen la alternativa de entrar al puente por el otro acceso.
Alrededor de las 9.30 los manifestantes hicieron algunos movimientos y la Prefectura respondió con balas de goma y gas pimienta. Hubo heridos por los disparos.
Las fuerzas de seguridad también montaron fuertes operativos en los otros lugares de protestas. Así, los manifestantes convocados en el Acceso Oeste y la calle Vergara y en la Panamericana a la altura de la ruta 197 se mantienen sobre las colectoras de mano hacia la Capital Federal. El tránsito está liberado en la calzada principal de ambas autopistas.
Los misterios se van desvelando. El ex ministro de Economía Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quedaron confirmados ayer como la fórmula del peronismo para la determinante elección por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La decisión corrió por cuenta de Cristina Kirchner, quien privilegió la buena intención de voto en las encuestas y el llamativo nivel de convocatoria que muestra el ex ministro en cada incursión por el territorio bonaerense. En una elección sin ballottage, tendrán que enfrentar en octubre a la gobernadora María Eugenia Vidal –la dirigente de mejor imagen del oficialismo– y un candidato todavía desconocido de Alternativa Federal, quien puede actuar como árbitro de la contienda, depende de a quién le saque más votos.
La resolución de la ex presidenta de correrse de la cabeza de la fórmula para dejar ese lugar a Alberto Fernández dio nuevo impulso a la postulación de Kicillof. Cristina Kirchner es la figura más taquillera en la provincia, especialmente en los populosos segundo y tercer cordón del Conurbano. Los intendentes tienen medido que en los distritos más identificados con el peronismo llega al 50 por ciento de intención de voto, en otros ronda el treinta y pico: en promedio da un poco más del 40 por ciento. Por eso, cualquier dirigente que no le restara votos podía acompañarla como candidato a gobernador con buenas posibilidades de triunfo.
Trabajadores del Hipermercado Libertad están en asamblea desde el viernes. Exigen la reincorporación de un trabajador del sector carnicería que consideran fue despedido de manera injustificada. Algunos sectores del hipermercado trabajan de manera reducida a causa de la protesta. Desde el sindicato de Empleados de Comercio está siguiendo de cerca el tema y afirman que si no hay una respuesta favorable de la empresa convocarían a un paro en esa firma.
El despido de un trabajador del área del sector cárnicos del Hipermercado Libertad generó inquietud entre los demás trabajadores de la empresa, que pidieron asesoramiento al sindicato y analizar ir a un paro. Alberto Rojas, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio y delegado de dicho sindicato en el Libertad explicó que los empleados se venían quejando desde hacía varios meses por supuestos malos tratos e incumplimientos en la entrega de elementos de trabajo.
“Tuve una reunión con delegados sindicales de la empresa. Se iban a hacer reuniones y asambleas por malos tratos y falta de elementos de trabajo, después de eso tuvimos un inconveniente con un compañero que fue despedido con causa, eso rebalsó el vaso, el compañero es carnicero hace 19 años y nunca había tenido una sanción. Los compañeros están indignados”, señaló Rojas en diálogo con Radio Red Ciudadana.
El gremialista indicó que a causa de esa situación, parte de los empleados está haciendo quite de colaboraciones lo que provocó que desde el fin semana disminuyera notoriamente la oferta de comida elaborada y la cantidad de cajeros activos.
Rojas explicó que desde el sindicato exigieron la reincorporación del trabajador despedido, pero tuvieron una respuesta negativa por parte de la compañía. “Vamos a ver si se va a tomar una medida de fuerza, lo decidirá el sindicato”, dijo.
Impulsada por la distorsión cambiaria, la inflación mayorista fue del 4,2% en abril respecto a marzo. Sin embargo, el dato más contundente fue la versión interanual: superó el 70%..
De acuerdo al INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) acumuló una suba del 13,2% en lo que va del año. En la comparativa a abril de 2018, los precios se dispararon un 72,6%.
El incremento fue constituido por un alza del 4,6% en productos nacionales y de 4% en los importados. Esto quiere decir que los aumentos se trasladarán a precios minoristas en las próximas semanas.
Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró una suba de 4,4% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 5,3% en productos primarios y de 4% en manufacturas y energía eléctrica.
La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich se encuentra cada vez mas complicada respecto a la causa de espionaje ilegal. La empresa de telefonía celular Movistar le confirmó al juez Alejo Ramos Padilla que los mensajes que Marcelo D’Alessio enviaba reportando tareas de inteligencia clandestinas iban dirigidos a un teléfono que pertenece a la funcionaria.
Tal como lo anticipaba se trata del informe que confeccionó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que arrojó pruebas que direccionan el D’Alessiogate hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Del trabajo que realizó la CPM por orden del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, surge una “posible comunicación mantenida por D’Alessio con el usuario registrado como ‘Patricia Bullrich S6’”. ¿El tema? Un operativo en Rosario.
Ahora fue confirmado por la empresa que ese número registrado con el nombre de Bullrichefectivamente pertenece a la titular de la cartera de Seguridad.
Este sábado, la mesa de Andy Kusnetzoff fue especial e incluyó a ocho participantes, en vez de los seis clásicos. Esto se debió a que estuvieron invitadas las Trillizas de Oro. Además de María Eugenia, María Laura y María Emilia, fueron invitados Pablo Granados, Pepe Cibrián Campoy, Pedro Troglio, Milva Castellini y Julieta Prandi.
Durante el «Punto de encuentro», el conductor le preguntó a María Emilia si con su marido, dormían en camas separadas. A lo que la actriz respondió: «Cada uno duerme en su cuarto». Ante esta respuesta, Andy quiso saber un poco más y preguntó: «¿Tu marido es el que tuvo fantasías de estar con las tres?».
«Él no me conocía, entró a un cine y vio la publicidad de shampoo que hacíamos. Mirando la pantalla pensó: ‘Qué fiesta me haría con las tres'», contó. El conductor quiso saber si eso realmente se concretó pero María Emilia dijo: «Después de muchos años se los dije y ellas no quisieron».
Dos candidatos a intendente de esta localidad fueron denunciados durante las últimas horas por sus exparejas por supuestas agresiones y desobediencia de disposiciones judiciales relacionadas a violencia de género y se libraron órdenes de detención inmediata firmadas por el juez de Instrucción, Martín Luis Brites.
De los dos postulantes a encabezar por el Poder Ejecutivo de la comuna, uno de ellos fue arrestado al caer la tarde de ayer, tras la presentación judicial de la denuncia por “lesiones leves” pero en el contexto de violencia familiar.
En este caso, el aprehendido es Sebastián Leal de 61 años, de oficio motorista del servicio internacional que une Iguazú con Foz y Ciudad del Este, a quien su exesposa de 38 años -con quien tiene seis hijos- acusa de haberla golpeado cuando se presentó en su local partidario a reclamarle por la manutención que habría dejado de cumplir y por la que estaba obligado judicialmente.
El otro caso correspondió a un traumatólogo de 38 años quien encabeza un sublema “Juntos Podemos”.
El juez ordenó este sábado por la mañana el dejar sin efecto la notificación de la causa por prohibición de acercamiento y ordenó la inmediata detención Mario René Machuca. La determinación corresponde a que el profesional de la salud no habría respetado la restricción impuesta que le impedía entablar contacto directo con su exconcubina de 36 años.
La decisión del juez Brites, de acuerdo a fuentes consultadas hasta anoche no se había concretado.
Si el gobierno resuelve no prorrogar la moratoria previsional que vence el próximo 23 de julio, podría impedir la jubilación de hasta 100 mil mujeres por año, de acuerdo con cálculos privados.
Esas mujeres deberían pasar a recibir la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), una prestación que equivale al 80% de la jubilación mínima.
Las mujeres que podrían ser afectadas por la caducidad de la moratoria son aquellas que trabajaron y no completaron los aportes necesarios para jubilarse. También las amas de casa que no hicieron aportes en la medida en que el trabajo en el hogar no es considerado tal y no es remunerado.
El gobierno no ha confirmado aún que dejará caer el plazo de vigencia de la moratoria. Tiempo se comunicó con la ANSES pero no obtuvo respuesta. Con todo, circulan fuertes rumores de que mantendría la moratoria hasta fin de año.
Julieta Bandirali, abogada previsionalista y presidenta de la Comision de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), le dijo a Tiempo que «no hay certeza sobre lo que va a hacer el gobierno. Hay fuertes rumores de que se va a prorrogar hasta diciembre por las elecciones. Pero no nos olvidemos que se necesita una ley del Congreso».
En su informe a Diputados de marzo pasado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que entre enero y octubre de 2018 ANSES le dio el alta a 112.213 beneficios por moratoria.
Por otro lado, un informe del Centro de Economía a Política Argentina (CEPA) de marzo pasado indicó que el 80% de las personas que se jubilaron vía moratoria eran mujeres.
Si estos porcentajes se mantuvieran, sobre un universo de 130 mil jubilaciones anuales por moratoria, unas 100 mil serían de mujeres.
Las mujeres tienen serias dificultades para jubilarse. Según la abogada Andrea Falcone, apenas el 7 por ciento logra hacerlo a los 60 años porque tiene los 30 años de aportes cumplidos. El resto no alcanza esa cantidad de años o directamente no los tiene. Y sin moratoria no tendría posibilidades de jubilarse.
Con todo, las moratorias no son la solución al problema de las jubilaciones, especialmente en lo que hace a su valor, que es el de la mínima, que será de $11.534 desde junio. A ese haber se le descuenta un monto, el necesario para pagar por los aportes adeudados. Contrasta con eso el hecho de que la canasta de los jubilados que calcula la Defensoría de la Tercera Edad cotizaba en abril en 30.524 pesos.
Bandirali advirtió: «Por supuesto que es mejor que se prorrogue la moratoria, pero no le pongamos virtudes que no tiene».
Conviene recordar que en la actualidad coexisten tres moratorias. Una de la década del 90, destinada a los autónomos; otra de 2006, que es permanente; y la de 2014, que establecía su vencimiento a los dos años, en septiembre de 2016, y que fue prorrogada con la sanción de la Ley de Reparación Histórica de los jubilados por tres años solo para las mujeres.
«Ninguna de las 2 moratorias reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres, sino que fue un efecto indirecto», agregó Bandirali.
La especialista agregó que la moratoria presenta otro inconveniente: «La prorroga no alcanza y le sirve a muy pocas mujeres porque como el período que abarca para poder ‘comprar’ aportes es hasta diciembre de 2003, las mujeres que están cumpliendo 60 años desde 2016 ya no se pueden jubilar».
Para Falcone, si no se prorroga la moratoria «será un golpe para las mujeres y los trabajadores no registrados. Hay que pensar que la moratoria es una compensación que se le hace a los trabajadores por la negligencia del Estadoque no combate el empleo no registrado, en la actualidad casi en el 40 por ciento de la población. Por eso hay que desarticular que se trata de una dádiva. Hay moratorias desde 1967».
La alternativa que ofrece el gobierno a las personas que acumulan los años de aportes para jubilarse es la PUAM. «
Homicidio, instigación y encubrimiento: La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (“la Cámara” en adelante) cambió la carátula en la causa que investiga el homicidio de Rafael Nahuel: de “exceso en legítima defensa” a “homicidio calificado”. Ordenó encarcelar al autor material, el cabo primero de Prefectura Francisco Javier Pintos. Decretó la “falta de mérito” de otros Albatros que dispararon, lo que no equivale a absolución sino a la posibilidad (el deber) de seguir pesquisando sobre su responsabilidad.
La resolución firmada por los camaristas Mariano Lozano, Richar Gallego y Ricardo Barreiro consagra lo corroborado en su momento por testigos presenciales. Demuele la versión del enfrentamiento, de que la víctima fue el agresor, consabida coartada de quienes cometen violencia institucional, en dictadura o en democracia. Se culpó de lo mismo a Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba y centenares de etcéteras, a veces menos conocidos por tratarse de “delincuentes comunes” (se enfatizan las comillas, ojo).
Los mapuches no balearon a los prefectos. Solo estos atacaron de modo premeditado y alevoso con generosa dosis de munición de plomo. Las órdenes de disparar provinieron de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien luego desplegó una batalla de ocultamiento y presión a las autoridades judiciales.
Los prefectos arguyeron haber sido agredidos con disparos que habrían destrozado gruesas ramas de la arboleda cercana. Mintieron ellos, lo sustentó la vicepresidenta Gabriela Michetti, lo machacó Bullrich. Los camaristas atienden a los hechos: los árboles están indemnes.
Un arquetípico juez federal de primera instancia, Leónidas Moldes, hizo caso omiso a una pericia que no dio con huellas de pólvora en las manos del pibe Nahuel y de los compañeros que bajaron, entregándose a los uniformados en el noble y vano afán de salvarle la vida. Moldes ordenó otra, decidió confiar en la que inculpaba a la víctima…
La sentencia tuvo por comprobado que Pintos disparó el balazo mortal. Una pericia seria lo evidenciaba. Adivinen… el juez Moldes ordenó otra. A Gendarmería, la repartición conducida por Pato Bullrich, que reprimió en el operativo que terminó con la muerte violenta de Santiago Maldonado. La omertá entre cuerpos armados funcionó de rechupete hasta que la Cámara la hizo trizas.
Los magistrados se pronunciaron sobre la conducta del gobierno nacional. “El Ministerio de Seguridad asumió un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo hizo no con la mesura, distancia y respeto por el Poder Judicial y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta los tiempos judiciales ni las decisiones de los magistrados (…)”antes de que las pesquisas avancen como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publicaron declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando –mediáticamente– que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”. Como apuntó la colega Adriana Meyer en una recomendable nota publicada el jueves 16 en este diario: “Estas menciones aluden a los dichos de la ministra, cuando afirmó: ‘No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una orden judicial, le damos a la versión de Prefectura carácter de verdad’”.
La pretendida “verdad” avasalla la división de poderes mientras conculca las reglas del debido proceso. La Cámara pone en contexto el crimen: no es una excepción sino la regla. Con sus palabras, la de Rafael Nahuel “no es una causa más de las que engrosan la agenda de los Tribunales (…) lo que subyace en ella, o mejor dicho lo que hace que eclosione un resultado tan ominoso para el estado de derecho como cruel y doloroso para la familia del fallecido, es la discutible concepción de la seguridad nacional que alienta episodios que se reiteran en el tiempo con frecuencia cada vez mayor, en espiral de violencia estatal que no puede ser obviada en esta sentencia, cadena fatídica en la que la muerte evitable de Nahuel Salvo es un eslabón más, acaso no el último”.
Mensaje para Macri, Bullrich y Chocobar: matar por la espalda es delito agravado, aunque ustedes proclamen y promuevan lo contrario.
Se resolvió conforme a derecho y a pruebas contundentes. ¿Por qué celebrar? Porque para sentenciar así hay que tener las togas bien puestas, resistir las presiones de los Ejecutivos nacional y provincial, afrontar la injuria y la vindicta mediática. Chapeau, señores jueces. Su decisión brilla como una gema en la ciénaga de la “justicia federal”.
Maldonado, el precedente: En el voto del camarista Barreiro se consigna, respecto de la mentira sobre el enfrentamiento: “el efecto directo fue agregar disvalor a lo obrado por la comunidad mapuche con lo que, de modo indirecto pero groseramente visible, se acrecentó el valor justificante del mayor poder represivo empleado. Veo en ello un aporte indisimulado a la creación del enemigo interno”. El macrismo promovió la demonización de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) descripta como un grupo terrorista financiado desde el exterior y armado hasta los dientes. Bajo ese manto goebbeliano se desplegó el operativo de Gendarmería que culminó con la muerte violenta y no investigada de Maldonado. Un juez federal sin agallas ni rigor, Gustavo Lleral, lodispuso a pesar de estar comprobados múltiples actos violentos de Gendarmería, incluso disparos a discreción de munición de goma, persecución a los participantes, quema de viviendas y pertenencias de ciudadanos mapuches. La sentencia injusta, que está recurrida, “hace sistema” con lo que venimos comentando.
Las continuidades y similitudes son enormes, empezando desde la piedra libre concedida a los uniformados para hacer gala de barbarie. Siempre resultó inverosímil que Maldonado se hubiera zambullido por puro atolondramiento o afición a los deportes extremos. El encubrimiento oficial fue similar en ambos casos, duró más tiempo en el “caso Maldonado”.
La guerra contra la RAM cesó cuando Macri y Bullrich quisieron porque nunca existió: fue una ofensiva unilateral. Se llevó puestas dos vidas de militantes populares a cuyos verdugos se incitó, ensalzó y protegió.
Jueces permeables y medios alineados conforman el trípode de la Coalición Cambiemos. Siguen activos.
La crisis y los muertos: La cobertura del Multimedios Clarín sobre el caso Nahuel propagó y multiplicó la narrativa de Bullrich. Día a día fue inculpando a Rafita Nahuel. En las notas cotidianas y hasta en las columnas del principal editorialista del diario se adujeron los embustes del tiroteo cruzado, de las huellas de pólvora. Hasta inventaron un dictamen del Instituto Balseiro que jamás existió. Tal vez se confundieron con otro del Centro Atómico Bariloche, todos nos equivocamos de vez en cuando. Pero no es error sino mala fe “jugar” para que quede impune el asesinato de un joven militante.
Cuando se conoció la sentencia de la Cámara de General Roca, Clarín escondió la noticia en la página 8, en una nota “B” (la ubicada en la parte de abajo). Cero alusiones en tapa: a invisibilizar, a invisibilizar.
El título honra la tradición de la Masacre de Avellaneda. “Ordenan detener a un prefecto por la muerte de Nahuel”. “Muerte”, subterfugio típico para no decir homicidio. “Detener” y no “procesar”, otro detalle. En suma, ahora dicen que la nueva crisis causó un nuevo muerto.
El pedido de la Corte al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fue título de tapa, motivo de indignación y campaña del gobierno. La historia respectiva fue distorsionada, salvo en los medios críticos.
